El autor advierte que el Gobierno acelera, en el año electoral, una guerra simbólica, institucional y económica contra el pueblo argentino.
Javier Milei en un tanque de guerra durante un desfile militar en Buenos Aires.
La llamada “batalla cultural” de Javier Milei pronto mutó en un combate reaccionario con impacto institucional. Ya no se trata de ideas enfrentadas, sino de personas señaladas, voces perseguidas y disenso criminalizado. El adversario político fue reemplazado por un enemigo interno a vigilar y neutralizar.
Esto no es una sensación ni una interpretación, se basa en acciones concretas realizadas por el Ejecutivo nacional.
En mayo, fuentes periodísticas revelaron que el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) habilita al Estado a vigilar expresiones en redes, medios y cultura bajo el pretexto de preservar la “confianza pública”. La ambigüedad normativa abre la puerta al espionaje preventivo y a la sospecha generalizada sobre toda crítica.
En junio se sumó el Decreto 326/993, que reformula el accionar de la Policía Federal sin aval legislativo. Debilita el control judicial y legitima el ciberpatrullaje, habilita acciones preventivas sin delito previo y consolida un nuevo modelo de vigilancia ideológica.
Este esquema profundiza la deriva autoritaria del gobierno y representa un quiebre democrático profundo. La vigilancia deja de ser excepcional para volverse permanente y la democracia se redefine como subordinación civil ante el poder punitivo del Estado.
Este viraje del aparato estatal viola abiertamente el Decreto 326/1993, que limita la injerencia de los organismos de inteligencia sobre actividades políticas, sindicales, sociales y culturales. Fue una conquista de la democracia argentina en los años posteriores a la dictadura militar. Un límite ético y legal. Sin embargo, la SIDE de Milei parece haberlo ignorado. En nombre de una supuesta “defensa de la democracia”, lo que se está implementando es una matriz de vigilancia sobre la ciudadanía.
Esta matriz opera tanto desde las instituciones como desde las redes sociales, con trolls, bots y cuentas anónimas organizadas para atacar, amedrentar y disciplinar. No son hechos aislados. Son parte de un ecosistema de cancelación política que incluye escraches públicos, ataques digitales, manipulación de algoritmos, desinformación masiva y operaciones de prensa. El objetivo es claro: eliminar la disidencia simbólica, política y cultural.
Los casos de Lali Espósito, Ricardo Darín, Ofelia Fernández o periodistas como Carlos Pagni, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, entre tantos otros, ilustran el mecanismo: una figura expresa su desacuerdo con el rumbo del país y en pocas horas es el blanco de una campaña de ataque, desprestigio y fake news. Desde funcionarios del Ejecutivo hasta trolls rentados, todos parecen cumplir un guión no escrito: borrar al otro del espacio público o, al menos, hacerlo dudar de su derecho a estar ahí.
Este proceso no ocurre en el vacío. Se da en un contexto donde el gobierno nacional deslegitima la justicia social como principio, impone un ajuste sin negociación, retrasa deliberadamente los salarios frente a la inflación, elimina instancias paritarias y se jacta de destruir el Estado como actor reparador. Así, impone un modelo económico que precariza mientras silencia, que ajusta mientras vigila. La libertad, tan declamada, parece haber sido reservada exclusivamente para el mercado. No para las personas.
En este escenario se inscribe la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena fue celebrada por el actual oficialismo como un triunfo del "anticasta", con los periodistas amigos escandalizados por las salidas al balcón de su casa, con foco en ella y no en el 77% de los condenados por crímenes de lesa humanidad que, según datos del Ministerio Público Fiscal, se encuentra bajo arresto domiciliario.
Las movilizaciones masivas en defensa de la expresidenta, lejos de ser escuchadas, fueron deslegitimadas como histeria colectiva o nostalgia populista.
Más allá de sus implicancias jurídicas, la prisión de Cristina como hito político, opera como una pieza central del dispositivo disciplinador: una amenaza para toda la dirigencia política, sindical, universitaria o cultural que se atreva a plantear alternativas al modelo vigente, tal y como ha sucedido en los momentos más oscuros de la historia argentina.
El resultado es un clima de miedo, resentimiento y polarización sin retorno. Repitamos que la macroeconomía está “bien”, pero reconozcamos que la microeconomía, la de todos los días, es una tragedia que no se transitará sin consecuencias.
El problema ya no es la polarización, sino la radicalización del poder. No hay equilibrio posible cuando el que gobierna combate a la sociedad. No hay pacto democrático posible cuando la inteligencia se usa para vigilar ciudadanos. No hay paz social posible cuando los salarios se licúan deliberadamente, la educación pública se abandona y se criminaliza a quienes protestan.
La Argentina está dejando atrás la discusión de modelos para entrar en una lógica de enfrentamiento entre Estado y sociedad, entre gobierno y ciudadanía. El combate cultural fue sólo el primer acto. Lo que estamos presenciando ahora es, en un año electoral, la aceleración de una guerra simbólica, institucional y económica contra el pueblo argentino.
Lo que está en juego no es sólo el presente. Es el modelo de convivencia que pretendemos sostener como país. La democracia no puede ser apenas el derecho a votar cada cuatro años. Es, sobre todo, el derecho a disentir, a criticar, a organizarse, a vivir sin miedo. Cuando el Estado convierte a los ciudadanos en sospechosos, cuando opinar se vuelve un riesgo y el silencio una estrategia de supervivencia, ya no estamos en democracia.
Estamos en otra cosa: el autoritarismo posdemocrático, una nueva forma totalitaria, con fuerte base de plataformas digitales y globalizada por la ultraderecha del siglo XXI. Un modelo que opera obscenamente más allá del pacto democrático, que ya no necesita censura explícita porque ha logrado instalar la autocensura. Tampoco, represión directa, dado que la vigilancia digital y el ataque de ejércitos de trolls en redes alcanzan para destruir reputaciones y cambiar la representación democrática por simulación institucional e institucionalizada.
¿Qué queda de la democracia cuando el gobierno combate a la sociedad? Lo que se avecina, si no nos organizamos transversalmente y enunciamos soluciones claras y prácticas para las necesidades urgentes del 70% de la población, no es la libertad, es el silencio cómplice. Y detrás del silencio, la imposición de un orden que no necesita consenso, solo obediencia para globalizar la crueldad.