El gobernador sigue la puja entre el titular Ignacio Segura y el retador, Juan Manuel Cid. El diputado empoderó a Alejandra Ferrero para poner el primer mojón.
Ignacio Segura, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.
El Colegio de Abogados de Córdoba se sumerge en la rosca para la renovación de autoridades, con casi 14.000 profesionales en condiciones de votar el 23 de abril. Las conversaciones entre las dos líneas del PJ que se disputan el favor de Martín Llaryora son vertiginosas, mientras Rodrigo de Loredo se frota las manos y planea su juego.
El 8 de ese mes vencerá el plazo formal para la presentación de la oferta electoral de cada espacio. Podrían inscribirse cinco opciones, aunque el escenario tiene tres protagonistas fuertes.
En un extremo se ubica una pata del peronismo que conduce el organismo, con su titular, Ignacio Segura como titiritero de la sucesión. En el otro, se encuentra un hombre de la mesa chica del gobernador, el director de Bancor, Juan Manuel Cid. El historial de diferencias es largo, pero su capítulo más importante se escribió en la pulseada por la silla del Ministerio de Justicia, que finalmente quedó para el schiarettista Julián López.
Por la oposición, la deloredista Alejandra Fererro mueve rápido para explotar la fisura y poner a disposición el alto perfil que logró en la Legislatura provincial, donde se mueve como la jefa del interbloque de Juntos por el Cambio.
Segura promueve al vicepresidente segundo del Colegio, Antonio Contreras. El abogado asesor y litigante, con más de dos décadas de experiencia, propone sostener la lista Unión Profesional, que reúne en su mayoría a quienes prestan servicios en dependencias del Estado provincial y también en la Municipalidad capitalina.
No sólo hay peronistas en su interior: también confluyen integrantes de otras fuerzas políticas, aunque con expresión minoritaria.
Contreras cuenta con el patrocinio del presidente del Colegio, pero también de Alejandro Tejerina, el expresidente de la entidad que había sido denunciado por el exjuecista y ahora ministro de Seguridad del gobernador Llaryora, Juan Pablo Quinteros.
El episodio, que incluyó ribetes de incompatibilidad, terminó en junio de 2014 con la devolución de dos chapas de taxi porque su esposa era funcionaria del Tribunal de Faltas de la Municipalidad.
"No pretendan hacer parecer que el intendente Ramón Mestre me regaló algo. A mí Mestre no me regaló nada, ni aceptaría que me regale algo. Esto es hecho y adquirido con el fruto de mi esfuerzo", se había justificado, pero devolvió las licencias para que dejaran de hablar de él.
Quinteros, entonces en la vereda de la oposición, aprovechaba la transversalidad que se respiraba en la política del Colegio de Abogados, que hoy no lo horroriza. De hecho, en la conducción actual de la entidad convergen mestristas, peronistas y figuras con recorrido en otras fuerzas.
Ese tercio del padrón que normalmente participa del proceso electoral podría encontrar en el cuarto oscuro la nómina que patrocina un hombre de extrema confianza de Llaryora, responsable de las “diligencias” judiciales del peronismo, Juan Manuel Cid.
El exlegislador -que lideró titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y el Jury de Enjuiciamiento- apaña a Eduardo Bittar, hombre vinculado con un histórico cacique del PJ, Oscar González, ya fuera del radar político tras protagonizar un accidente fatal en el camino de las Altas Cumbres por violar la doble línea amarilla.
Compromiso con la Abogacía busca el posicionamiento explícito del gobernador, al punto que Letra P pudo saber que Bittar mantuvo contacto directo con Llaryora en las últimas horas.
En ese sector afirman que es el candidato de preferencia de Llaryora y que, incluso, ya dio la orden para avanzar en la construcción de un acuerdo amplio con otros sectores del radicalismo, como el encabezado por Mestre y Mario Negri, también con la incorporación de integrantes de La Libertad Avanza de Javier Milei.
De olfato refinado, esta pata del peronismo quiere aprovechar a su favor el activismo en el frente de los alfiles de De Loredo.
Si bien hay tres listas no peronistas en boxes, la que tiene mayor robustez es Somos Defensa Profesional que nuclea a profesionales del derecho de la UCR, el PRO, el Frente Cívico de Luis Juez e independientes.
La legisladora que responde a De Loredo y preside el interbloque es una de las capitanas de ese armado que define, por estas horas, quién encabezará la oferta.
Las opciones que debaten son dos: la investigadora jurídica Marta Trimarchi y el litigante Mariano Jandula.
La apuesta de este sector es apelar al electorado desencantado con la gestión de Segura y a profesionales independientes que no tiene la seguridad que ofrecen los puestos estatales, que controla el peronismo desde hace más de un cuarto de siglo.
Uno de los caballitos de batalla es el proyecto que promueve Ferrero para que el Poder Judicial concurse los cargos para secretarías y prosecretarías, de las que el Tribunal Superior de Justicia se adjudica la potestad en las designaciones.
En los pasillos del Colegio suenan varias versiones sobre el juego de Llaryora. Una sostiene que Llaryora dio libertad de acción y que no alimentará la grieta entre Segura y Cid, otrora aliados. Otra, que dice que apoya abiertamente a Bittar. La tercera, que el gobernador ordenó trabajar para lograr una lista única.
Lo que queda claro es que el presidente no tendría el apoyo explícito según lo que suena en los mentideros del edificio ubicado en pleno centro.
Altas fuentes del Partido Cordobés, involucradas en la rosca, confirman que Segura y Cid están haciendo los deberes de la unidad. Son permanentes los contactos entre las partes para promediar una única oferta que, por cierto, complicaría el armado de los abogados y abogadas que militan en Juntos por el Cambio.
Todo parece indicar que si hay unidad peronista será al filo del cierre de listas y nada hace suponer que Llaryora mirará la disputa desde la tribuna. El padrón es chico, pero la incidencia política del Colegio es grande. Por ejemplo, incide en el Consejo de la Magistratura, en la Facultad de Derecho de la UNC, coloca gente en organismos de control del Estado y procura un trato equilibrado con el Tribunal Superior de Justicia.