Referentes de Llaryora se suman a la campaña de Abogacía Federal. El jefe del Colegio de Abogados mostró apoyo de organismos y universidades. Se vota el 20.
Juan Manuel Araoz y Eduardo Bittar, en campaña por la silla de la abogacía en el Consejo de la Magistratura
Juan Manuel Aráoz y Eduardo Bittar, principales aspirantes por Córdoba a las sillas de la abogacía en la futura conformación del Consejo de la Magistratura llegan a la última semana de campaña lanzados a la búsqueda de votos y con una agenda apretada, entre viajes y encuentros.
Aún con consignas comunes, vinculadas a la representatividad federal, con la provincia al centro de las propuestas, y similares apelaciones a incrementar el nivel de participación en los comicios, el recuento de adhesiones cosechadas permite hallar diferencias en las estrategias.
El intrincado escenario de alianzas, que difumina lecturas lineales, no permite una traslación directa entre la búsqueda y la cosecha final. Pero sí da pistas precisas sobre la paulatina separación de los caminos tomados por ambos.
En los primeros días de octubre Aráoz sumó kilómetros de recorrido, la mayoría de ellos por la provincia. La importancia del circuito lo ha motivado a redefinir itinerarios, priorizando encuentros en instituciones, públicas y privadas, fincadas en Córdoba.
Durante la semana visitó colegios de abogados del interior. Allí la distancia respecto de los centros de votación incide en la voluntad de aquellos habilitados para votar. “Pedimos permiso para hablar con colegas, no importa cuántos sean. Nuestra principal propuesta es que vayan a votar. Tenemos que superar el 20% de asistencia. De otro modo nunca vamos a poder revertir que sea la capital federal la que impone sus candidatos”, explica el secretario de Seguridad de la Provincia en uso de licencia.
También sirven como escenario las instalaciones de su Fundación Idear, donde entre semana recibió a representantes de la Asociación de Abogados Penalistas.
En paralelo, acumuló registros que certifican el cerrado apoyo que le brinda el peronismo que gobierna Córdoba, en particular a través de funcionarios de renombre.
Algunos lo acompañan desde el mismo momento en que confirmó su candidatura, como Ignacio Segura, el alfil de Martín Llaryora en toda rosca de la Justicia Federal. Como contó Letra P, su nombre sonaba para integrar la lista de Abogacía Federal. Sin embargo, el expresidente del Colegio de Abogados sigue en carrera para el vacante Juzgado Federal N°1.
Junto a él, otros dos expresidentes del Colegio, como Alejandro Tejerina, compañero de Segura en la interna de los letrados y exfuncionario provincial, y Héctor Fito Echegaray.
Otros acercaron posiciones, especialmente con los abogados identificados con el llaryorismo, como Juan Manuel Cid, funcionario del Banco de Córdoba e histórico operador peronista en Legislatura, Tribunales y el Ministerio Público Fiscal (MPF).
También allí, en el MPF, se juega por el extitular de la Justicia de Faltas de la Municipalidad. Por lo bajo, con el recaudo que amerita la ocasión, se invita a votar por Abogacía Federal.
Menos secreta fue la visita de Aráoz a la Legislatura. Previo a la sesión del miércoles, dialogó con la presidenta de la Unicameral, la vicegobernadora Myrian Prunotto, y con los legisladores del bloque peronista. Antes y después, la rosca incluyó a representantes de otros partidos.
El tercer nombre en la lista Unidad en Defensa de la Abogacía también recorre la provincia instando a acudir a las urnas. Como cada candidato para representar al interior, su primera acción apunta a persuadir a quienes no están decididos, o no están enterados, a sufragar el próximo 20 de octubre.
Como en campaña, prefiere no hablar de rosca y asegura que quiere evitar la politización de una elección que refiere a la representación de los intereses de la abogacía.
Trascartón, enumera los pedidos recibidos y las carencias que ha detectado en cada recorrido, puntualmente en la Justicia Federal. Muchos de ellos son compartidos con competidores, como la dificultad para obtener una matrícula federal que se asigna a sola firma en la Ciudad de Buenos Aires. Otros llevan tiempo sin respuesta formal, como la falta de sedes de Tribunales de Río Cuarto y Villa María.
No obstante, también admite la valía de acumular apoyos de peso institucional, difundidos a través de sus redes sociales.
Este jueves recibió a Eugenio Ribón Seisdedos, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, y a Ricardo Alonso García, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. El motivo fue la organización de dos cursos para matriculados en 2027. La ocasión sirvió para proyectar conclusiones sobre el ejercicio profesional, en un momento álgido para tal debate.
Horas antes había recibido el apoyo de Carlos Toselli, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, el hombre que destronó al peronista Pedro Yanzi Ferreyra tras 20 años de hegemonía.
Vale reiterar, las lecturas lineales se desvanecen al analizar las internas en los colegios profesionales. Aún así, se infieren otros alineamientos en la dinámica universitaria, más cercanos al oficialismo que al cordobesismo.
Para los próximos días espera la llegada a Córdoba de Ricardo Gil Lavedra, el factótum del espacio que lleva a Alberto Biglieri como cabeza. En el entorno compartido por ambos confían en la transmisión de las palabras, también las sugerencias, del exjuez que condenara a los genocidas del último golpe militar.
Cuidadosos en sus formas, Aráoz y Bittar aseguran que el buen vínculo que mantienen hace años no debiera alterarse por estas elecciones. Tampoco asignan relevancia a cuestionamientos o ataques que supuran las redes sociales.
Otra coincidencia sobrepasa la puja. Ambos cuentan los días para sentar en el Consejo a un representante de la abogacía cordobesa. El último ha sido Carlos Matterson, del Colegio de Bell Ville, por el cuatrienio 2018–2022.
Varias cosas han mutado desde entonces. El profundo desafío que supone la implementación de la Inteligencia Artificial es parte de las campañas proselitistas de todas las listas.
Otros cambios se han postergado más allá de lo previsto. En marzo de 2027 entrará en plena vigencia el Código Procesal Penal en la Justicia Federal de Córdoba. Para ese entonces, la nueva conformación del Consejo deberá haber brindado respuestas a otros compromisos asumidos en campaña.
