Determinado a defender su buen nombre y honor, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, dejó su cargo en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, lo suyo –se supone– es apenas un "hasta luego": no renunció, sino que pidió licencia. Su suerte sigue tan atada a la del jefe de Gobierno que este decidió no cubrir esa cartera, que interinamente quedará a cargo del jefe de Gabinete Felipe Miguel, paradójicamente uno de los principales impulsores de su eyección.
La licencia, que el beneficiario presentó como extensión de unas merecidas vacaciones, no tiene plazo conocido. ¿Terminará alguna vez? Mientras, el tiempo debería servirle para disipar las sospechas de dádivas del Grupo Clarín; coimas de empresarios contratistas; colusión con jueces y fiscales; conspiración para encubrir delitos, presionar a funcionarios judiciales y entorpecer investigaciones; acceso ilegal a información privilegiada en la Corte Suprema y negocios oscuros que surgirían de chats que, afirma él, son, a la vez, producto de hackeos y de adulteraciones.
Como es de rigor en estos casos, el funcionario defenestrado ponderó su gestión, aseguró haber convertido a Buenos Aires en "la capital más segura de América Latina" y vinculó su caso con la condena a Cristina Fernández de Kirchner. "¿Casualidad?", se preguntó. Asimismo, señaló que la licencia le permitirá ocuparse de su familia y hacer que "los responsables de esta confabulación" den explicaciones "ante la Justicia y ante la sociedad". Lo segundo, afirmó, terminará de concretarse en las próximas elecciones.
Como si alguien los hubiese coacheado, Rodríguez Larreta casi calcó los argumentos sobre los éxitos de la política de seguridad del distrito. Además, atado por algún extraño designio a su ministro en uso de licencia, señaló: "No somos lo mismo" –que los K, claro–. "Confío en Marcelo D’Alessandro", añadió en un tramo del que alguna vez podría tener que arrepentirse, a la vez que valoró "su decisión de tomar una licencia mientras pone a disposición toda la información para desenmascarar esta operación del kirchnerismo".
Larreta ningunea las versiones que adjudican la difusión de los chats a fuego amigo y no explica por qué fue necesario tanto tiempo para disipar sospechas tan graves, las que habrían quedado desacreditadas en pocos días si el ministro hubiese entregado de inmediato su teléfono a la Justicia. Cabe imaginar que lo hará ahora, semanas después del estallido del escándalo.
Al jefe de Gobierno le urgía ponerle un torniquete a la hemorragia que le provoca este caso, aunque en los despachos porteños se habla de nuevas salvas de chats que podrían tener víctimas políticas más importantes que D’Alessandro. La necesidad de actuar ya le era recomendada en tono sostenido por su entorno.
Le costará explicarle esas razones a Elisa Carrió, una aliada de D’Alessandro. "Si para discutir o echar a un ministro, te basás en escuchas ilegales de (César) Milani, no podés gobernar. Este es un principio elemental", aleccionó Lilita. ¿Será que la licencia del ministro fue verdaderamente voluntaria o, por el contrario, producto de la módica negociación que pudo permitirse el presidenciable?
A esta altura, el silencio de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich sobre la cuestión es atronador.