Con una agenda enfocada en neutralizar la hegemonía porteña, Juan Manuel Aráoz busca movilizar letrados de la Región Centro. Votan el 20 de octubre.
El gobernador de Córdoba Martín Llaryora junto a Juan Manuel Aráoz, emisario para el Consejo de la Magistratura
La decisión de Martín Llaryora de jugar decididamente en la elección de los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación tiene un objetivo, mensurable a largo plazo, y una razón, de impacto incierto en los procesos que entornan a la Justicia.
Reconocido por su voluntad de jugar en todos los tableros que pueda, algo que los cercanos denominan como una concepción integral de la política, el gobernador de Córdoba ha admitido la necesidad de tener voz propia en las negociaciones que se dan en el órgano encargado de seleccionar a los magistrados y administrar los recursos del Poder Judicial.
Una sucesión de traspiés en las negociaciones para ocupar cargos vacantes en la Justicia Federal, primero la Cámara de Apelaciones, luego el juzgado de San Francisco, bastaron como remache para una conveniencia que sus operadores le han marcado en más de una oportunidad.
La razón final para mover fichas propias, empero, llegaría tras la molestia expresada por el acuerdo entre Daniel Angelici y Eduardo Bittar, que ubicó al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba en la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía, que tiene el padrinazgo del excamarista Ricardo Gil Lavedra.
Fueron aquellos embajadores cordobesistas en arenas judiciales los primeros en expresar molestia por un acuerdo entre jugadores con los que había múltiples vasos comunicantes.
“Nos cayó mal. Sobre todo por lo que representan. El que lidera el segundo Colegio del país se junta con el principal operador de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre termina poniendo sus nombres en el Consejo. Eso asegura el statu quo. Nosotros queremos una apertura realmente federal”, dicen a Letra P.
Según explican, de los 180 mil abogados habilitados para elegir representantes, más de la mitad ejercen en la capital federal. Tal proporción explicaría tanto la gravitación del expresidente de Boca Juniors en la rosca para definir candidatos como su predilección por cuidar el pago chico.
Las mismas fuentes admiten que la molestia no deviene en una ruptura definitiva. No imaginan, aclaran, el cese del diálogo entre Llaryora y Angelici. Mucho menos con el propio Bittar, que nunca ha trazado una trayectoria que lo aleje demasiado del gobierno provincial.
Por el contrario, como contó Letra P, el gobernador podría verse beneficiado con un resultado que derive en un reparto entre la lista que encabeza Ignacio Biglieri y la que configuró Diego Molea.
Juan Manuel Aráoz es el comisionado directo de Llaryora en la nómina de Abogacía Federal. Su lugar, como suplente de Fernando Levene, el primer titular, le augura protagonismo. Versiones hablan ya de que podría existir una rotación que lo beneficie para ocupar una de las cuatro sillas.
Hombre de extrema confianza del gobernador, Aráoz también inició su camino en la corriente El Peronismo que Viene, acompañando al también abogado desde la intendencia de San Francisco hasta la gobernación.
Desde la Fundación Idear, que creara su padre, Julio César Aráoz, ha brindado acompañamiento a quien bien pronto decidiera retar al tándem José Manuel de la Sota–Juan Schiaretti en el control del PJ. En tiempos actuales, sigue formando cuadros que se proyectan a la función pública. En particular jóvenes letrados que se han ido incorporando en áreas de Fiscalización y a la Justicia Administrativa de Faltas de la Municipalidad, área que tuvo a su cargo.
De licencia como secretario de Seguridad de la provincia (hasta que se realicen las elecciones en el Consejo), el candidato comenzará este miércoles con las recorridas por el interior del interior. Tras las primeras reuniones en Córdoba capital se dirigirá, este miércoles, a aquella San Francisco.
El recorrido, que proseguirá por San Luis y La Rioja, incluirá principalmente las provincias vecinas. Sus colegas de la Región Centro aparecen como target.
Su primer objetivo, admite, es interesarlos a que participen de la puja. Para ello, promueve encuentros directos, tanto en instituciones privadas como en organismos públicos.
Aquí también cuenta con la rosca que realiza Miriam Beatriz Londero, funcionaria de Daniel Passerini, que se desempeña como subsecretaria de Derechos Humanos, Mujeres Géneros y Diversidades en la Municipalidad capitalina.
Aunque parezca extraño, las anteriores votaciones tuvieron una asistencia del 20%. Elevar esta referencia resulta indispensable para su suerte, considerando aquella disparidad respecto de quienes tienen matrícula federal en la ciudad porteña.
En Córdoba, se estima una participación de 14 mil letrados, número total de quienes han logrado su matrícula federal. El número tuvo un crecimiento, moderado, en las semanas previas a la inscripción de listas. Cada uno de los sectores movió estructuras para ello. Sin embargo, aún no parece suficiente para compensar. “Así no podemos lograr el equilibrio en la representación, que es uno de los objetivos del Consejo”, lamenta Aráoz.
La disparidad en la cantidad de participantes conduce a otro eje de campaña. El representante de Abogacía Federal retoma un largo reclamo: que los Colegios del interior obtengan aquella matrícula nacional (requisito para votar) al momento de completar los trámites, tal como ocurre en Buenos Aires, sin necesidad de mediación de la Justicia Federal.
Ese mismo precepto ha esgrimido Bittar, aún antes de su reelección. Otras coincidencias han consolidado una buena relación entre ambos. La preocupación por el uso de la Inteligencia Artificial en la abogacía, el impacto negativo de la morosidad en los trámites de las causas y las dificultades de los profesionales “de la calle” para acceder a la Magistratura son problemáticas cuya resolución intentará adjudicarse cada sector.
Sin embargo, el exfuncionario municipal asegura que sólo su espacio procura que esas respuestas lleguen más allá de la General Paz. “Participo de una construcción federal verdadera, desde hace años, que realmente represente los intereses del interior”, sintetiza.
“Hay que entender el valor de lo que está en juego. Son cuatro bancas muy importantes. No es sólo un nicho: los abogados tenemos que aportar al equililbrio del Consejo”, sentencia.
