El operador vinculado a una empleada fantasma de la Legislatura retomó la actividad. Quiere cumplir su pena en la fundación vinculada al diputado electo.
Miguel Siciliano, diputado electo por Provincias Unidas
Guillermo Kraisman está procesado por una maniobra fraudulenta en el Banco de Córdoba
El histórico dirigente del PJ de Córdoba, Guillermo Kraisman, volvió a la militancia en los barrios, tras su detención por intentar cobrar el sueldo de una "empleada fantasma" de la Legislatura. El regreso a la vida normal estuvo acompañado por un curioso pedido de su abogado, Diego Casado, para que haga una probation en la fundación fundada por Miguel Siciliano.
El exlegislador tiene un largo historial judicial en su haber y nadie lo quiere cerca. Antes de que explotara el escándalo por el contrato trucho en la Unicameral había sido despedido por el intendente Daniel Passerini apenas se enteró que robó bondiolas en un supermercado. Actualmente, el "Puma" está imputado de tentativa de defraudación contra la administración pública y tiene un juicio por delante.
Sin embargo, pese al prontuario, no está impedido de hacer política, ni de hacer algunas travesuras en clave de interna. Allí en donde entra a jugar el llamativo pedido del abogado defensor de Kraisman.
Diego Casado, concejal y abogado de Guillermo Kraisman
El también concejal del cordobesismo, Diego Casado, informó que su defendido no sólo quiere recuperar su agenda de trabajo. También propondrá a la Justicia una reparación económica destinada a entidades de beneficencia y la realización de tareas comunitarias. El dardo se sintió porque proponen pagar el daño con trabajo en la Fundación Pensando Córdoba, presidida hasta el 2019 por el diputado electo Siciliano y que hoy dirige otra concejala de su riñón, Soledad Zarazaga.
La aparición pública de Kraisman volvió a levantar polvareda en el PJ cordobesista cuando se creía que la herida por el contrato de Virginia Martínez, la "empleada fantasma", estaba cerrada. Los allanamientos de la semana pasada en la Unicameral volvieron a agitar los vientos internos.
Con ese recuerdo fresco, la propuesta de Casado trae olor a vendetta porque nadie quiere cerca a Kraisman, la mancha venenosa del peronismo. El letrado y concejal indicó que parte del pedido de suspensión del proceso a prueba que buscan con su defendido ante la Justicia, estaría atado a trabajos comunitarios. Casado insiste con que debe hacerla en la Fundación Pensando Córdoba, una institución que Siciliano creó y presidió hasta 2019, cuando renunció para asumir como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba.
No es la primera vez que Kraisman y su escudería envía mensajes fuertes al diputado de Provincias Unidas. En septiembre, desde prisión, el exfuncionario describió con detalle el origen del contrato de Virginia Martínez que, según afirmó, formaba parte de un acuerdo político para realizar tareas territoriales y administrativas en barrios de Córdoba.
En ese entonces, declaró a Perfil: “Hice un acuerdo con Nadia Fernández y Miguel Siciliano. Era un contrato para tareas territoriales, salió uno y el otro iba a salir en febrero. Yo no doy funciones, sólo acerco nombres”.
Nadia Fernández, junto a Victoria Busso, Miguel Siciliano, Facundo Torres Lima.
La jugada, deslizan fuentes cordobesistas, busca instalar una proximidad política que -según insisten- no existe. El motivo es, al menos, vago e indescrifrable.
¿Sumar confusión en medio de un expediente sensible? ¿intentar habilitar algún tipo de legitimidad institucional o cobertura política? ¿Intentar desviar el eje del caso hacia figuras con visibilidad pública? Lo que se confirma es que hay una clara trama interna entre los protagonistas.
Si bien Siciliano dejó la Fundación donde Kraisman quiere expiar culpas, en el ecosistema del cordobesismo, el nombre de Soledad Zarazaga aparece orbitando los anillos de poder del PJ capitalino.
La dirigente no sólo preside la Fundación Pensando Córdoba, sino que además encabeza la Comisión de Géneros y Diversidad del Concejo Deliberante, un espacio desde el cual consolidó vínculos políticos con sectores con fuerte incidencia barrial. Su llegada al gobierno local fue de la mano de Martín Llaryora, quien la designó en marzo de 2021 como directora del CPC Colón, un cargo que funcionó como plataforma para su ascenso dentro de la estructura oficialista.
Soledad Zarazaga (centro) y Miguel Siciliano, durante la campaña legislativa en Córdoba.
A partir de allí, Zarazaga fue ganando influencia. En 2023, cuando la pulseada por las candidaturas a concejales enfrentó a Llaryora, Alejandra Vigo y Daniel Passerini, el entonces intendente y gobernador electo logró imponer a Zarazaga como referencia propia en la boleta. Fue el pago a Siciliano por declinar su candidatura municipal a favor del médico delasotista.