El gobernador bonaerense cuestionó la decisión judicial que dejó vigente la derogación de los límites para adquirir campos por capitales extranjeros.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fallo que dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales y sus restricciones a la compra por parte de extranjeros.
“El fallo de la infamia”, tituló Kicillof un mensaje publicado este miércoles en Twitter. Allí sostuvo que la resolución constituye “una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular” y vinculó el pronunciamiento judicial con el debate político que se produjo meses atrás alrededor de la extranjerización de tierras.
El mandatario recordó la movilización realizada el 6 de agosto frente al Congreso contra el capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que modificaba el régimen vigente. Antes de la sesión, el oficialismo retiró ese apartado al comprobar que no reunía los votos necesarios para aprobarlo en el Senado.
“Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó Kicillof. El gobernador aseguró además que la decisión busca “legalizar la entrega y el saqueo”, una interpretación política del fallo que contrapuso con la posición del Gobierno nacional.
El dirigente peronista también apuntó contra el presidente Milei y cuestionó su discurso sobre la soberanía de las Islas Malvinas. “Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’”, escribió, y aseguró que detrás de la política oficial existe el propósito de “entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”.
La resolución del máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. La disposición había derogado la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establecía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La causa había sido promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que planteó que la derogación del régimen podía afectar la soberanía nacional. La Corte Suprema consideró que la organización no acreditó la legitimación necesaria para impulsar el reclamo y sostuvo que no existía un perjuicio concreto que habilitara esa acción judicial.
Como consecuencia del fallo, volvió a quedar vigente la derogación de las restricciones específicas contempladas por la Ley de Tierras Rurales. Entre otros puntos, esa norma fijaba un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y establecía topes adicionales por nacionalidad y por propietario.
La decisión reactivó la discusión política que había atravesado el Senado durante agosto. El proyecto oficial de propiedad privada contemplaba originalmente una flexibilización de los límites a la compra de tierras, pero el capítulo fue retirado tras la resistencia de bloques opositores y aliados del oficialismo. Finalmente, la iniciativa obtuvo media sanción sin esas modificaciones.
Kicillof cerró su publicación con la consigna “Argentina para los argentinos” y ubicó el fallo dentro de su confrontación con la política económica y territorial del gobierno de Milei. La resolución de la Corte Suprema, mientras tanto, abrió un nuevo capítulo de la disputa sobre el alcance de la propiedad extranjera de tierras rurales y los mecanismos para regularla.
