Negociaciones febriles en la Legislatura y protestas gremiales en las calles. La modificación clave y la discutida restitución del 82%.
Facundo Torres Lima, jefe de bloque de Hacemos Unidos por Córdoba.
La Legislatura de Córdoba se preparaba este miércoles para una sesión maratónica marcada por negociaciones intensas, modificaciones de último momento y un fuerte clima de tensión política y social. En el recinto se debate el esquema de cambios al financiamiento de la Caja de Jubilaciones, incluido en el tratamiento del Presupuesto 2026.
El inicio de la sesión se demoró producto de las negociaciones que llevaron al oficialismo a descartar la propuesta de un aumento general de los aportes de los activos del 4% como máximo. La modificación que se discutía en la Legislatura establece, en cambio, un sistema progresivo de subas según el nivel de ingresos que iría desde el 2% al 8%. La restitución parcial del 82% móvil era otro de los puntos incorporados a la mesa del toma y daca con la oposición, mientras la respuesta de los gremios estatales era ocupar las calles para protestar.
El oficialismo incorporó modificaciones a la iniciativa original que generaron rosca política, reabrieron conversaciones con bloques opositores que acusaron de atacar los derechos de los trabajadores y “entre gallos y medianoche” colar modificaciones dilatando el inicio de la sesión.
La principal novedad es el abandono de los descuentos fijos y la implementación de un sistema de aportes progresivos, con el argumento de concentrar el esfuerzo en los salarios más altos. Con esta decisión se elimina el artículo correspondiente del Código Tributario y se suspende el Fondo Complementario, que hasta ahora descontaba un 4% fijo.
En su reemplazo se aplicará un aporte variable de entre el 2% y el 8%, de manera progresiva y gradual: quienes perciban menores ingresos contribuirán con un extra del 2%, mientras que quienes tengan jubilaciones más altas, entre 3 y 5 millones de pesos, podrían dar hasta un 8%.
El legislador Facundo Torres Lima, jefe de bancada de Hacemos Unidos por Córdoba, indicó que esos cambios los llevaron a comisión “para aunar criterios y elevar una iniciativa que mejore la base de la pirámide”.
“La lógica es que el mayor esfuerzo recaiga en la parte más alta de la pirámide salarial”, sostuvo.
Otro de los ejes de la discusión es la restitución parcial del 82% móvil, promovido por jubilados y pensionados de Córdoba. Se trata de una Iniciativa Popular, que reunió 38.800 firmas en toda la provincia, y que -como temían la oposición y los jubilados- el oficialismo busca capitalizar para empalmarlo con el proyecto de emergencia de la Caja Previsional.
Aunque la medida apunta a mejorar los ingresos de quienes menos cobran, su implementación depende de un esquema de financiamiento que recae en un aumento de aportes progresivos a los activos públicos y de la aprobación de una serie de cambios fiscales que han sido resistidos por gremios y sectores sindicales.
La discusión legislativa no solo será técnica, sino también política, ya que combina un reclamo histórico de los jubilados con la necesidad de ajustar las cuentas públicas en un contexto fiscal delicado por la suspensión de las transferencias de recursos que por ley debe realizar el Estado nacional.
Según el oficialismo, con los nuevos recursos se podrá restituir el 82% a más del 60% de los jubilados cordobeses, especialmente a quienes se encuentran en la base del sistema, con haberes inferiores a $1.300.000 o $1.500.000, según los casos.
En el combo de puntos a tratar, también se anunció una modificación al Artículo 58 de la Ley 10.694.
Ese punto establece el régimen de compatibilidad de beneficios previsionales, imponiendo un aporte solidario de hasta el 20% sobre los haberes de quienes perciben dos beneficios (jubilación y pensión, o dos pensiones) o un beneficio más otra entrada.
Este aporte se aplica cuando la suma total de los beneficios previsionales o ingresos acumulados supera las seis jubilaciones mínimas provinciales.
Con el cambio propuesto, habrá un tope de $3 millones: "Los que sumen hasta 3 millones de pesos no harán más el aporte del 20% como fondo solidario", detalló Torres Lima.
Aunque sin detalles, a partir de allí, el descuento sería escalonado, comenzando con un 5%, luego 10%, y aumentando progresivamente.
En paralelo al debate parlamentario en comisiones, más de 15 de gremios estatales se movilizaron durante la mañana de este miércoles hacia la Legislatura en rechazo a la suba de los aportes. Las organizaciones sindicales advirtieron que la reforma implica una pérdida salarial para trabajadores activos y cuestionaron que el ajuste recaiga sobre el sector público.
La protesta se desarrolló mientras en el recinto se afinaban los últimos detalles del proyecto, en un clima de presión sindical y expectativa política. Con negociaciones abiertas y posturas enfrentadas, la sesión promete extenderse durante varias horas y convertirse en una de las más tensas del año en la Unicameral cordobesa.