En la nota titulada La violencia desatada de Javier Milei: ¿qué hace la política democrática para frenarla?, Juan Rezzano se preguntaba, con pertinencia, hasta cuándo se iba a seguir eludiendo la respuesta ante los ataques contra María Odonell, Julia Mengolini, Gabriela Pepe, Romina Manguel, a las que Javier Milei ha tratado con calificativos denigrantes, los que preferimos no reproducir para evitar la revictimización y de algún modo detener ese loop semántico lacerante que tanto complace al Presidente y a sus seguidores.
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La violencia de género contra mujeres periodistas es definida como las amenazas y el hostigamiento misóginos en redes sociales y la violación de la privacidad y seguridad digital, que las expone ante los más diversos riesgos. Se suma a las campañas de desinformación coordinadas que promueven otras formas de discursos de odio (UNESCO, Posetti et al. 2021, “The Chilling”. Tendencias mundiales en la violencia en línea contra las mujeres periodistas). En ese sentido, se las describe como toda acción de menosprecio, humillación y vergüenza; inducir miedo, silencio y retirada; desacreditarlas profesionalmente, socavar el periodismo de rendición de cuentas y la confianza en los hechos; y enfriar su participación activa (junto con la de sus fuentes, colegas y audiencias) en el debate público.
A su vez, tal como definen las Naciones Unidas, el discurso de odio es la utilización de expresiones ofensivas dirigidas a una persona o grupo basadas en características como la raza, el género, la religión o la afiliación política y que pueden alterar la paz social de una comunidad.
Ana Paola Zuban, de Red de Politólogas (@RedPolitólogas), señala que los discursos de odio se expandieron a partir de un giro particular dentro de los partidos de derecha o conservadores hacia finales de siglo XX, en el que el resentimiento de los sectores más golpeados por el ajuste económico neoliberal operó como caldo de cultivo de un malestar dirigido a las minorías en la búsqueda de culpables para sus penurias, en una maniobra inteligente de los sectores concentrados para invisibilizarse, revictimizando a las víctimas de sus propias políticas.
— Radio Continental Córdoba (@ContinentalCba) May 26, 2025
Pero las mujeres periodistas no son el único blanco del gobierno argentino, que no tolera ninguna voz disonante, diversidad de opiniones o la expresión de la más mínima crítica. Es tal el grado de esa intolerancia, que ha pasado de la diatriba discursiva a la persecución judicial, y así lo ha concretado con querellas por calumnias e injurias a periodistas tan diversos en sus pensamientos como Carlos Pagni, Ari Lijalad y Nicolás Lantos.
Al mismo tiempo, pone en evidencia su doble vara y su flagrante contradicción: mientras emiten exabruptos ofensivos, discriminatorios y cargados de violencia, ni el Presidente ni su séquito soportan la más mínima observación. Insólita regresión al absolutismo monárquico, que pergeñó instituciones jurídicas como la censura y que negaba la existencia misma de la libertad de expresión como posibilidad y derecho. Triste contradicción de un gobierno que ignora y vilipendia la vigencia misma de la Constitución Nacional.
Según un informe de Chequeado.com, el Presidente Milei, en no más de 16 meses de mandato, ha propinado la friolera de 1.051 insultos, en un promedio de tres por día, en los que se destacan “zurdo, casta, mandril, enfermo, mierda o econochanta”. Además, en particular, se han destacado sus intervenciones alusivas a la pedofilia asociada a la homosexualidad o a la definición de la justicia social como una aberración, como un pecado, en el último discurso en la iglesia Portal del Cielo, establecimiento evangelista en la provincia de Chaco.
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Javier Milei, en Chaco: modo pastor y una nueva descarga de violencia discursiva.
¿Qué acciones son posibles ante la violencia sistemática de Javier Milei?
En primer lugar, no hay que perder la perspectiva del abordaje integral de la realidad porque, mientras se persigue a voces disidentes, se proscribe, se acalla, se persigue y encarcela, se ejecuta un macabro plan económico y se desalienta la participación política en los procesos electorales.
Así, se hace necesario constituir espacios y redes de contención de la violencia discursiva del Presidente y de sus adláteres, a efectos de amparar y solidarizarnos con las personas atacadas.
Estos espacios deberían estar integrados por representantes del periodismo, de organismos e instituciones de defensa del pueblo, integrantes de las comisiones parlamentarias de libertad de expresión y derechos humanos, representantes institucionales de las universidades públicas nacionales, medios de comunicación y sindicatos. Como en los años ochenta, en plena dictadura, las víctimas del terrorismo de Estado se agruparon alrededor de los organismos de derechos humanos, hoy no hay otro camino que replicar aquella experiencia. Hay que visibilizar esta demanda y evitar la naturalización de los discursos de odio. En los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem, también hubo una arremetida contra periodistas, medios y comunicadores populares. De allí nació la Asociación Periodistas, integrada por periodistas de las más disímiles pertenencias ideológicas.
En segundo lugar, esos espacios, en alianzas estratégicas con otras disciplinas y profesiones, deben contener instancias de asesoramiento para quienes son atacados y víctimas de violencia institucional. Hay que evitar que los damnificados experimenten la impotencia ante la violencia y que no haya respuestas legales que amparen sus derechos. Sabemos que en la estrategia de los violentos el objetivo es generar una respuesta similar o más agresiva. No hay que volver víctimas a los victimarios, ya que los discriminadores buscan en el espejo la naturalización de sus prejuicios y, en base a estas acciones, tapar con debates simbólicos el daño que causan sus políticas. En este sentido, tenemos presente nuestra pertenencia constitucional al sistema interamericano de derechos humanos y la posibilidad de presentaciones conjuntas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Desde el regreso a la democracia en 1983, con marchas y contramarchas, con debilidades y fortalezas, hemos podido construir un sólido marco normativo que no puede ser arrebatado de un plumazo con medidas regresivas y pérdida de derechos. Disponemos de diversos mecanismos jurídicos para detener e imponer responsabilidades ulteriores, tanto en lo penal como en lo civil, ante discursos de odio y discriminatorios, incluyendo la denostación agraviante por género, identidad y orientación sexual. Pero el Derecho suele llegar cuando el daño y las lesiones ya han sido consumadas y la reparación es muy difícil que remedie las aflicciones provocadas por mensajes, imágenes, audios o filmaciones que se viralizan, máxime si provienen de las más altas esferas gubernamentales. Aquellas que debieran asumir el rol de facilitadoras de la libertad de expresión se convierten en los mecanismos de persecución y control.
Por eso, atender este tema sólo desde una perspectiva jurídica no alcanza. Es solo un aspecto, por supuesto necesario e inevitable para mitigar el dolor y los daños, pero no es suficiente. En lo académico y en la generación de instancias protectorias, requiere de abordajes interseccionales, interdisciplinares y conjuntos desde el campo de la sociología, la psicología, la educación, la comunicación, las ciencias políticas, la historia y la antropología, por mencionar sólo algunos de los saberes desde los que encarar la problemática. Una vez consumado el odio, es difícil volver la página atrás.
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El atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, derivación dramática de los discursos de odio que Javier Milei legitima como herramienta política.
¿Hay mecanismos de prevención posibles para evitar los discursos de odio? Sí. Una pedagogía constante de la necesidad de construir y poner en práctica una comunicación responsable; una labor que requiere tiempo, compromiso, dedicación y constancia. Como nos lo han enseñado las Abuelas y las Madres. Como símbolo y enseñanza de que esto es posible, mientras escribimos estas líneas, las Abuelas anunciaron la restitución del Nieto 140.
¡ENCONTRAMOS al nieto 140! Convocamos a los medios a una conferencia de prensa para dar detalles sobre la feliz noticia. Hoy, a las 14 hs, en el auditorio de la Casa por la Identidad @espacio_memoria Av. Libertador 8151 Los y las esperamos.https://t.co/KNDDLzmrKppic.twitter.com/30UVeTYVrq
— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) July 7, 2025
Por último, es clave para enfrentar estos procesos la existencia de mecanismos de seguimiento o monitoreo de las acciones de estos grupos o individuos que promueven el discurso de odio. En este punto, creemos valioso que en ámbitos académicos se impulsen redes de investigadores que hagan el estudio de estas estrategias. No somos ingenuos, sabemos que “las derechas alternativas” que se imponen en el mundo intentan socavar la legitimidad de los gobiernos democráticos, impulsar rupturas institucionales y volver, paradójicamente amparados en el discurso de la libertad, a regímenes autoritarios. Las sociedades que han vivido estas experiencias traumáticas saben que ese camino conduce a más violencia y que, finalmente, las víctimas siempre son los sectores populares que pierden derechos, confundidos en el fragor de esta violencia simbólica.
