Luego de extensas negociaciones que incluyeron a operadoras privadas, gremios y provincias, la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, junto a la cúpula de YPF, que encabeza Pablo González, cerraron el texto de la futura ley de promoción a las inversiones en hidrocarburos que será rubricada en breve por el presidente Alberto Fernández y enviada al Congreso. Tal como adelantara Letra P, la norma contempla tanto beneficios económicos para las producciones convencionales, con epicentro en la cuenca del Golfo San Jorge, como para los no convencionales del yacimiento Vaca Muerta.
El eje central del texto apunta a garantizarle a las operadoras exportaciones en firme en caso de aumentar la producción, sumado a un porcentaje de libre disponibilidad de divisas, además de un esquema de estabilidad fiscal por 20 años, donde no se podrán modificar los beneficios impositivos vinculados a la ley ni crear nuevos impuestos asociados al sector.
Si bien el espíritu de la norma obedece a garantizar la soberanía energética y el autoabastecimiento, también está vinculada a la necesidad de generar dólares vía exportaciones para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo y robustecer las reservas del Banco Central (BCRA). La misma ecuación que le fue presentada al Fondo Monetario Internacional (FMI) como garantía de repago de la deuda heredada de la gestión Cambiemos.
Exprimir la vaca
“En Vaca Muerta tenemos una ventana que puede tener 10 años, no más. El gas será la energía de transición a energías renovables”, había manifestado Sebastián Regis, gerente de Operaciones de Shell durante un evento organizado por el Diario Río Negro.
La lógica de las operadoras es extraer los recursos no convencionales lo más rápido posible. No solo por el límite que pone la transición energética que define a 2050 como el año fijado para la descarbonización absoluta, sino porque se necesitan grandes volúmenes de recursos constantes para su extracción.
El Plan GasAr, si bien apunta a aumentar la producción y así sustituir importaciones, solo es posible gracias a los subsidios del Estado. Como en botica en la que hay de todo, para el establishment existen subsidios buenos y otros malos.
La nueva ley institucionalizará el Plan GasAr. El objetivo será, a medida que las operadoras desembolsen sus planes de inversión, alcanzar una suma cercana a los 2500 millones de dólares, un gran alivio para las reservas del BCRA, producto de la sustitución de importaciones.
Al decir del directivo de Shell, la ventana para hacer rentable a Vaca Muerta sería de 10 años. Sin embargo, el horizonte de estabilidad fiscal que contemplará la norma sería de 20 años, período en el cual no deberían modificarse los beneficios incluidos en el texto (amortización acelerada de Bienes de Capital, reintegro de IVA, deducción de aranceles de importación) pero tampoco podrían crearse nuevos tributos.
No es un tema menor, sobre todo si en algún momento llegara a discutirse la posibilidad, por ejemplo, de que el Aporte Solidario Extraordinario mute a Impuesto.
Beneficios
La norma beneficiará tanto a las producciones en cuencas maduras y convencionales, como las de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut o Mendoza, como a las no convencionales. Dentro del régimen general, las empresas que incrementen su producción tendrán la posibilidad de acceder a un aumento de exportaciones en firme (de un 20 a un 50 por ciento más) y sobre la base de esas ventas incrementales, podrán quedarse con la mitad de los dólares generados.
Este fue, quizás, el principal y más fuerte requisito planteado por las operadoras para darle su aval a la iniciativa. Luego habrá un régimen para proyectos especiales, con características de acceso diferenciadas por tipo de cuenca:
-Para los proyectos de exploración convencionales, se demandará una inversión de 100 millones de dólares en cuatro años.
-En el caso de la exploración sísmica convencional, las inversiones requeridas son de 6 millones de dólares en tres años.
-Para la refinación e industrialización en origen, 10 millones de dólares en tres años.
-Para la producción no convencional, los proyectos demandarán inversiones (base) de 400 millones de dólares por año, y continuadas durante un lustro.
-Los grandes proyectos de infraestructura, como la construcción del gasoducto que conecte Vaca Muerta con Buenos Aires, podrían acceder a los beneficios de la ley con inversiones base de 1200 millones de dólares.
También habrá dos incentivos puntuales para consolidar una agenda de igualdad de género: se financiarán becas completas y habrá reducción de contribuciones patronales para las empresas que contraten trabajadoras.
Guiño al FMI
“Para sostener el crecimiento en el largo plazo necesitamos multiplicar los dólares, porque el crecimiento del país está supeditado a la cantidad de divisas”, ejemplifican desde el equipo económico que trabajó en la letra chica del proyecto. Es un poco lo que viene sosteniendo el ministro Martín Guzmán, “crecer para distribuir”, lo que algunos sectores consideran como una nueva lectura sobre la teoría del derrame, en contraposición con la posibilidad de “distribuir para crecer”, otra opción dentro del mundo heterodoxo.
Si bien el texto que regirá la producción de hidrocarburos no es un proyecto ideado por el FMI, le hace un guiño. Porque para garantizar el repago del yunque de 44.000 millones heredado del macrismo, habrá que aumentar las reservas del BCRA vía exportaciones.
Hace dos semanas, el secretario de Política Económica, Fernando Morra, viajó a Washington junto al subdirector general de Investigación Económica del Banco Central, Germán Feldman, para mostrarle a los técnicos del FMI las proyecciones de crecimiento que permitirían sostener un acuerdo con la entidad. El sector energético fue una pieza clave en esas conversaciones.
