La Legislatura creó la comisión que redactará el informe sobre el sistema jubilatorio, pero no redactará la ley. El papel del PS. Gremio en pie de guerra.
La socialista y presidenta de Diputados, Clara García, y el gobernador Maximiliano Pullaro.
El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó un casillero en el camino a la reforma del sistema previsional de Santa Fe. La Legislatura transformó en ley la comisión que elaborará un informe sobre la “sustentabilidad del régimen previsional”. Conformidad en Unidos, acompañamiento de casi todo el peronismo y rechazo en los gremios.
La Cámara de Diputados podó y rearmó la media sanción que le había llegado del Senado. El proyecto del senador Joaquín Gramajo que tenía el visto bueno del Ejecutivo y salió con amplio apoyo de la Cámara alta, se estancó en la cámara revisora.
El radicalismo quería aprobarlo rápido, pero al socialismo no lo convencía que un asunto tan delicado como la redacción de una reforma previsional, donde se juegan derechos laborales, conquistas históricas de los sindicatos y lleva implícita la posibilidad de conflictos de relevancia, quedara en manos de una comisión ampliada.
Finalmente se le dio un giro de 180 grados al texto y en una sola jornada la Cámara baja aprobó las modificaciones -con 37 votos positivos, 5 abstenciones y 3 negativos- y minutos más tarde el Senado -por unanimidad- le dio la sanción final. El espíritu de la ley cambió y esta ley ya no habla de la “necesidad de reformar” la Caja sino, la “necesidad de abordar el análisis del régimen previsional” y que se debe garantizar “la permanencia de la Caja” en la órbita del Estado provincial. Por otra parte, se respalda de forma explícita al Ejecutivo para que exija la cancelación de la deuda acumulada por la Nación.
Tras el paso por Diputados, la comisión mutó de ser una ámbito con potestad de redactar el texto reformador del régimen previsional a una comisión que tendrá como objetivo la elaboración de un informe respecto a la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones. Será el ámbito que recogerá la opinión de todos los sectores involucrados.
El déficit que viene acusando fue el caballito de batalla de Pullaro y sus funcionarios durante las últimas semanas cada vez que se referían al tema. “La Caja este mes va a tener $40.000 millones de déficit con el pago de aguinaldos”, aseguró el gobernador y luego agregó que eso equivale a “40 kilómetros de ruta o son ocho escuelas que no vamos a construir en la provincia”.
La comisión estará conformada por seis senadores, ocho diputados, cuatro representantes del Ejecutivo y cuatro integrantes de los gremios “garantizando la representación de los diferentes sectores y actividades del sector público provincial”. Este último punto fue uno de los principales reproches de la oposición al oficialismo. En la centro izquierda y el PJ afirman que con solo cuatro lugares no iban a estar representados todos los sindicatos. La justicialista Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas y Miguel Rabbia se abstuvieron, en parte, por esta cuestión, mientras que el resto del espacio votó a favor.
El cuerpo estará comandado por los presidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Senadores, Rodrigo Borla, y de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. Serán los encargados de conducir el proceso que lleve a la redacción del documento para elevarlo al Ejecutivo en el plazo de 45 días (que pueden ser prorrogables), Una vez que eso ocurra, la pelota quedará en manos del Ejecutivo y los acuerdos que se logren en Unidos, quienes deberán redactar el texto de reforma para mandar a la Legislatura.
Desde el primer momento la mayoría de los gremios rechazaron el intento de modificar el régimen previsional. Hubo movilizaciones y expresiones públicas, fundamentalmente desde los sindicatos docentes y de la salud. ATE, UPCN y otros gremios que representan a las otras ramas de trabajadores del Estado, se quejan de que Pullaro genera incertidumbre imponiendo el tema sin dar precisiones. Sin embargo, no se oponen de lleno y prefieren ser cautelosos a ver qué cambios propone el gobierno.
"El gobierno provincial, en vez de reclamar fuertemente a la Nación que envíe lo que corresponde, intenta hacer una modificación en el régimen jubilatorio que indudablemente va a tener una repercusión altamente negativa en los derechos de los trabajadores", declaró este jueves Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, en una nueva movilización gremial a la Legislatura.
La vicegobernadora se quejó de la postura de los sindicatos y los mandó a estudiar. “Son los gremios que tienen dificultades para leer y comprender texto, por eso los mando siempre a la escuela a los gremialistas, tienen problema para entender de qué se trata”, afirmó Gisela Scaglia, horas antes de que se vote el proyecto.