Una causa judicial y un recurso administrativo contra la fusión entre Telecom y Cablevisión arrojarán novedades en estos días. Son dos instancias que cobran notoriedad luego del recambio de autoridades en la Secretaría de Comercio Interior, de la que depende la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), la dependencia que aprobó en 2018 la operación que ahora aparece cuestionada.
Las dos instancias tienen el mismo origen. La abogada Liliana Zabala, en representación de trabajadores de Telecom, busca que el Ejecutivo o la Justicia declaren la nulidad de la adquisición de la telefónica por parte de la empresa del Grupo Clarín. La CNDC la validó con Esteban Greco como presidente y Roberta Bidart como vocal en el gobierno de Cambiemos. Para la letrada, sus participaciones en el proceso infringieron la ley de Ética Pública, ya que Greco y Bidart habían trabajado como consultores para las empresas.
El 13 de agosto de 2018, Zabala impugnó el dictamen de la CNDC que validó la fusión, del 28 de junio de ese año. Según la abogada, Telecom violaba varias normas. Una de ellas data de la privatización de la compañía, ocurrida en 1992. En ese momento, el pliego licitatorio la obligaba a repartir ganancias entre su planta de personal, cosa que no sucedió. A eso se sumó, según el planteo, la actuación de Greco y Bidart de la CNDC. Greco había sido vicepresidente y accionista de la consultora GPR Economía, que asesoró a Telecom y a Cablevisión en varias oportunidades, entre 2009 y 2016. Así surge de un informe que elaboró la Oficina Anticorrupción, al mando de Laura Alonso. La OA amonestó a Greco, pero dictaminó que ese conflicto de intereses no invalidaba su actuación y su voto positivo a la fusión. Dos años después, Zabala denunció ante la OA al mando de Félix Crous que Bidart, también consultora en GPR, no habría cesado con esta actividad durante su período como vocal de la CNDC, en el que votó a favor de la operación. Para Zabala se violó la ley de Ética Pública.
El mismo planteo hizo la abogada, en representación de Jorge Sombra y otros trabajadores de Telecom, en sede judicial. Zabala pidió la nulidad de la operación en el Juzgado Civil y Comercial 6 de la Ciudad de Buenos Aires. El tribunal corrió traslado al Ministerio de Desarrollo Productivo en agosto y dio 60 días para contestar. Ese plazo vence este lunes 8 de noviembre.
El Estado nacional, demandado en esta oportunidad, debe contestar el requerimiento judicial. Puede negar los hechos, lo que lo alinearía con el holding de Fintech y el Cablevisión Holding, ya que defendería la fusión. También puede requerir más prueba, para estirar los plazos. O puede validar la denuncia y pedir la nulidad de la operación, admitiendo una especie de culpabilidad. Pero, dice Zabala, “si el Poder Ejecutivo se allana y se declara la nulidad, las empresas fusionadas son responsables ante el Estado por los daños y perjuicios ocasionados”.
Fuentes de Telecom consultadas por Letra P indicaron que están al tanto de estas instancias pero que, para la compañía, la fusión ya es “cosa juzgada”. Eso replicó la empresa ante la CNDC, en un escrito que lleva la firma del abogado del grupo, Damián Cassino. “Para nosotros, la fusión está recontra aprobada, firme, sólida. Ha habido otras impugnaciones, pero ninguna prosperó y al día de hoy no hay ningún pronunciamiento administrativo ni judicial contra la operación”, resumieron. Entienden que la continuidad del Estado está por encima de funcionarios y funcionarias y que, en todo caso, cabrían sanciones a Greco que no invalidarían la operación.
Letra P se comunicó con voceros de Roberto Feletti para conocer la posición de la CNDC -bajo su órbita-, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.
La fusión entre Telecom y Cablevisión avanzó a toda velocidad entre 2017 y mediados de 2018. Antes, Fintech, el fondo del mexicano David Martínez que ya era socio de Héctor Magnetto en Cablevisión, se había hecho con el control de la telefónica. Esto sucedió luego de la asunción de Mauricio Macri y la derogación de la Ley de Servicios Audiovisuales. El gobierno de Alberto Fernández dictó, en agosto de 2020, el DNU que congeló tarifas y declaró a las telecomunicaciones "servicio público", resistido por los accionistas del Grupo Clarín en la Justicia, pero no discutió la operación que creó a la mayor compañía de telecomunicaciones del país.