Karina Maureira y Julieta Corroza llevaron al parlamento la versión ya vigente en Neuquén. Provincialismo, transparencia y guiño al oficialismo.
Karina Maureira y Julieta Corroza con Rolando Figueroa y Juan Ousset firmando el proyecto de Ficha limpia de La Neuquinidad.
La diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza presentaron en el Congreso un proyecto de Ficha limpia basado en la normativa vigente en Neuquén. La iniciativa impulsada por Rolando Figueroa es más exigente que el postergado proyecto nacional y envía un guiño a la Casa Rosada, que suele embanderarse en la lucha contra la corrupción.
La presentación se realizó tras una reunión en la ciudad capital a la que también se sumó el jefe de Gabinete neuquino, Juan Ousset. Allí, el mandatario provincial sostuvo que el objetivo fue garantizar un debate amplio y plural sobre estándares de integridad en la función pública.
Durante el encuentro, Figueroa recordó que la propuesta había sido un compromiso asumido en campaña. “Antes que termine el año queremos seguir honrando la palabra”, expresó, y afirmó que la intención es que la Argentina adopte un criterio ya aplicado en la provincia de la Patagonia.
Corroza afirmó que la iniciativa formó parte del nuevo modelo de gobierno provincial, iniciado en 2023 con el inicio de la gestión Figueroa y que busca “garantizar la responsabilidad de todos los funcionarios y también su transparencia”. En esa línea, destacó que la norma vigente en Neuquén funcionó como antecedente para elevar los estándares institucionales.
Maureira señaló que la presentación respondió a un compromiso electoral. “Lo dijimos y cumplimos. Ficha limpia llega al Congreso de la Nación porque Neuquén representa integridad y honestidad”, sostuvo al finalizar la reunión.
El gobernador explicó que el texto tomó aspectos centrales de la ley provincial y remarcó que se trató de la “ley más contundente y exigente del país”. Según detalló, la propuesta impidió que personas con antecedentes penales accedieran a candidaturas o fueran designadas en cargos de la función pública.
Entre los puntos centrales, se propuso modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para incorporar nuevas inhabilitaciones. El alcance incluye condenas por delitos dolosos, delitos contra la administración pública, narcotráfico y evasión tributaria, con sentencia confirmada en segunda instancia.
También se contempla la exclusión de quienes hubieran sido inhabilitados mediante juicio político u otros procedimientos constitucionales. Desde el espacio provincial se argumentó que estas restricciones se encuadraron en la potestad del Estado para reglamentar el derecho de sufragio pasivo.
Quienes se oponen a la herramienta en Neuquén, advierten que su implementación es utilizado para correr de camino a referentes opositores. De hecho, luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término hay quienes afirman que las limitaciones podrían alcanzar a Nadia Márquez, la figura libertaria con mayor proyección en la Patagonia. En su entorno no reniegan de la norma pero advierten que una eventual candidatura provincial de la senadora no corre riesgo.
Con todo, la iniciativa se integró a una política de "tolerancia cero frente a la corrupción" que se sostiene desde la gestión provincial. En ese marco, se buscó incorporar herramientas que reforzaran el principio de transparencia y previnieran irregularidades en el ejercicio de la función pública. Desde el inicio de su gestión, Figueroa buscó diferenciarse de sus antecesores a partir de ese perfil.
El proyecto propone adecuaciones en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, con el fin de impedir el desempeño de cargos a quienes quedaran alcanzados por las inhabilitaciones previstas. El objetivo declarado fue fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
En los fundamentos, los autores plantearon la necesidad de “reformular viejos esquemas” y erradicar prácticas que afectaran el erario público. La propuesta quedó así instalada en la agenda parlamentaria como un intento de unificar criterios de integridad a nivel nacional, tomando como referencia la experiencia neuquina.