El video de un presunto cobro de coimas apunta a Julieta Gamarra y salpica a funcionarios judiciales. Desgaste y operaciones. El espejo del jefe de gabinete.
Julieta Gamarra, la fiscal anticorrupción señalada en Chubut.
Un supuesto caso de corrupción sacude al Poder Judicial de Chubut. Un video viral del pago de una presunta coima puso a la fiscal anticorrupción Julieta Gamarra en el ojo de la tormenta. Entre denuncias y pedidos de vindicación, el caso implica a un abogado de doble rol y salpica al procurador y a su sobrino, subsecretario de Justicia provincial.
La polémica que nace de un video filtrado, como el de Manuel Adorni en su viaje en avión privado a Punta del Este, devuelve una especie de reflejo del escenario nacional: el desgaste de una “nueva política” señalada de mimetizarse con prácticas del pasado, y denuncias de operaciones internas pergeñadas para limar.
La escena, que con distintos grados de edición más o menos sensacionalista pululó por teléfonos y redes, muestra al abogado defensor Martín Castro recibiendo fajos de billetes -$12 millones, según surge de las conversaciones- de parte de la madre de un imputado, Pablo “Chavo” Ferreyra, que busca acordar en un año la pena de su hijo.
“¿Gamarra pidió 12?”, pregunta la mujer mientras saca el dinero de su mochila. “Doce”, responde el hombre, que a medida que recibe los fajos, los guarda en una bolsa de residuos. La conversación discurre sobre la denominación de los billetes y otros asuntos circunstanciales. “¿Yo puedo confiar en que (la pena) quede en un año?”, pregunta la mujer, y responde el hombre: “Sí obvio, sí. A mi no me va a dejar en banda”.
Toda la secuencia está grabada con una cámara que la acompañante de la madre de Ferreyra parece ocultar. El pago, según trascendió, fue registrado en 2005, cuando el Chavo Ferreyra enfrentaba cargos por liderar un violento ataque contra policías en Trelew. Según reportó en su momento el diario Jornada, el defensor acordó la pena con la fiscal Gamarra y la jueza Mirta Moreno lo condenó a un año de prisión efectiva.
La viralización del video generó un impacto con onda expansiva. Gamarra, jefa de la unidad contra delitos de la administración pública, se puso a disposición de la Justicia y solicitó su vindicación, la figura que obliga a todo funcionario sospechado de participar de un delito a presentarse para que lo investiguen.
Pero no solo la fiscal apeló al manual de crisis: el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, también se vindicó luego de presentarse en la Fiscalía de Trelew, donde pidió que se lleve adelante una investigación completa, incluso sobre su persona.
La decisión del jefe de los fiscales guarda relación con uno de los nombres que aparecen mencionados en el video: Rodrigo Miquelarena su sobrino. Subsecretario de Justicia del gobierno provincial, compartió estudio con el defensor Martín Castro y, según dan cuenta medios locales, está en pareja con la fiscal Gamarra.
“Celebro la decisión de los funcionarios de vindicarse para que se conozca la verdad. Hicieron lo que tenían que hacer”, dijo por su parte el gobernador Nacho Torres, luego de volver al país tras participar del Argentina Week.
En el video “claramente se ve a un defensor, el doctor Martín Castro, que está recibiendo una cantidad de dinero”, describió la fiscal ante la prensa, luego de ponerse a disposición de la justicia.
“Queda como si ese dinero fuera para mí”, continuó, antes de solicitar que se le tome testimonio a la madre de Ferreyra y a Castro. Sobre el abogado, siguió: “Les dijo, dame más plata porque lo pide la doctora Gamarra. ¿Para qué? Para cobrar una suma claramente abultadísima de honorarios”.
Por su parte, Castro rápidamente despegó a la fiscal de la acusación y admitió el cobro, aunque alegó que se trataba de sus honorarios, en una defensa que expone zonas grises del sistema judicial chubutense.
“Yo no estaba actuando como funcionario público, estaba actuando como defensor particular, fuera de mi horario de trabajo en la Fiscalía de Estado”, dijo en una entrevista el abogado privado y funcionario público.
El expediente en curso investiga la figura del “cohecho”. El avance de la causa se determinará, o no, si la fiscal anticorrupción fue corrompida.
El paralelismo con Manuel Adorni no es caprichoso. El jefe de gabinete, que hizo de la lucha contra la casta su marca registrada, quedó bajo la lupa por subir a su esposa al avión presidencial para que lo acompañara en su gira neoyorquina y por viajar a Punta del Este en un avión privado, acompañado por su familia y por un amigo que tiene un programa en la TV Pública, un organismo bajo su órbita.
En el modo Adorni destaca la velocidad con la que los cuadros de la renovación política naturalizan las prácticas que antes denunciaban desde el llano. “No fue un delito, fue un error”, reiteró el exvocero de Javier Milei, que primero tildó las fotos y los videos de fakes y después apeló a una operación orquestada desde el propio Gobierno: “Está claro que tenemos un problema interno”, reconoció.
Castro denunció que el audiovisual se realizó con la intención de generar un escándalo. "Todos sabemos que es una operación para perjudicar a los Miquelarena", postuló el abogado, y denunció que el objetivo era un ataque de tintes políticos “para afectar a funcionarios de la Justicia en un contexto donde la fiscal tiene causas de alto impacto público”.
Inocentes o culpables, al igual que el de Adorni el affaire Castro-Gamarra recordó que en la política la imagen puede ser más letal que el expediente, y que ciertos modos son caldo de cultivo para que cualquier escándalo escale a crisis de confianza.
El fajo de billetes en la bolsa de residuos es a la Patagonia lo que el viaje de placer con aparente logística pública es a la Casa Rosada: la estética de un privilegio que la nueva política no parece dispuesta a resignar.