Alberto Fernández les entregó en mano el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la comisión respectiva, Ana Carolina Gaillard. Esta semana saldría la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, en las que el tema sería tratado.
El trámite en la Comisión de Juicio Político tomaría dos meses. El Frente de Todos tiene allí mayoría y espera obtener dictamen favorable. La cuestión, se sabe, encallaría luego en el pleno de la Cámara baja, donde la mayoría de dos tercios de los miembros presentes reclamada por la Constitución para que se pueda elevar una acusación formal ante el Senado es una quimera para el oficialismo. Sin embargo, en los cálculos del Gobierno, la conducta de los miembros del máximo tribunal estaría expuesta ante la opinión pública por alrededor de cuatro meses. Showtime.
El agite oficial –más político que otra cosa– promete ser importante. Si la cantidad de gobernadores que apoya la iniciativa bajó de los 14 que se indignaron inicialmente por la cautelar sobre la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires a 11 o diez, dado que no se sabe quién firmó por Chubut, habrá una cruzada para ampliar ese respaldo.
La misma ya comenzó. El Presidente insistió en sus críticas al centralismo porteño en una visita a Misiones, cuyo mandatario, Oscar Herrera Ahuad, fue uno de quienes no firmaron el pedido de juicio político.
Asimismo, truena el escarmiento contra uno que se subió en la cabecera del colectivo, pero se bajó en la primera parada: el sanjuanino Sergio Uñac. "Nuevamente se dio vuelta como una media", lo sacudió José Luis Gioja, quien voceó lo que es una acusación de todo el oficialismo: aquel temería que la CSJ le haga pagar caro en caso de que su intento de buscar la rerreelección llegue a esa instancia.
El Gobierno no intentará meter mano solamente en el cuerpo de gobernadores. También lo hará en la propia Corte, donde sueña con que Ricardo Lorenzetti, un eterno aspirante al protagonismo que ha sido desplazado por una mayoría adversa, vea una oportunidad en una eventual caída en desgracia de Horacio Rosatti ante el tribunal de la opinión pública.
En otra veta donde espera hallar oro –siempre solamente político– queda por verse qué dirá Elisa Carrió, quien ha sido impiadosa con Lorenzetti. La Argentina es una mamushka de rencores.
Hay un asunto más, una versión, que se hace publicable en la medida en que la ventiló el diputado frentetodista Eduardo Valdés: una supuesta reunión de Fin de Año en Uruguay entre Carlos Rosenkrantz y su amigo, el prófugo eterno de la Justicia Pepín Rodríguez Simón.
¡Encima, Martín Soria habló de reformar la composición del Consejo de la Magistratura por decreto! Aunque sea más ruido que nueces, lo que viene será de alto impacto.
La mención alude al PRO y no es irónica porque, si algo trabaja bien ese partido, es la comunicación política. Sin embargo, cruje su línea argumental sobre los chats atribuidos a Marcelo D’Alessandro, su pedido de licencia y qué pito toca Horacio Rodríguez Larreta en revelaciones que, a priori, darían cuenta de "negocios", favores a contratistas de la Ciudad de Buenos Aires y bolsos con "50 mil" y "60 mil", entre otros asuntos de feo olor.
El jefe de Gobierno salió al cruce del pedido de juicio político contra los supremos al afirmar que no va a permitir "que se lleven puesta la república". Sopa, otra vez. "Violaron el derecho a la intimidad" del ministro de Justicia y Seguridad en uso de licencia, denunció, algo que ya se sabe, pero que no implica necesariamente que este sea un santo varón.
Es curioso todo lo que se movió en torno a ese pedido de licencia, una negociación que habría partido de los extremos del deseo de permanencia de D’Alessandro y la percepción de Rodríguez Larreta de que eso dañaba su sueño presidencial.
La licencia –sin plazo– fue, todo lo indica, el punto intermedio para que nadie quede peligrosamente enojado. Carrió aceptó a regañadientes esa salida y callará a la espera de que su protegido vuelva en marzo para la campaña. Mientras, dice Clarín, la silente Patricia Bullrich le realizó al defenestrado llamados para sondear hasta qué punto una posible sensación de abandono podría hacerlo saltar del barco larretista al suyo.
El fiscal federal Carlos Rívolo se excusó de ser parte en la denuncia de D’Alessandro por la filtración de sus chats por haber “establecido diversos contactos y comunicaciones con ministros de Seguridad de la Nación, CABA y provincias por temas asociativos o casos en trámite que requieren cierta entidad por su celeridad”. Aunque no se considera un “contacto frecuente” con el licenciado ni parte del CABA-leaks, para él parece mejor prevenir que curar. Cabe, con todo una pregunta: si la agenda del denunciante es un problema, ¿habrá alguien en condiciones de investigar en el fuero federal de la Ciudad?
Todo un clásico de cualquier hora baja, en su anuncio de licencia, el titular de Justicia y Seguridad porteño ponderó su gestión, durante la cual acreditó una reducción de diversos tipos de delito.
La sociedad porteña aprecia vivir en una ciudad que registra niveles de seguridad positivos en comparación con otras capitales. ¿Que la Ciudad es rica y permite trabajar en seguridad? Seguramente. ¿Que otro tipo de delitos se repiten con mayor frecuencia que la deseable? También. ¿Que no hay éxito que justifique que policías y patrulleros anden por ahí sin identificación, dándose a "tareas de inteligencia" que no queda claro en qué consisten y que, por ejemplo, en el caso de Lucas González terminaron en un asesinato? Desde ya.
Más allá de eso, lo central es que las estadísticas no son una justificación para cometer chanchadas. Sobre eso, D’Alessandro y Rodríguez Larreta deberían dar mejores explicaciones.
Aldo Gerosa está al borde de la destitución de su cargo judicial. Al legislador Orfilio Marcón se le achaca interferir para frenar el juicio contra el exsecretario privado de su ahijado en la política, Dionisio Scarpín.
La abogada y el médico forense representarán a La Libertad Primero. El concejal que rechazó la candidatura por Encuentro Vecinal busca aspirantes "potentes" para la alianza del MID y Unite por la Libertad.