Impulsa que civiles puedan llevar armamento en la calle. La regulación de cinco países, en estudio. Contradicciones de una exministra y el futuro del RENAR.
Javier Milei, presidente de la Nación.
Con los ojos puestos en el modelo de Estados Unidos, Javier Milei habilitó a su mesa política a trabajar en una nueva flexibilización de los trámites para que civiles puedan comprar y portar armas de fuego. El Presidente empuja además la sanción de un proyecto en ese sentido que lleva la firma de Patricia Bullrich y ya fue aprobado en Diputados.
De acuerdo a los últimos datos oficiales de la Registro Nacional de Armas (RENAR), antes llamada Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), hay en Argentina 919.347 personas con Credencial de Legítimo Usuario (CLU), el requisito obligatorio para acceder legalmente a un arma de fuego, aunque más del 65% de esas credenciales están vencidas. Del total, apenas 11% cuenta con permiso de portación.
El Ejecutivo buscará no sólo regularizar a quienes tengan los documentos vencidos, sino, también, ampliar la cantidad de personas con habilitación para portar un arma de fuego en la calle.
En 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich se había referido al tema. Al ser consultada por la prensa sobre el uso de armas por parte de la población civil, dijo: “Ese es un tema de las personas. El que quiera estar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no ande armado. Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada. Pero si decimos que si hay alguien que defiende a la gente, no lo destruyan”.
Durante la campaña presidencial de 2023, la hoy senadora cruzó al por entonces candidato Milei, quien proponía la flexibilización de la tenencia de armas de fuego. “A las mamás y a los papás les digo que si se libera la venta de armas, estas van a estar en manos de ‘Los Monos’. Las armas van a terminar masacrando a los chicos en las escuelas”.
De acuerdo a la ley nacional, la portación de armas de fuego rige, fundamentalmente, para miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y penitenciarias. Sin embargo, también se puede iniciar un trámite para el “uso civil condicional”, en el que funcionarios públicos, como jueces, fiscales, ministros o legisladores pueden argumentar el uso específico de armas de fuego para protección personal. Previo a eso, sólo necesitan obtener la Credencial de Legítimo Usuario.
Figuras reconocidas del gobierno libertario acudieron a esta solicitud. Una de ellas es el asesor presidencial Santiago Caputo, quien suele portar con regularidad una Glock 43x, una de las marcas dominantes en la policía de Estados Unidos. Otra es el secretario de Culto y Civilización Nahuel Sotelo, quien prefiere la mítica Bersa TPR9, fabricada en La Matanza, desde donde se abastece a buena parte de la Policía Federal argentina.
En el gobierno suelen recurrir a ejemplos como estos para impulsar la desregulación del sistema. “¿Por qué para un político es fácil tramitar la portación y no lo es para un trabajador de a pie?”, se preguntan en la administración libertaria con la idea de contrastar el privilegio de unos por sobre otros. “Lo que buscamos es un sistema menos restrictivo con el que podamos ampliar el universo de los titulares de portación”, dijo a Letra P alguien con despacho en la Casa Rosada.
Como todavía no está claro de qué forma se impulsará esta iniciativa, si es a través de un proyecto de ley o de un decreto, en el oficialismo están estudiando distintos modelos internacionales, no sólo de EE.UU., también el de Suiza, República Checa, Italia y Uruguay.
El modelo del país gobernado por Donald Trump es tema recurrente cada vez que se produce un ataque en escuelas, cines, shoppings y otros espacios públicos. En el país del norte hay alrededor de 393 millones de armas de fuego en una población de 335 millones personas, lo que equivale a más de una (1,2) por habitante.
Comprarlas, tenerlas y portarlas es un derecho consagrado en la Constitución a través de la Segunda Enmienda, una disposición aprobada en 1791 como parte de la llamada Carta de Derechos, que incluye las diez principales garantías que establece la Carta Magna. La primera es la libertad de expresión.
En los estados de Texas, Florida o Arizona, la Cancealed Carry License (portación oculta) se otorga automáticamente a quienes poseen una licencia válida y sin infracciones, con revisiones periódicas y bases interconectadas con antecedentes judiciales y médicos.
En Suiza existe la Ley Federal de Armas. Establece que los ciudadanos que poseen armas registradas y sin sanciones pueden solicitar la portación con requisitos mínimos, y puede ser renovada cada cinco años.
La licencia de armas en República Checa, el llamado Zbrojní prúkaz, unifica la posibilidad de tener tenencia y portación; esta es automática para quienes tienen licencia para defensa personal, siempre que mantenga su estatus de usuario regular y renovado.
Italia también tiene un modelo propio, aunque algo más restrictivo. La portación de armas se rige por el Testo Único Delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con permisos excepcionales y discrecionales, solicitados al prefecto para defensa personal. Lo mismo sucede en Uruguay, donde bajo la ley 19.247, del año 2014, rige un sistema de “legítimos usuarios” para regular la tenencia, portación y comercialización de armas de fuego.
Una vez que inicie el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, la mesa política de Balcarce 50 le ordenará a su tropa del Senado -incluye a las aliadas- que avance con el proyecto para la regularización de la tenencia legítima de armas de fuego y la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego, normas que fueron sancionadas en octubre del año pasado por la Cámara de Diputados.
Aquella iniciativa recibió 142 votos a favor, con el rechazo casi unánime de Unión por la Patria, y luego se trabó en la cámara alta. Con la nueva conformación legislativa, y una figura destacada en políticas de seguridad y mano dura sentada en la jefatura del bloque de La Libertad Avanza, Bullrich, en el gobierno están confiados en que podrán sancionar la ley.
Para conseguir la sanción definitiva de estos proyectos y en paralelo iniciar la instalación de una cuasi libre portación de armas, la cúpula violeta es consciente de que deberá darle aún más protagonismo al Registro Nacional de Armas (RENAR), el organismo que ya a mediados de noviembre habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles. También, a principios de año puso un trámite exprés y digital para obtener los permisos de tenencia de armas y compra de municiones, y bajó de 21 a 18 años la edad mínima para el uso de armas de fuego.
Tal como dio cuenta Letra P, el organismo que depende del Ministerio de Seguridad sufrirá cambios en los próximos meses. Es que Bullrich, quien continúa manejando con mano de hierro la cartera que en los papeles hoy dirige Alejandra Monteoliva, decidió que Pablo Walter sea designado como director ejecutivo de RENAR, pero recién una vez que Juan Pablo Allan deje el cargo a mediados de marzo. El todavía funcionario platense está deseoso de asumir la banca que ganó en el Concejo Deliberante de la capital provincial, una suerte de previa del inicio de su campaña electoral para ir por la intendencia de La Plata en 2027.
En principio, ese sería el plan A del gobierno en la materia. Sin embargo, dada la complejidad y sensibilidad del tema, el gobierno evalúa que el traspaso de mando entre Allan y Walter se posponga más allá de marzo. Algo que, aseguran fuentes de la administración libertaria, definirán en una mesa de cuatro: Bullrich, Monteoliva, Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.