El presidente del Colegio de Abogados local, parte de la lista que lidera Biglieri, pide salir de la rosca y atender las demandas de la profesión. Su campaña.
Eduardo Bittar, candidato por la Abogacía al Consejo de la Magistratura
El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba Eduardo Bittar también ha decidido apostar fuerte en la campaña hacia las elecciones de los cuatro representantes del estamento de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que se realizarán el martes 20 de octubre.
Tercero en la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que encabeza Alberto Biglieri y respalda Ricardo Gil Lavedra, promociona su candidatura con una extendida presencia pública, emulando eslóganes y consignas que usara en la previa de su reelección como presidente del gremio profesional.
Atento a la dimensión de la disputa, vincula sus acciones con la propagación del valor de una puja que será clave para el mundillo de la Justicia. Como los otros contendientes que representan a la abogacía cordobesa, repartidos en tres de las cuatro listas, apunta a vencer la apatía de los 14 mil letrados que estarían habilitados para sufragar en 18 días.
A ellos interpela, también, desde un orgullo mediterráneo, recurso tantas veces empleado por el cordobesismo como proyecto político. “Córdoba tiene una silla vacía en el Consejo de la Magistratura desde hace años. Es inaceptable para la abogacía de esta provincia, la Docta, con su relevancia en la historia del país”, enfatiza.
La apelación de Bittar denota federalismo, otro de los puntos sobre los que recae la discusión por las cuatro sillas, particularmente con el sector que se referencia en Diego Molea y lleva a Fernando Levene como primer candidato y a Juan Manuel Aráoz como su suplente.
“Nuestra lista es la única realmente federal y plural. Está integrada por representantes de los principales colegios profesionales del país. Sabemos de lo que hablamos y nuestros afiliados saben dónde estamos. Por eso firmamos siete compromisos que vamos a cumplir”, afirma el laboralista.
Uno de estos compromisos apunta a las condiciones para el desarrollo del trabajo de los letrados como parte de la Justicia, preocupación que permanentemente invoca su conducción.
“Nos comprometemos a defender el ejercicio profesional y a promover respuestas frente a las demoras, dificultades de acceso, problemas de comunicación y demás obstáculos que afectan el funcionamiento de los tribunales. Defender a la abogacía es también trabajar por una Justicia de mayor calidad”, dice el documento titulado Bases para la representación de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Otro objetivo compartido pone a la abogacía en el centro de la carrera judicial. El presidente del Colegio también destaca el ínfimo porcentaje de legistas de carrera que logran sortear las instancias necesarias para convertirse en funcionarios del fuero Federal.
“Más del 96% de los nombramientos quedan en manos de quienes ya son parte del Poder Judicial. Hay que abrir los caminos para los abogados de la calle. En tanto servicio, somos parte esencial. Hay que cambiar la visión”, explicó.
En ese contexto, Bittar tilda como prioritaria la apertura de concursos para los ingresos a los Tribunales Federales de Córdoba. Ofreciendo como modelo lo que sucede en la Justicia provincial, donde desde hace años los ingresantes son evaluados y calificados, asigna prioridad a dicha demanda.
“No va en demérito de quienes ya están trabajando. Todos ingresaron cumpliendo las disposiciones vigentes. Se trata de abrir el juego, evitando discrecionalidades por razones políticas o nexos familiares. También, y de inmediato, hay que revisar sus remuneraciones, porque desde hace meses realizan medidas sin una solución concreta”, hilvana.
Otra demanda de peso a la administración federal de justicia es la facilitación de la asignación de matrículas federales para los colegios del interior, posibilidad hoy restringida a los matriculados en la Ciudad de Buenos Aires.
“No puede ser que el Poder Judicial siga manejando la matriculación de un modo para la capital y de otro para el país. Hay que terminar con la burocracia. No puede haber diferenciación. Ni con esto ni con la regulación de honorarios”, remarca.
En diálogo con Letra P, el candidato a consejero también desestima los crecientes rumores sobre una posible candidatura a intendente de la capital el próximo año.
Despegándose de los carteles instalados a la vera de la avenida Costanera, con tipografía similar a la empleada por La Libertad Avanza, afirma estar concentrado en la contienda que se celebrará en octubre. Tal es, remarca, su única inquietud.
De igual manera, niega cualquier rispidez con el gobernador Martín Llaryora, quien sumó sus piezas al armado de Molea. “Él siempre respeta las decisiones racionales. La nuestra fue para asegurar una silla para Córdoba”, subrayó.
En los próximos días el también profesor recorrerá otras importantes ciudades, a las que llevará las mismas arengas de participación. Se ha puesto como cometido lograr un crecimiento exponencial de votos cordobeses, tomando como referencia los tres mil recontados hace cuatro años.
“Acá no se trata de rosca política. No hay que subestimar a los profesionales. Lo que está en juego es la función gremial en defensa de la abogacía en el Consejo. Por eso es importante que los colegas no vean la elección como algo lejano. Hay que romper la apatía. Queremos una alta participación para legitimar la representatividad cordobesa”, sentenció.
