La lista Unidad en Defensa de la Abogacía postula una plataforma de siete ejes de cara a los comicios del 20 de octubre que definen cuatro sillas en el cuerpo.
Consejo de la Magistratura: Biglieri y Gil Lavedra presentaron sus propuestas para las elecciones de abogados
La lista Unidad en Defensa de la Abogacía que tiene como primer candidato a Alberto Biglieri y como referente al excamarista Ricardo Gil Lavedra presentó su plataforma para las elecciones de abogados que se celebrarán el 20 de octubre próximo para definir cuatro representantes del sector en Consejo de la Magistratura.
Mérito, idoneidad e igualdad en la selección de magistrados; independencia judicial y responsabilidad de los magistrados; defensa del ejercicio profesional y calidad del servicio de justicia; rendición de cuentas; evaluación del desempeño judicial; modernización de la gestión; y formación judicial de excelencia, abierta y plural son los siete ejes que aglutinan las propuestas que asumieron los ocho aspirantes de Unidad en Defensa de la Abogacía.
Gil Lavedra, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, es quien inspiró la construcción de la alianza Unidad en Defensa de la Abogacía y aportó el peso de su experiencia. Su compromiso sintetiza los valores que defiende la propuesta y cuenta con activos dirigentes de la colegiatura en distintos puntos del país, afirmó la lista que encabeza Biglieri en un comunicado.
Biglieri encabeza la boleta. Con una larga trayectoria como titular de Derecho Administrativo en la Univesidad de Lomas de Zamora (donde también fue vicedecano) y en la UBA, es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.
Lo secunda Claudia Sarmiento, sanjuanina, con representación colegial, quien acaba de renunciar a la secretaría de Estado provincial para dedicarse de lleno a la campaña. Le sigue el titular del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar; y Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza.
En la nómina de suplentes aparecen Carlos Más Vélez, exvicepresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y docente de Derecho Administrativo en la UBA; Ana Ruiz O'Neill, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville (Córdoba); Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Carolina Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.
La propuesta que encabeza Biglieri competirá contra otras tres listas: Abogados por la Libertad, la nómina que tiene el apoyo de La Libertad Avanza; Abogacía Unida y Dignidad Profesional, la boleta del peronismo; y Abogacía Federal, la lista donde confluyen sectores peronistas referenciados en Diego Molea y Martín Llaryora con núcleos dirigentes de la UCR donde destaca el senador Maximiliano Abad.
La plena vigencia del Estado de Derecho requiere un Poder Judicial independiente, integrado por jueces idóneos e imparciales, seleccionados mediante procedimientos transparentes, y capaz de brindar un servicio de justicia eficiente, accesible y en tiempo razonable. La profunda crisis de confianza de la ciudadanía en la Justicia exige trabajar para recuperar su credibilidad y fortalecer su legitimidad. Quienes deseamos representar a la abogacía en el Consejo de la Magistratura nos comprometemos con la defensa de la abogacía con plena independencia de otros intereses.
Con ese propósito, asumimos que nuestra tarea se orientará a la obtención de los siguientes objetivos:
1. Mérito, idoneidad e igualdad en la selección de magistrados La selección de jueces debe fundarse en el mérito y la idoneidad, mediante procedimientos objetivos, previsibles y transparentes que aseguren condiciones reales de igualdad. Impulsamos la reforma al Reglamento de Concursos planteada por los ministros Lorenzetti y Rosenkrantz, con el agregado de equiparar, al ponderar la trayectoria, la experiencia del profesional independiente con la del funcionario judicial, poniendo fin a la postergación sistemática que hoy tienen los abogados/as de la matrícula que aspiran a ser designados en la justicia. Es imperioso modificar el Reglamento de Concursos. Nos comprometemos a defender el respeto sustancial del orden de mérito y a limitar los márgenes de discrecionalidad que puedan desvirtuar los resultados de los exámenes técnicos. Asimismo, promoveremos la publicidad y trazabilidad de todas sus etapas, sobre la base de criterios objetivos y previamente establecidos.
2. Independencia judicial y responsabilidad de los magistrados Defenderemos a los jueces frente a toda presión política, económica, corporativa o de cualquier otro origen. Al mismo tiempo, promoveremos el efectivo cumplimiento de los deberes propios de la función. Independencia y rendición de cuentas son condiciones complementarias para el adecuado ejercicio de la función judicial. Promoveremos, asimismo, la postergada sanción de un Código de Ética Judicial, y procedimientos disciplinarios eficaces ante su incumplimiento, sujetos a plazos razonables y que eviten la paralización injustificada de las denuncias.
3. Defensa del ejercicio profesional y calidad del servicio de justicia La representación de la abogacía debe llevar al Consejo la experiencia de quienes utilizan cotidianamente el sistema judicial. Nos comprometemos a defender el ejercicio profesional y a promover respuestas frente a las demoras, dificultades de acceso, problemas de comunicación y demás obstáculos que afectan el funcionamiento de los tribunales. Defender a la abogacía es también trabajar por una Justicia de mayor calidad. Para ello, mantendremos una vinculación permanente con los colegios, asociaciones y demás instituciones representativas de todo el país, articulando una acción coordinada que permita expresar las distintas realidades del ejercicio profesional y fortalecer la participación institucional de la abogacía
4. Rendición de cuentas. Nos comprometemos a hacer públicas nuestras posiciones y votos en los asuntos institucionalmente relevantes, explicar los criterios que los sustentan y rendir cuentas periódicamente ante la abogacía.
5. Evaluación del desempeño judicial. Una Justicia de calidad debe rendir cuentas y permitir una evaluación objetiva de su desempeño. Promoveremos la producción y publicidad de estadísticas e indicadores que permitan conocer el funcionamiento de los tribunales, evaluar sus resultados, identificar problemas y contribuir a mejorar el servicio de justicia.
6. Modernización de la gestión. Promoveremos la mejora de la conectividad, el equipamiento y los sistemas de gestión, así como la incorporación responsable de tecnologías, herramientas de automatización e inteligencia artificial, sujetas a criterios de transparencia y supervisión humana. La modernización debe simplificar procedimientos, facilitar el seguimiento de los trámites y reducir los tiempos de respuesta, sin convertirse en una barrera para el acceso ni sustituir la presencia efectiva de magistrados y funcionarios y la atención que deben brindar los tribunales.
7. Formación judicial de excelencia, abierta y plural Promoveremos una formación judicial de excelencia, abierta, plural, federal y accesible, basada en estándares académicos exigentes y orientada a fortalecer las capacidades necesarias para ejercer la función judicial con independencia, integridad, eficiencia y responsabilidad, y abierta a la participación y articulación con las instituciones de la abogacía de todo el país.
