El gobernador advierte a los gremios sobre las consecuencias de no tener la ley. Este jueves recibe a los docentes con ese mensaje.
Gremios bonaerenses y funcionarios de la administración de Axel Kicillof en una mesa de paritarias.
El gobierno de Axel Kicillof condiciona el pago en tiempo y forma del aguinaldo y la posibilidad de otorgar aumentos salariales a docentes y estatales al avance del proyecto de endeudamiento que está trabado en la Legislatura bonaerense en medio de la interna del peronismo.
Ese es el mensaje que los representantes del gobierno provincial están llevando a las mesas de negociaciones con los gremios. Así se lo transmitieron a los estatales en las últimas horas y se lo plantearán este jueves a los gremios docentes, en el segundo turno de una rueda de paritarias marcada por la urgencia de Kicillof en conseguir fuentes de financiamiento.
En la reunión de este jueves con los gremios que nuclean a los docentes bonaerenses no habrá oferta salarial concreta sobre la mesa, tal como ocurrió el martes con los representantes de ATE, UPCN y Fegeppba, que agrupan a los trabajadores estatales bajo la ley 10.430. En ambos casos, el gobierno advirtió sobre la delicada situación financiera de las arcas provinciales.
La advertencia oficial es clara: sin la aprobación de la ley de endeudamiento, la Provincia tendrá serias dificultades para cumplir con el pago del Sueldo Anual Complementario en diciembre y para convalidar nuevas subas salariales. El mensaje forma parte de una estrategia de presión del Ejecutivo sobre propios y extraños en la Legislatura bonaerense, donde se discuten los proyectos de Presupuesto 2026, Ley Fiscal y endeudamiento.
El proyecto que autoriza al gobierno a endeudarse por el equivalente a 3.035 millones de dólares quedó sin despacho en la comisión de Presupuesto que se reunió el martes. Las distintas tribus del peronismo -La Cámpora, el massismo y el sector de los intendentes- dieron dictamen favorable a los proyectos de Presupuesto 2025 y de Ley Fiscal Impositiva, pero dejaron afuera la autorización para tomar deuda. Fue una señal inequívoca hacia el palacio de calle 6: sin acuerdos políticos más amplios, no habrá luz verde para el endeudamiento.
La interna peronista complica el panorama. El gobierno había intentado separar la discusión presupuestaria de la negociación por los cargos vacantes en el Poder Judicial, la Legislatura y el directorio del Banco Provincia. Sin embargo, los distintos sectores del oficialismo reclaman que se avance con un reparto que incluya los cuatro sillones vacantes en la Suprema Corte de Justicia, lugares en el Bapro y otros espacios de poder.
El último aumento salarial que recibieron docentes y el plantel de trabajadores de la administración pública bonaerense fue acordado en agosto: una suba del 5 por ciento repartida en dos cuotas. En los primeros diez meses del año, los estatales bonaerenses acumularon aumentos del 25,9 por ciento, apenas por encima de la inflación del 24,8 por ciento registrada en el mismo período. Desde entonces, no hubo nuevas mejoras.
El endeudamiento es clave para el gobierno provincial, que enfrenta un escenario de asfixia financiera por el ajuste del gobierno nacional. Kicillof reclama a la administración de Javier Milei una deuda superior a los 12 billones de pesos por partidas presupuestarias que dejaron de girar. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, viene pidiendo sin éxito una reunión con su par nacional para tratar la cuestión del financiamiento provincial.
La sesión del 26 de noviembre en la Legislatura bonaerense será la instancia clave para definir el futuro del paquete de leyes. El gobierno necesita que los proyectos salgan antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando asumen los nuevos diputados y senadores electos en las elecciones provinciales de septiembre. La presión que representa el pago de la segunda cuota del aguinaldo en diciembre, que exige recursos por miles de millones de pesos, aparece ahora como el argumento más sensible para forzar una definición legislativa.