El intendente de Córdoba proyecta beneficios para comercios e industrias en 2026. Ningún contribuyente pagará más que en 2025. Apuesta en un presente complejo.
Daniel Passerini al retomar sus tareas tras la operación
El proyecto de Presupuesto para 2026 que Daniel Passerini envió, este miércoles a última hora, al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba sigue los lineamientos que el gobernador Martín Llaryora estableció para la provincia con su propia ley de leyes. La apuesta impositiva será la carta fuerte en un escenario siempre complejo para la caja municipal.
Rebaja de las alícuotas en la tasa para Comercio e Industria, simplificación operativa, reducción de áreas con consiguientes readecuaciones de partidas y sujeción a la inflación interanual de los incrementos en los impuestos Inmobiliario Urbano y Automotor, son los principales aspectos del texto que comenzará a ser analizado en comisiones desde la próxima semana.
Las decisiones procuran un difícil equilibrio entre las insuficiencias de un municipio emparedado por múltiples dificultades económicas, entre heredadas y ajenas, y la necesidad de reimpulsar la gestión en el territorio clave de la capital provincial, punto de despegue del proyecto que Llaryora procurará revalidar en el otoño de 2027.
El Presupuesto 2026 del municipio tendrá como resultado financiero déficit cero, luego de siete años con valores negativos. El proyecto estipula ingresos y egresos totales por 1.48 billones de pesos (84% en gastos corrientes y 16% de Capital).
El proyecto de Presupuesto 2026 plantea una reducción del 30% de todas las alícuotas para contribuyentes del régimen general de Comercio e Industria: el 85% del padrón obtendrá el beneficio, alrededor de 20.000 establecimientos de la ciudad de Córdoba. No se incrementarán los mínimos por actividad.
El sector Financiero obtendrá descuentos del 17% en las alícuotas, mientras que los seguros ART tendrán una disminución del 50%. En cuanto al Inmobiliario, mantendrá los valores a diciembre del 2025. A partir del próximo año tendrá aumentos bimestrales según índice IPC, lo que significa que ningún contribuyente tendrá aumentos en términos reales y la inflación será el tope máximo.
Daniel Passerini junto a su secretario de Economía y el viceintendente de Córdoba
En relación al Automotor, tampoco tendrá incremento en las alícuotas. Regirá una actualización de los rangos de la Tablada de Acara de un 15%.
Desde el palacio municipal destacan que, nominalmente, nadie pagará por encima del pasado año. Estas medidas irán acompañadas de otras decisiones de marcada índole política. Tal como anticipó Letra P, el alcalde mediterráneo prepara un achicamiento de la planta política en los niveles inferiores. También ha ratificado su voluntad de cesar los alquileres de unos 30 inmuebles donde funcionan dependencias. Sólo se renovarán contratos en sitios destinados a dispensarios, escuelas y centros operativos.
Aun compelido por el espíritu minarquista de época y por la obligación de jugar en sintonía con el gobernador, el intendente de la capital parece asumir un elevado riesgo con el proyecto de Presupuesto municipal que ha diseñado.
Su propuesta de mochar impuestos podría impactar de lleno en la recaudación, de por sí menguada por la merma de la actividad económica y el consumo. Desde hace meses en el municipio se habla de (al menos) un 10% de caída en la colecta del tesoro por tributos propios.
Passerini no sólo debe recaudar para cumplir con gastos corrientes y brindar servicios básicos que miles de cordobeses echan en falta, ya en materia de mantenimiento de calles o de higiene urbana (ítem que se lleva un 20% de los recursos).
También debe afrontar una deuda de US$50 millones, remanente de un préstamo tres veces superior tomado durante la administración de Ramón Mestre y “pateado” por el entonces intendente, hoy gobernador, Llaryora. Para cumplir con la cuarta cuota, por 25 millones, el municipio debió emplear fondos propios. Inmediatamente después procedió a refinanciar deudas con proveedores y prestadores de servicios. Días después volvió a emitir deuda en títulos locales, con los que afronta una sucesión de pasivos de vencimiento cercano.
Las estrecheces ameritan advertencias de propios y extraños. Opositores expresan desconfianza sobre la demora y el hermetismo en la presentación del proyecto; funcionarios provinciales ya han expresado dudas sobre la capacidad de los municipios de presentar, y cumplir, las rebajas que propone el presupuesto provincial.
La letra del Presupuesto no contempla eliminación de tasas, como ocurriera el pasado año. Tampoco prevé la recuperación del flujo de fondos que, hasta hace dos años, llegaba desde la Nación a modo de subsidios.
Particularmente crítico fue el retaceo de fondos para el transporte. Aunque la implementación de la tarjeta SUBE supuso un alivio al absorber descuentos a determinadas personas, desde la semana pasada rige un nuevo aumento en el servicio urbano de colectivos que vuelve a ubicar a Córdoba entre las ciudades más caras.
Los $1720 de cada viaje representan 60% más que el corte de boleto en la Ciudad de Buenos Aires. Pero además implican un incremento exponencial respecto del valor de hace menos de dos años. En enero de 2024, un mes después de asumir, Passerini aplicó el primer ajuste, llevando el boleto urbano simple de 240 a 340 pesos.
Desde la intendencia destacan que el precio del boleto se irá adecuando conforme las fórmulas que discuten con las empresas. También remarcan que, sin el aporte municipal, cada usuario debería abonar unos $200 más.
El pedido de contemplación se extiende a las críticas por carencias en la gestión de los servicios básicos. Por lo bajo, funcionarios de roce diario piden que se considere, además de la ausencia del Estado nacional, el combo de pesada herencia y una inversión de la Provincia que no replica épocas doradas.
Refunfuños al margen, en el Palacio 6 de Julio, como se conoce al edificio municipal, nadie expresa intención de moverse de la estrategia ya en marcha para 2027. Todos entienden que el 2026 será clave para repuntar la evaluación de la gestión passerinista, condición indispensable para las chances del peronismo para retener ambos territorios: capital y provincia.