Vacío: la sede del PAMI en Córdoba, una de las oficinas que debe llenar la gestión libertaria en el centro del país.
Olga Riutort, titular del PAMI en Córdoba, delegó la firma a uno de sus principales alfiles.
Fadea Córdoba, empresa en la lista de privatizaciones de Javier Milei.
Fuente: Prensa FadeaLa reestructuración del Estado que propone Javier Milei llega a cuentagotas a Córdoba. Allí, cientos de oficinas nacionales esperan por nuevas designaciones y por una readaptación funcional acorde a las nuevas tareas y organigramas. Ni siquiera a las delegaciones de mayor importancia, como ANSeS y PAMI, han llegado directivas desde el gobierno nacional.
En medio, hay oficinas que no terminan de cerrar, dependencias que dejarán de existir y un puñado de empresas del Estado que engrosan el listado de “privatizables” que la usina libertaria envió al Congreso el miércoles por la tarde. Lejos del foco central de la discusión pública, la situación preocupa, centralmente, a los trabajadores de esas dependencias.
En el medio de la rosca política general, los nombres se acumulan en el pasilleo tradicional de la política cordobesa. En esos lugares, al endeble armado libertario en el centro del país, casi con pleno empleo después del 10 de diciembre, se suceden las versiones sobre eventuales acuerdos con el peronismo provincial, el macrismo y una facción del radicalismo que terminarían por llenar cada uno de los casilleros que se mantienen vacíos.
Las versiones menos fatalistas al respecto piden “paciencia”. “Por lo menos hasta marzo”, advierten quienes mayor experiencia acumulan en la materia.
“Yo ya delegue la firma y tendré que estar cuando nombren a alguien para poder hacer una transición ordenada, pero están en funciones todos los coordinadores porque si no esto se descabeza”. Así resume el cuadro de situación Olga Riutort, quien estuvo al frente del PAMI durante el último tramo de la gestión del Frente de Todos y, a la espera de novedades por parte del organismo que comanda Esteban Leguizamo, dejó su firma en poder de Martín Llarena, uno de sus históricos laderos que también la acompañó en su paso por la obra social estatal.
El cuadro de situación se repite en todas las oficinas cordobesas, incluso en las que las designaciones parecían tener un camino más simple. Un ejemplo de eso es el ANSeS, cuyo titular es un cordobés: el ex ministro de Finanzas de Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano.
Aunque la lógica parecía indicar que el titular de la delegación cordobesa surgiría del riñón del funcionario, en los equipos del nuevo jefe nacional el hermetismo es casi total. Giordano se llevó a algunos de sus asesores más cercanos a las oficinas porteñas y ya protagonizó algunas disputas importantes para ubicarlos en lugares clave. Una de ellas fue por colocar a Heber Farfán, su secretario de Ingresos Públicos en Córdoba, al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FSG), la caja más importante entre las que administra el Estado nacional.
La discusión central era con el ministro de Economía, Toto Caputo, que quería a un hombre de su equipo en ese lugar. Sin embargo, el titular del área Económica parece amasar una victoria a partir del proyecto de Ley que Milei envió al Congreso, que en su artículo 226 propone que todos los activos de FGS pasen a ser administrados por el Tesoro.
En las últimas horas se reavivó el rumor de que la oficina cordobesa podría quedar en manos de una de las principales referencias del PRO en la provincia: Soher El Sukaria. Exdiputada y concejala en la capital, Sukaria es una de las dirigentes más cercanas a Mauricio Macri en el universo mediterráneo, y si bien reconoce que hubo conversaciones respecto a su incorporación a algunas de las áreas de gestión, advierte que “nunca hubo nada resuelto”.
Otras de las oficinas que hasta el período anterior contaban con un manejo de recursos que justificaba pujas y disputas políticas son las oficinas del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, dos carteras que ya no existen y fueron absorbidas por la flamante cartera de Capital Humano que maneja Sandra Pettovello.
Los trabajadores de esas áreas no han recibido ningún tipo de indicación y no descartan la posibilidad de que todas las estructuras se reconviertan en una dependencia única que articule su funcionamiento con el nuevo esquema nacional.
Con las autoridades salientes ya fuera de sus puestos, a quienes desarrollan su trabajo en el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, le presentaron oficialmente a Germán López, el hombre de que sería el responsable de esos espacios a nivel nacional, que no dio mayores precisiones respecto al devenir de la actividad.
Cristian Recchio, el dirigente santafesino que extendió su mandato como Director Regional Centro del ex Ministerio de Trabajo, es el encargado de las administración técnica de las funciones del personal cordobés que reporta a esa área. “Si necesitamos alguna licencia o algo por el estilo se lo solicitamos a él, pero no hay ninguna bajada respecto a las políticas”, explican desde adentro.
El desconcierto también alcanza al puñado de empresas del Estado con asiento en Córdoba, que este miércoles pasaron a formar parte del listado de “privatizables” por parte de la gestión de Milei. Alguna de ellas, cargadas de un fuerte simbolismo como la Fábrica Militar de Río Tercero, o la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadea).
El martes, la diputada nacional riotercerense Gabriela Brouwer de Koning se reunió con el ministro de Defensa, Luis Petri. Según se desprende del relato de la diputada, su correligionario a cargo del área le explicó que se está desarrollando “un proceso de auditoría y calificación de todas las empresas del Estado, para hacer un estudio particular de cada una ellas que determine su valor estratégico”. Según dejaron trascender, no se habló de nombres en el encuentro.
En Fadea, Mirta Iriondo tiene un nombramiento que vence a finales del 2025 y seguirá al frente de la empresa hasta tanto no se convoque a una asamblea de accionistas que decida poner a otra persona al frente. Mientras tanto, asegura que su renuncia siempre estuvo a disposición y se aboca a cumplir con las responsabilidades institucionales a su cargo. ¿Indicaciones, directivas? Ninguna.
Otras de las sociedades anónimas con mayoría estatal que podría perder ese estatus son Nucleoeléctrica Argentina, que en Córdoba administra la Central de Embalse; y Dioxitek, la empresa que se dedica a generar polvo de dióxido de uranio y a producir fuentes selladas de Cobalto 60, cuya planta se ubica en el barrio de Alta Córdoba.
No pocos se sorprendieron cuando los Servicios de Radio y Televisión que dependen de la Universidad de Córdoba (SRT) aparecieron en ese listado, sumando un panorama sombrío para los medios públicos cordobeses que ya tiene a Radio Nacional funcionando en piloto automático luego de la renuncia de su último director.
En ese universo, las novedades también sumaron un nombre cordobés este miércoles, cuando el radical Javier Monte, exintendente de Río Segundo quedó confirmado al frente de Radio y Televisión Argentina (RTA), el organismo del que depende también la TV Pública y que había quedado acéfalo luego de las renuncias de Rosario Lufrano y Osvaldo Santoro.
Según indicó el propio dirigente, que ya formaba parte del directorio, se trata de una tarea “transitoria” hasta que el gobierno designe a un responsable definitivo. Aunque al ritmo en que se suceden algunas cosas, el interinato podría ser definitivo.