El presidente Alberto Fernández convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias a partir del 15 de enero para que el Congreso empiece a tratar el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que impulsa junto a once gobernadores junto a una serie de proyectos económicos que pide el ministro Sergio Massa.
Fernández se reunió este miércoles por la tarde en Olivos con el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, a quienes les entregó el texto que solicita la apertura del procedimiento contra los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Gaillard será la encargada de conducir el proceso en la Comisión, donde el oficialismo cuenta, a priori, con la mayoría simple que necesita para sacar dictamen. La entrerriana es una dirigente de extrema confianza del Presidente, a quien conoce desde hace años, cuando trabajaba como asesora de la entonces senadora Vilma Ibarra, hoy secretaria de Legal y Técnica y mano derecha de Fernández.
La diputada quedó este miércoles en una situación incómoda cuando el gobernador Gustavo Bordet decidió, sin aviso previo, no acompañar el pedido de juicio político que impulsa el Presidente junto a 11 provincias. El entrerriano había participado de manera virtual de la reunión que encabezó Fernández en la Casa Rosada y que tuvo como resultado la firma del texto que este miércoles el Presidente le entregó personalmente a Gaillard. La diputada tiene una relación fluida con el mandatario de su provincia, pero está alineada con la decisión del Jefe de Estado.
El Gobierno sabe que el trámite tiene pocas chances de prosperar una vez que llegue al recinto, donde necesita de las dos terceras partes de los votos de los presentes para formular la acusación, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución Nacional. De todas formas, aduce que el proceso será largo, lo cual desgastará a los jueces ante la opinión pública.
Además del proyecto de juicio político, Fernández incluirá en el llamado a extraordinarias de su último año de gestión una serie de proyectos económicos que apura Massa. Uno es el llamado “monotributo tech”, dirigido a los profesionales que facturan al exterior servicios basados en conocimiento. El nuevo esquema prevé tres categorías de facturación y un régimen simplificado de cobro de honorarios sin liquidación de divisas en el mercado libre de cambios.
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El temario incluirá otros temas económicos, la ley de fomento al desarrollo agroindustrial, un proyecto que busca promover el desarrollo de la economía del hidrógeno y el blanqueo de capitales que llega de la mano del intercambio sobre información financiera que firmó la AFIP con Estados Unidos. El blanqueo es prioridad para Economía, que buscará negociar los votos con la oposición en medio del clima hostil que genera el debate por el juicio político a la Corte.