Más allá de las tareas de prevención del delito ordinario, en las que hay que anotar luces –el arrojo y la honestidad de tantos hombres y tantas mujeres– y sombras –insuficiencias, bolsones de relación con ciertos submundos–, la primera semana de investigación sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner lleva a preguntarse para qué sirven las diversas policías que operan en el país cuando se trata de crímenes resonantes o de implicancias institucionales. Muchas veces –demasiadas– en tales casos son, más que fuerzas de seguridad, fuerzas de “siga, siga”. El asunto se torna especialmente grave cuando comienzan a surgir lazos entre una de las imputadas, Brenda Uliarte –novia de Fernando André Sabag Montiel– y un rejuntado de extremistas autotitulado Revolución Federal, ampliamente ignorado por el aparato de seguridad.
Los hechos se acumulan en el caso que aún conmociona al país: la pésima respuesta de la custodia de la vicepresidenta en la noche del ataque, compuesta por policías federales, cinco de los cuales fueron apartados; la manipulación fallida –¿torpe?– de peritos –también de la PF– del teléfono de Fernando André Sabag Montiel; la pérdida de huellas digitales en el arma utilizada por el toqueteo al que fue sometida en el lugar y la falta de inteligencia por parte de aquella fuerza y de la más mínima acción por parte de la Policía de la Ciudad ante bandas que en las semanas previas al hecho se lanzaron a las calles para escrachar a dirigentes peronistas y hasta a amenazar las inmediaciones de la Casa Rosada. Es más, miembros de la fuerza que enorgullece a Horacio Rodríguez Larreta llegaron a confraternizar con gente que, megáfono en mano, amenazaba de muerte a Cristina frente al Instituto Patria.
Revolución Federal se despegó de Uliarte y Sabag Montiel, pero quedó acreditado que la primera –cada vez más incriminada por hallazgos y testimonios– participó al menos en un acto violento de esa agrupación el 18 de agosto, en el que se arrojaron antorchas encendidas contra la Casa Rosada. Cabe recordar que, de las rejas hacie adentro, la responsabilidad es de la PF y de las rejas hacia afuera, de la Policía de la Ciudad, que brilló por su ausencia. En tanto, chats de miembros de ese sector dan cuenta de una vocación por el escrache y “meterles bala a los kirchneristas”.
La página web del grupo estaba caída en la noche de este jueves. La simpatía de esos y otros lúmpenes por referentes de la ultraderecha partidaria, en particular la libertaria, está acreditada, pero eso no hace de Javier Milei y su tropa sospechosos de ningún delito. A los sumo, plantea el problema de a quiénes interpela su discurso incendiario.
Mientras la investigación continúa y apunta a más autores, el hecho sienta un peligroso precedente: tras conocerse que Alberto Fernández sufrió amenazas de muerte, ahora le toca el turno a Mauricio Macri. Sería bueno que la política registrara que urge ponerle fin a este estado de sospecha y enfrentamiento.
No reacciona
Como se esperaba, el peronismo condenó en el Senado, pese a la ausencia de Juntos por el Cambio, el intento de magnicidio. ¿De qué vale ese testimonio solitario, más allá de consolidar más la grieta?
Mientras, Axel Kicillof defendió y la oposición condenó la discusión sobre las narrativas de odio en las escuelas bonaerenses. Más de lo mismo.
