Armando Traferri sorprendió a todos este jueves al anunciar que solicitará su desafuero para someterse a la investigación en la que está sospechado de ser parte de una red de juego clandestino, en la que es apuntado por recibir sobornos a cambio de proteger a un capitalista del juego ilegal. La novedad descolocó a la política santafesina porque el senador del departamento San Lorenzo no solo no había dado pistas en ese sentido, sino que en 2020 resistió y consiguió el apoyo de la cámara alta para que no le quiten los fueros que le dan inmunidad de proceso, es decir que ni siquiera se lo puedo investigar, a pedido de dos fiscales de Rosario.
La movida fue leída como una contraofensiva dada la situación que atraviesa Matías Edery, uno de los fiscales que encabezaron la investigación contra Traferri y solicitaron su desafuero y, cuando el Senado lo rechazó, fueron a la Justicia a solicitar que se declare la inconstitucionalidad de los fueros regulados por la Constitución provincial. A su turno, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el pedido de los fiscales. El tema espera aún la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ya hay un dictamen del procurador general Eduardo Casal poco alentador para el senador peronista.
Edery está en el ojo de la tormenta desde hace dos días, cuando en el marco de una audiencia imputativa contra una célula de Los Monos acusada de extorsionar a un comerciante, otros dos fiscales -Pablo Socca y Miguel Moreno- lo señalaron por filtrar información, omitir denunciar hechos ilícitos de su conocimiento y evitar compartir información con otros fiscales. La cuestión se conoció porque una de las acusadas, Mariana Ortigala, tenía chats de WhatsApp con Edery en uno de los celulares que se le secuestraron. Ortigala tenía diálogo con Edery en condición de informante, situación que había sido notificada a sus superiores. De todos modos, en la interpretación de esos chats, Socca y Moreno, enfrentados con Edery y su par Luis Schiappa Pietra, entienden que exceden el vínculo aceptable de un fiscal con una informante y por eso lo expusieron en la audiencia imputativa, a pesar de una orden previa de la jefa común, la fiscal regional María Laura Iribarren de no lo hagan porque ponían en riesgo tanto a la informante como al fiscal.
Ortigala -también acusada de ser testaferro del líder criminal “Guille” Cantero- no es la única involucrada en la causa, ya que también fue detenida Lorena Córdoba, quien estuvo involucrada en la misma causa de juego clandestino. Córdoba es viuda del “zar del juego” de Rafaela, David Perona, un protagonista de dicha investigación y socio de Leonardo Peiti, el capitalista del juego que se arrepintió y declaró ante la justicia involucrando, entre otros, a Traferri.
Dadas las relaciones descriptas y el nexo probado entre Ortigala y Edery, algunos en los pasillos de los tribunales comenzaron a barajar la posibilidad de que se vea afectada la causa por el juego clandestino. En ese contexto es que Traferri -también impulsado por su reciente victoria en las elecciones que le aseguró su quinto mandato en el escaño que hoy ocupa- presentó el pedido a sus colegas senadores para que lo liberen de sus “fueros de proceso” y así “demostrar mi inocencia” y “poner en evidencia a los que en vez de cuidarnos estaban espiando y armando causas y carpetazos”.
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La referencia que hizo Traferri en su pedido al Senado es para “funcionarios de los más altos rangos del Poder Ejecutivo y del MPA” que “montaron un aparato de inteligencia ilegal para desprestigiarme”, un misil teledirigido al exministro de seguridad del gobernador Omar Perotti, Marcelo Saín, quien encabezó la cruzada en su contra y luego fue acusado como organizador de una estructura de espionaje ilegal enquistada en el Estado provincial. “Hace casi tres años sufro una persecución político-judicial”, dijo el senador, pero “no les sirvió porque la opinión pública le ganó a la opinión publicada”.
Según relató, “en un primer momento me puse a disposición de los fiscales para aclarar el malentendido, pero fueron ellos quienes no quisieron tomarme testimonio”. “Con el correr de los días fui notando algo más, pero no lograba identificarlo, hasta el estallido de la causa de espionaje, gracias a lo cual pude comprender de manera cabal qué pasaba”. “Con esa información, me sentí preparado para contar mi verdad, pero venía el acto eleccionario”, contó. “Soy un objetivo valioso, como no podían ganarme en una elección decidieron afectarme con métodos ilegales”.
En su alocución, Traferri mencionó que “Maximiliano Pullaro era también uno de los blancos de esta asociación ilegal, de este grupo de tareas de inteligencia” pero criticó a dos aliados del gobernador electo. Sin mencionarlos, tuvo palos para el radical rosarino Jorge Boasso -”No hago demagogia como algunos candidatos que decían que renunciarían a los fueros”- y para Iván Ludueña, el candidato de Pullaro que buscó destronarlo en San Lorenzo: “Hubo indignos que quisieron hacer campaña a caballo de la persecución judicial”.
El pedido de Traferri fue girado a las comisiones de asuntos constitucionales y juicio político del Senado y se espera será tratado en los próximos días. Tras su intervención en la sesión, el senador sanlorencino recibió lo que parece ser un mensaje público del pullarismo, de parte de su par Lisandro Enrico -uno de los principales laderos del gobernador electo-: “Es muy valorable la actitud que toma Traferri, le hace bien a él como senador, de poder ir a la justicia y dar la cara, y le hace bien al cuerpo, es un mensaje a la sociedad”.
