Trascendió por luchar contra el hampa, fiscales y políticos. Investigado por la Justicia por su relación con una informante, fue reubicado lejos de los flashes.
El fiscal Matías Edery pasó de perseguir el narcodelito en Rosario a investigar accidentes de tránsito.
Investigó y logró que se dictaran duras condenas contra miembros de las organizaciones delictivas más peligrosas de Rosario. En 2021, durante un juicio por balaceras, declaró que debía ir a comprar hasta la pizza utilizando chaleco antibalas: recomendación de sus celosos custodios, que no quería correr riesgos.
Matías Edery recibió amenazas veladas y otras directas. “Esto no va quedar así”, le advirtió en una audiencia Lorena Verdún, quien fuera la esposa del asesinado Claudio “Pájaro” Cantero, antiguo líder de la banda “Los Monos”. Su familia debió someterse a un régimen de protección incómodo. Gajes del oficio.
Persiguió a criminales, narcotraficantes, empresarios, policías, colegas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y hasta políticos con vasta trayectoria en Santa Fe. Su tarea lo llevó a convertirse en uno de los fiscales con más alto perfil en una ciudad atravesada por la violencia.
La parábola ascendente, sin embargo, se revirtió tras ser acusado de una indebida relación con una informante. Lo suspendieron y a su regreso le tenían preparada una silla dentro del MPA sin la exposición de otros tiempos: hoy es miembro de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos. Antes, el hampa; ahora, los accidentes de tránsito.
Edery planteó, al iniciarse el proceso en su contra, que sectores de la política, del entramado económico y de la propia Justicia trabajaron para correrlo de su lugar, lo que terminó por concretarse luego de que se abriera una investigación penal y un trámite disciplinario en su contra.
Tras una suspensión de cuatro meses que le aplicó la comisión bicameral en la Legislatura santafesina, fue reubicado en otra fiscalía. “Después de ese período comenzó su trabajo de manera normal”, explican desde el MPA de modo aséptico, tratando de restarle impacto a la situación.
Letra P intentó hablar con Edery, pero por ahora prefiere el silencio, dice que ya dijo todo lo que tenía para decir. Ahora espera que la causa penal en la que se lo acusa de prevaricato, encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y omitir investigar posibles delitos, trámite que llevan adelante dos colegas santafesinas –Bárbara Ilera y María Laura Urquiza–, se diluya por falta de sustento probatorio.
“Sé que no cometí ni irregularidad ni falta ni mucho menos delito. No seré humilde: estuve cinco años en investigaciones complejas y con una eficacia pocas veces vista”, aseguró en marzo pasado, en una entrevista con este medio.
Una de las causas más impactantes en la que trabajó Edery se inició tras el homicidio de un apostador en el casino City Center de Rosario, un mega emprendimiento que en algún tiempo perteneció en parte al empresario patagónico Cristóbal López.
Ese caso muestra un entramado complejo y profundo, en el que se suceden nombres resonantes del narcodelito, de la Justicia, de la policía y de la política. En la investigación surgen ataques, extorsiones, pago de coimas, delaciones y hasta el asesinato del apostador, episodios por los que fueron condenados, entre otros, Ariel “Guille” Cantero y el fiscal Gustavo Ponce Ashad. También espera juicio el ex jefe del MPA, Patricio Serjal, para quien se pidieron doce años de prisión por corrupción y por organizar una asociación ilícita. Aunque en ese trámite se persiguió al senador provincial del peronismo Armando Traferri, finalmente no se llegó a la imputación. Lo protegieron sus fueros legislativos. Edery y su colega Luis Schiappa Pietra pretendían acusarlo de ser integrante de la asociación ilícita que, entre otras cuestiones, se dedicaba a regentear el juego clandestino.
Traferri habló de intereses políticos. Acusó a los fiscales de seguir instrucciones del exministro de Seguridad de la provincia Marcelo Sain, una conducta que el senador peronista cree que era respaldada por el exgobernador Omar Perotti. Cuando Edery cayó en desgracia, a fines del año pasado, el legislador pidió que le quiten los fueros para que se lo investigue.
Mariana Ortigala participó en la organización delictiva que manejaba Esteban Alvarado, uno de los actores centrales del delito en Rosario. La mujer fue testigo clave para que se condene a su exjefe a prisión perpetua y luego terminó tributando para “Los Monos”, la banda rival. Ella era informante de Edery, una tarea que el fiscal, asegura, informó formalmente a sus superiores.
Los dos colegas del MPA que denunciaron a Edery aseguran que la protegía y que, además, no compartía información que ella le proporcionaba y que podría haber sido valiosa para esclarecer distintos delitos.
En los últimos días se autorizó una apertura parcial del teléfono móvil de Edery. Su defensa se opuso, aunque de todas maneras cree que la información que puedan colectar los investigadores terminará por exhibir que no hay pruebas en contra de su defendido y que la causa en su contra marchará hacia el archivo.
Mientras tanto, Edery continúa trabajando en causas viales y delitos culposos. Ni siquiera quedando libre de culpa y cargo tiene garantizado el regreso a su antigua oficina. Esa es una decisión administrativa que no está en sus manos. El respaldo institucional para investigar delitos complejos es clave. Hoy Edery no parece tenerlo.
Pero en el entorno del fiscal merodea otra duda, más honda, que apunta contra la actual política criminal que propone el MPA: la consideran dubitativa, evitando el avance contra las verdaderas estructuras de poder. En ese esquema, aseguran, quizás esté más cómodo atendiendo accidentes de tránsito.