Los sindicatos docentes se plantaron de entrada por la negativa. UPCN y ATE, dispuestos a discutir correcciones. Quiénes todavía no muestran las cartas.
Primera reunión de la Comisión de análisis previsional que integran el Ejecutivo, la Legislatura y los gremios estatales.
Tras el debut de la comisión especial que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro, destinada a evaluar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, los gremios estatales adoptaron distintas estrategias para defender sus intereses. Coincidencias y diferencias en el juego de cada sindicato muestran que la comisión es el preámbulo de la reforma previsional en ciernes.
La representación de los sindicatos estatales UPCN y ATE, docentes de Amsafe y municipales de Festram ocupan una silla fija en la comisión creada por ley hace una semana, que también definió que las 16 organizaciones que se quedaron afuera podrán designar un asistente habilitado a participar de los encuentros de la comisión. Por ejemplo, el martes de la semana próxima irán UDA y el Colegio de Magistrados.
El gremio docente del sector público nucleado en Amsafe y del sector privado en SADOP se plantó con la postura de que no debería cambiarse nada del actual régimen previsional. Nada es nada, ni una coma. Sostienen que cualquier modificación irá en contra de los actuales activos. “El gobierno no tiene que ajustar a los trabajadores, sino reclamar al gobierno nacional que envíe todos los recursos”, sintetizó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe.
Ambos gremios obturan cualquier discusión respecto del cambio en la edad jubilatoria y afirman que si el gobierno avanzase va a afectar derechos adquiridos. Alonso apuntó contra el déficit de la Caja, que es el argumento central por el cual el gobierno de Maximiliano Pullaro abrió la discusión. Para el dirigente docente es “momentáneo y se debe a los incumplimientos en los pagos que debe hacer la Nación” y que no está haciendo.
AMRA y Siprus, representantes de médicos y otros profesionales de la salud, mantienen una postura similar. No quieren discutir el sistema previsional en el actual contexto político. “Con Pullaro en la gobernación y Javier Milei en la Nación, nada bueno puede salir para los trabajadores”, afirmó un sindicalista. A su vez, critican que se pretenda instalar que hay que tomar como modelo los sistemas previsionales de otros países, ya que “las condiciones de vida en España o Francia son muy diferentes”.
ATE y UPCN están más abiertos al debate y cuidan los posicionamientos ante la iniciativa del gobierno. “Los principios de la ley (que creó la comisión) son puntos consensuados, como mantener la Caja de Jubilaciones en la órbita del Estado provincial y el sistema de reparto y solidario”, explicó Jorge Molina, secretario general de UPCN. Con esa tónica, el segundo sindicato provincial en cantidad de personas afiliadas encara el debate que se viene.
ATE plantea que ninguna reforma puede significar un retroceso en los ingresos de los trabajadores. La aclaración refiere a una de las alternativas que se baraja en la Casa Gris: acordar una suba de los aportes jubilatorios de los trabajadores y trabajadoras en actividad.
Sobre este punto, Molina de UPCN manifestó que está de acuerdo con “un aporte progresivo: a mayor jubilación, mayor aporte”, pero está “en contra de establecer topes” a las jubilaciones más altas, que es otra medida que el gobierno tiene en carpeta y que apunta en mayor medida al personal judicial, ya que por ley de enganche y el 82% móvil hoy se pagan haberes jubilatorios que pisan los 8 millones mensuales.
Sobre la edad jubilatoria, el mandamás de UPCN entiende que se podría charlar mientras no impacte a corto plazo, es decir en aquellas personas a las que les queda poco tiempo para retirarse.
“Hubo ciertas liberalidades en los regímenes de compra de servicio, de anticipar jubilaciones, entró mucha gente al sistema sin tener los años de edad o los años de aporte. Tenemos que hacerlo muy estricto, los futuros jubilados deberían cumplir con eso, respetar las edades y los aportes”, lanzó Molina. Un comentario que no pasará desapercibido para otros gremios, en especial aquellos que tienen regímenes especiales, como docentes y policías (que no están agremiados).
En todo el arco sindical le exigen al Ejecutivo mayor vehemencia en el reclamo de la deuda que tiene la Nación. De hecho, ese planteo de respaldo al reclamo de Santa Fe a la Casa Rosada se introdujo en el dictamen de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputadas y Diputados santafesina al tratarse la creación de la comisión que elaborará el informe de situación y sustentabilidad del sistema previsional.
Hay coincidencias en que, en caso de que la deuda se saldara, resolvería gran parte del rojo que tiene la Caja. “Que el Estado pague sus deudas, ¿por qué todo el peso debe recaer sobre los trabajadores? No es justo”, se quejó un gremialista.
Se estima que el 70% del déficit se debe a lo que no paga la Nación a pesar de los convenios asumidos. Los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández pagaban mal y con atraso, por lo que Santa Fe, al igual que otras provincias, hizo una presentación ante la Corte Suprema. Ahora, Javier Milei directamente eliminó los adelantos mensuales a cuenta. Sobre esta nueva realidad el gobierno de Pullaro aún no accionó.
Judiciales y Luz y Fuerza, que son los dos subsectores más deficitarios (están entre los sueldos y las jubilaciones más altos), prefieren mantenerse alejados de la discusión pública y eligen el silencio. La Asociación del Personal Legislativo (APEL) no se cierra a la posibilidad de que se produzcan modificaciones, pero la dirigencia afirma que hasta que no haya nada concreto, prefiere no adelantar su posición.