El senador fue acusado de ser jefe de una asociación ilícita. La audiencia continuará este miércoles con la posibilidad de que declare el sanlorencino.
El senador Armando Traferri entra a la sala de audiencia en el Centro de Justicia Penal.
Hernán Funes - Cadena 3El senador Armando Traferri fue imputado este martes por varios delitos relacionados con el juego clandestino en la provincia de Santa Fe. Según la imputación de los fiscales intervinientes, el legislador por San Lorenzo era quien orquestaba la protección para una organización que gerenciaba dicha actividad.
La lista de delitos que le imputaron al cacique del peronismo santafesino es larga: jefe de una asociación ilícita, organización y explotación de juegos de azar ilegales, tráfico de influencias agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo -es decir, recibir coimas- y peculado. El senador sostiene, desde que comenzó la causa, que es víctima de una persecución político-judicial organizada por, entre otros, Marcelo Saín: “Soy un objetivo valioso, como no podían ganarme en una elección decidieron afectarme con métodos ilegales”, llegó a decir.
Quienes tuvieron a su cargo la acusación en la audiencia que presidió la jueza Eleonora Verón, fueron las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato y el fiscal José Luis Caterina. Traferri estuvo presente en la audiencia, acompañado por sus defensores Oscar Romera y Juan Murray, quienes comandaron el operativo para correr a los anteriores fiscales Matias Edery y Luis Schiappa Pietra, de quienes Traferri siempre sospechó por considerarlos parte de una persecución política-judicial.
Según lo que sostuvieron los fiscales en la audiencia, Traferri tenía bajo su mando una organización destinada a dar cobertura al juego clandestino y ocultar las ganancias del mismo, asegurando protección tanto política como judicial. Para la versión de los fiscales, el sanlorencino había logrado infiltrar a la fiscalía regional de Rosario y había sido también quien fungió de nexo para unir a Leonardo Peiti -apodado “zar del juego clandestino”- con figuras del Ministerio Público de la Acusación.
La teoría del caso que presentaron los fiscales postula una división del trabajo dentro de la organización. Así las cosas, sostienen que Peiti se encargaba de la gestión de los juegos de azar, Traferri de la recaudación a nivel político, y los malogrados fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad y el empleado judicial Nelson Ugolini se hacían cargo de la cobertura judicial. Además, mencionaron a varias personas -en donde se destaca el exdiputado Dario Scataglini o el excorredor de Fórmula 1 Oscar “Popi” Larrauri- como quienes “ocultaban o disimulaban” el origen del dinero.
Los representantes del MPA sostuvieron en la audiencia que las finalidades de la asociación ilícita cuyo liderazgo le endilgan a Traferri son dos: uno, quedarse con parte del dinero ilícito que generaba la red de juego clandestino. El otro, obtener una licencia para explotar el juego online en la provincia, una industria que Peiti explota en otras provincias y en el extranjero. Un detalle: la fiscalía sostiene que el senador buscó mantener un control político del tema a través del control que ejercía en la comisión bicameral que se encargaba de estos menesteres.
La imputación al poderoso cacique del peronismo pudo ser posible gracias a la decisión que tomó en octubre del año pasado de solicitar su propio desafuero, lo que significó un cambio en su estrategia de defensa. Hasta ese entonces, Traferri se venía escudado en la protección especial que la Constitución Provincial le otorga a los legisladores, dado que dudaba de la imparcialidad de los fiscales Matias Edery y Luis Schiappa Pietra y se decía víctima de una persecución “político-judicial” por la que apuntaba a Marcelo Saín y, aunque no lo nombró nunca, al exgobernador Omar Perotti.
Incluso, luego de que el Senado rechace el primer pedido de desafuero allá por 2020, los fiscales solicitaron a la Justicia que se declare inconstitucional el diseño de los fueros santafesinos. Traferri logró un falló del máximo tribunal santafesino a su favor, pero el tema escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no resolvió. El que sí lo hizo fue el procurador general, Eduardo Casal, en un dictamen que no fue muy alentador para el senador.
Sin embargo, el tema devino abstracto cuando Traferri sorprendió al pedir su propio desafuero, tres años después. La movida fue leída como un contraataque aprovechando la caída en desgracia de los fiscales que lo investigaban, principalmente Edery, quien fue acusado por dos de sus compañeros fiscales -Pablo Socca y Miguel Moreno- por filtrar información y omitir denunciar hechos ilícitos. El fiscal fue corrido de sus causas y terminó investigando accidentes de tránsito. La causa que investiga a Traferri quedó en manos de las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato.
La causa surgió a partir de la investigación a una célula de Los Monos, la banda narcocriminal que responde a la familia Cantero, a la que acusaban por haber baleado al casino City Center, hecho en el que un apostador que había salido a fumar a un balcón terminó fallecido. En uno de los celulares que se incautaron se encontraron conversaciones que revelaban que la banda extorsionaban a Peiti para permitirle mantener sus garitos de juego clandestino y, a su vez, usaban sus contactos en el Ministerio Público de la Acusación.
A partir de allí, se abrió una nueva causa con el foco en Peiti, en donde se conoció que también pagaba sobornos a cambio de protección al jefe de los fiscales rosarino Patricio Serjal y al fiscal Gustavo Ponce Asahad, que terminaron detenidos. Fue en ese marco en el que Peiti declaró en calidad de arrepentido y sostuvo haberle dado unos US$250 mil dólares a Traferri en calidad de aportes a la campaña de Perotti. Ponce Asahad, quien ya había declarado, también había apuntado contra el senador sanlorencino. Traferri siempre acusó una operación orquestada por Saín.