Sin los votos para renovar su licencia, Martín Gill decidió renunciar a su cargo como secretario de Obras Públicas de la Nación y volverá a la intendencia de Villa María, ciudad cabecera del Departamento General San Martín, desde donde intentará trabajar en su proyección provincial de cara a 2023.
Después de varios tires y aflojes, que incluyó el pedido de un grupo de intendentes radicales para que los concejales aprueben una nueva licencia, el villamariense no consiguió reunir los votos necesarios para mantenerse en la cartera que dirige Gabriel Katopodis y volverá al cargo para el que fue reelegido en junio de 2019.
“No es tiempo de mezquindades y especulaciones de la política con minúsculas... es tiempo de decisiones que prioricen los intereses de la gente asumiendo la agenda que transforme su vida en una con mejores oportunidades. Estoy orgulloso de haber sido parte de la tarea de enfrentar la etapa de mayor dificultad de nuestro país por la pandemia económica, social y de salud, poniendo el hombro sin condicionamientos de ningún tipo”, escribió Gill en su cuenta oficial de Twitter. Con su regreso, Fernando Rosso, hasta hoy a cargo del Ejecutivo, deberá volver al Concejo Deliberante local.
En julio de este año, Gill había sido elegido por el gobierno del Frente de Todos para encabezar la lista a la Cámara de Diputados de la Nación. Pese a un trabajo que incluyó un recorrido por todo el territorio provincial y un intenso diálogo con intendentes de todo el interior cordobés, los resultados de las legislativas se ubicaron por debajo de las expectativas. No obstante, Gill alcanzó los números para ocupar por segunda vez una banca en la Cámara baja.
Sin embargo, un poco por decisión personal y otro poco a pedido de las autoridades nacionales del FdT, Gill no asumió esa banca. Pablo Carro, tercero en la nómina de aspirantes a diputados, se quedó con ese escaño y el villamariense continuó al lado de Katopodis.
Cuando Gill tomó aquella decisión, todo hacía suponer que las negociaciones entre las diferentes vertientes peronistas iban a derivar en una nueva licencia que le permitiese continuar en la órbita nacional. Sin embargo, los concejales Daniel López y Juan Carlos Cladera, que responden al ministro de industria de Córdoba, Eduardo Accastello, nunca dieron el brazo a torcer en su negativa para autorizar una nueva prórroga y la situación se fue complicando cada vez más.
En las últimas horas, una veintena de intendentes radicales firmaron una carta “a título personal” para pedirle a los representantes del partido en Villa María que aprueben el quinto pedido de licencia. “Encontramos en él (por Gill) una persona de diálogo que interpreta nuestras necesidades y que logra articular las acciones necesarias para que todos podamos acceder a las obras que tanto necesitamos en el interior de la provincia”, decía la misiva que llevaba la firma del flamante titular del Foro de Intendentes Radicales, Ariel Grich. No alcanzó, Juan Romeo Benzo y Luis Caronni se mantuvieron firmes en su postura de no apoyar la prórroga.
Ante la falta de los votos, el hasta ahora funcionario nacional decidió no presentar el nuevo pedido de licencia y volver a su pago chico. Desde allí, intentará convertirse en uno de los reconstructores del diálogo entre el peronismo nacional y provincial. Su caso es el primer daño colateral de la feroz disputa entre el cordobesismo y el FdT. Ahora, deberá trabajar en la creación de consensos si quiere seguir soñando con la Gobernación en 2023.
Al igual que el riocuartense Juan Manuel Llamosas, Gill no tiene reelección. Como Martín Llaryora, sabe que su proyección dependerá de una gestión exitosa. Del mismo modo que Manuel Calvo, busca su lugar en la pole position esperando la largada para la elección provincial. Con ese desafío reemprenderá el camino, de nuevo, desde su ciudad. Al fin de cuentas, el horizonte parece seguir siendo el mismo.