La Defensoría del Pueblo expuso las áreas en las que se concentran las quejas que anticiparon el clima electoral. Las tarifas y las escuelas, en foco.
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.
Un informe de la Defensoría del Pueblo Río Negro reveló el malestar de la ciudadanía con algunas patas de la gestión de Alberto Weretilneck y puso en foco en el funcionamiento de la salud, la situación de las escuelas y las tarifas de los servicios públicas en esa provincia de la Patagonia.
La presentación de un Informe Anual de Gestión 2023-2024 expuesto por la titular de la defensoría, Adriana Santagati, en la Legislatura provincial mostró una radiografía incómoda en diagnósticos malos como la salud pública y obra social provincial, que encabezaron las quejas de los rionegrinos.
El informe que la Defensora procesó 5.216 reclamos con un 95% de eficacia. Detrás de esa cifra, aparece el dato más demoledor para el oficialismo. El área de salud pública concentra el 19% de los problemas reportados por los ciudadanos. En medio de la crisis económica de la provincia, hay otro sector del Estado que acumule tal nivel de malestar social y demandas sin respuesta.
Las quejas no son abstractas y tienen urgencias que afectan la vida de miles de personas, ya sea en demoras de la entrega de medicamentos crónicos y oncológicos, falta de prótesis, insumos quirúrgicos que no llegan y hospitales donde los recursos son insuficientes. Santagati señaló que las restricciones presupuestarias y la falta de previsibilidad en la cadena de suministros están erosionando la capacidad del sistema sanitario para garantizar derechos básicos.
El Instituto Provincial del Seguro Médico (Ipross), además, atraviesa un deterioro sin precedentes. El organismo admitió una caída en el nivel real de cobertura de medicamentos, ubicado entre el 9% y el 11%, lejos del 50% que establece la Ley 2.753.
Pero el problema no termina allí, las autorizaciones tardan, los trámites se traban, las prótesis no se entregan y la obra social estatal se vuelve un laberinto administrativo que golpea especialmente a jubilados, trabajadores estatales y pacientes crónicos. Santagati dijo que la obra social dejó de ser un respaldo y se transformó en un factor de incertidumbre.
El apartado de Salud Mental profundiza aún más el diagnóstico. De 461 internaciones registradas, 414 fueron involuntarias y 120 correspondieron a niñas, niños y adolescentes, muchos con episodios vinculados a riesgos autolesivos.
Para la Defensoría, ya no se trata solo de un problema sanitario, sino de un conflicto grave en materia de derechos humanos. La finalización del proceso de cierre de la clínica Valle Sereno fue uno de los pocos avances destacados en un área que muestra señales de alarma estructural.
En informe que funciona como una foto que, un año antes, anticipó el clima que derivó en las elecciones de octubre. La Defensoría también recibió un fuerte volumen de reclamos por aumentos abruptos en las tarifas de la luz, gas y el agua. La combinación de desregulación nacional, falta de gradualidad y ausencia de criterios de equidad territorial derivó en subas que golpearon de lleno a hogares y comercios.
Las tarifas de gas aumentaron hasta 486% en algunos casos y el 56% de los reclamos en electricidad se concentró en facturación, segmentación y subas tarifarias. En el servicio de agua, casi la mitad de las quejas se originó en errores de facturación y fallas de control.
El organismo volvió a pedir una revisión del esquema tarifario y un sendero gradual que contemple la realidad socioeconómica y climática de la Patagonia, porque muchas de las facturas en servicios públicos son más altas que en Buenos Aires, cuando Río Negro es productor de energía.
El informe presentado por Santagati en el recinto legislativo, también alertó sobre problemas en educación, donde un relevamiento de 98 edificios escolares detectó fallas edilicias, problemas de calefacción, filtraciones y demoras insostenibles en mantenimiento. La Defensoría insistió en que las comunidades educativas reclaman respuestas concretas que no llegan.
La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) también viene reclamando que los establecimientos educativos presentan graves problemas edilicios, cuestión que por ahora el Gobierno no atendió ampliamente y solo lo hizo en escuelas donde concentraron los mayores reclamos como en Bariloche y Cipolletti.
El informe de la defensoría suma denuncias por estafas digitales, débitos indebidos y créditos no solicitados que afectan a consumidores rionegrinos, en un contexto de debilitamiento general del control del Estado y en materia ambiental, la situación tampoco es secundaria, porque la Defensoría tuvo que intervenir ante conflictos mineros, problemas de saneamiento y la crisis por influenza aviar en Punta Bermeja.