La decisión de Alberto Fernández de pedir el juicio político contra el titular de la Corte, Horacio Rosatti, y los otros tres miembros del tribunal, aún no terminó de corporizarse. Cuando se transforme en texto, será tramitado en la Cámara de Diputados, donde si bien el oficialismo no tiene los dos tercios para aprobarlo en el recinto, cuenta con la posibilidad de darle un dictamen de mayoría porque controla la comisión de Juicio Político. Los tiempos los definirá el Presidente esta semana cuando, después de recibir la Liga de las provincias este martes en la Casa Rosada, se reúna con las autoridades parlamentarias del Frente de Todos para defiir el temario de un período de sesiones extraordinarias que podría comenzar este mismo enero.
La ofensiva estará concentrada contra los cuatro miembros del máximo tribunal y terminará de tomar forma luego de dos cumbres que encabezará Fernández. Con los gobernadores buscará respaldo para su planteo y delinear hasta dónde llegará la demostración de fuerza que está cocinando. En los días siguientes, o este mismo martes, volverá a encontrarse con las principales autoridades del oficialismo en Diputados.
Según confiaron fuentes parlamentarias a Letra P, el encuentro se concretará en las próximas jornadas y reeditará la reunión que el jefe de Estado tuvo a fines de noviembre con la titular del cuerpo, Cecilia Moreau, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez y la secretaria parlamentaria del espacio, Paula Penacca. En esa cita analizaron las posibilidades de extender el período de sesiones ordinarias al 30 de diciembre. Esta vez se encontrarán para definir el temario que tendrá dos partes: una es la posibilidad de habilitar extraordinarias para el tratamiento el juicio político contra los cuatro cortesanos; y la otra, que quedó pendiente en diciembre, tiene que ver con los dictámenes que no llegaron al recinto, como la moratoria previsional, un nuevo régimen de blanqueo de capitales, la creación de un monotributo para contribuyentes que facturan en dólares, la creación de cinco universidades nacionales y la nacionalización de cuatro provinciales.
El oficialismo no tiene los votos para aprobar el pedido de juicio político en el recinto porque no tiene chances de reunir los dos tercios necesarios. Pero tiene la posibilidad de firmar un dictamen de mayoría del proyecto, porque tiene el control de la comisión de Juicio Político, que cuenta con 31 miembros y el Frente de Todos tiene una mayoría propia de 16. El organismo es presidido por la diputada entrerriana Carolina Gaillard que tiene un vínculo directo con Fernández y es de su confianza.
La legisladora comenzó esta semana con un viaje de regreso desde su natal Entre Ríos a Buenos Aires que no tenía en los planes. Si se concreta la reunión con el Presidente las fuentes consultadas descuentan que Gaillard estará en esa mesa. La comisión de Juicio Político todavía no recibió el proyecto que anunció el Presidente, pero ya tiene varios presentados. Uno de ellos es contra el cortesano Ricardo Lorenzetti y es impulsado por la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. También hay otros auspiciados por JxC contra distintos integrantes del Gabinete.
Los movimientos de este lunes en la cámara Baja alimentan la idea de un verano intenso. Fuentes parlamentarias explicaron a Letra P que existe la chance de un período de ordinarias que arranque dentro de dos semanas y que tenga una primera sesión a fines de este mes. Esa posibilidad alimenta las sospechas de un trámite veloz del pedido de juicio político. No será gratuito para el oficialismo. El interbloque de Juntos por el Cambio ya anticipó su rechazo a la avanzada oficial contra la Corte, pero no se privará de intervenir en una eventual reactivación de la comisión que deberá tramitarlo para confrontar con la mayoría que tiene el FdT para firmar el dictamen.
A los 16 integrantes del oficialismo en la comisión que preside Gaillard, hay otros 14 de JxC y uno del interbloque Federal, que conduce Alejandro Topo Rodríguez y avisó que no respaldará el dictamen. “Un gobierno ocupado en voltear al presidente de la Corte es motor de desconfianza, espanta eventuales inversiones y rompe la incipiente reconstrucción de la confianza que se logró en los últimos meses a nivel internacional. Da la sensación de que el Presidente le hace el juego a los más duros opositores de la derecha, que buscan lo mismo: arruinar cualquier recuperación económica”, lanzó a titulo personal el legislador. Tiene un contacto fluido con el exministro y excandidato presidencial Roberto Lavagna y si se activa la comisión, será otra voz incómoda para el oficialismo.
En el FdT dan por descontada la reunión del Presidente con las autoridades parlamentarias en las próximas horas. Deberán reordenar la hoja de ruta legislativa que quedó trunca en diciembre. La extensión del período de ordinarias del 30 de noviembre al 30 de diciembre sólo tuvo reveses para el oficialismo y cerró sin nuevas sesiones.
Todo quedó varado luego del 1D, cuando naufragó la sesión preparatoria para ratificar a Moreau como titular del cuerpo porque la oposición la dejó sin cuórum. Dos horas después se cayó una sesión especial que comenzó sin la presencia de Juntos por el Cambio y se derrumbó cuando decidieron retirarse los socios esquivos que la habían sostenido, como el interbloque Federal. La escena se repitió con menos gritos antes de Navidad, en otro intento para sesionar que no tuvo éxito.
Las tres sesiones fallidas de diciembre son el prólogo de otro eventual período de extraordinarias. El antecedente del 2022 no presagia mejores resultados: el Presidente ya convocó a sesiones de este tipo en los años anteriores, pero sin resultados. El año pasado firmó el decreto para sesionar en febrero con un temario de 18 puntos, pero no pudieron tratar ninguno, porque un día antes de su inicio renunció el diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y fue reemplazado por Martínez.
