La postergada prórroga de la ley 26.160 de emergencia de tierras indígenas, que rige desde 2006 y vence antes de fin de año, llegó al recinto del Senado este jueves y quedó en medio de la polémica desatada por los últimos conflictos con comunidades mapuches en la Patagonia. En medio de cruces, acusaciones y chicanas, la Cámara alta aprobó por 43 votos afirmativos, siete negativos y dos abstenciones la "última" extensión por cuatro años de la norma que, si es aprobada en Diputados, frenará todos los desalojos que tramita la Justicia y que beneficia a unas 700 comunidades en todo el país.
Junto a la aprobación de la prórroga, el oficialismo reunió los votos para tratar sobre tablas y sin dictamen de comisión la ley de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro que la Cámara de Diputados aprobó este martes.
Ni los alivios económicos ni los debates sobre la cuestión originaria fueron ajenos al clima de campaña. La Cámara alta transitó la segunda sesión con presencialidad total a dos semanas de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Posiblemente, la próxima se concretará cuando hayan pasado los comicios y, quizás por eso, en el oficialismo consideraban urgente avanzar con el tratamiento de la prórroga de la ley 26.160.
La sanción de esa iniciativa esta vez incluyó un presupuesto anual de 290 millones para concretar el relevamiento de todas las comunidades. La norma frena los desalojos en esas 700 comunidades que no han sido relevadas por el Instituto Nacional Indígena (INAI). Hasta ahora se han contabilizado 960 comunidades y el avance de la prórroga calma la inquietud de los pueblos originarios que reclaman su sanción desde principios de año.
"Tengo el convencimiento de que este proyecto no es el proyecto de una senadora, de una bancada, es una deuda histórica, es una responsabilidad como política de Estado dar las herramientas de diálogo, de pacificación y resolución definitiva de esta problemática", dijo la senadora salteña Norma Giménez del Frente de Todos, que presentó el dictamen como miembro informante. Le agradeció el apoyo al titular del bloque, José Mayans, pero también a los jefes del interbloque opositor, por el apoyo para frenar las acciones penales de desalojo y dotar de presupuesto a las autoridades de aplicación de la norma que beneficia a "un millón de argentinos que se reconocen como pueblos originarios".
El chaqueño Victor Zimmerman, de la UCR, propuso, junto a la bonaerense Gladys González (PRO), incluir un balance de gestión anual de los fondos en cada provincia y fue el primero en mencionar la cuestión mapuche. "Uno ve actos en televisión actos que no tienen nada que ver con las comunidades de mi pueblo, el chaqueño, cuando algunos pseudomapuches hacen acciones violentas", remarcó.
La neuquina Silvia Sapag, del Frente de Todos, pidió apoyar el texto y reivindicó la experiencia de su provincia. "Cuando a los pueblos originarios se los sacó de su estado de miseria a tener salud, educación, trabajo y comunicación, logramos devolver su dignidad de que sean considerados sujetos de derecho. Dejaron de ser mansos, como dijo el senador Bartolomé Mitre, saben que pueden reclamar por lo que merecen les pertenece y por el lugar donde sus ancestros vivieron", reivindicó.
Luego fue el turno del cordobés Ernesto Martínez, del PRO, que demolió la iniciativa del oficialismo y cuestionó con cuidado a las dos senadoras y a su colega de interbloque Zimmerman. Recordó que la votó dos veces como diputado y ahora le tocaba en el Senado. "Siempre escuché el mismo argumento: esta vez es la última y se terminará de censar para saber quiénes son los pueblos originarios y qué tierras ocupan y no sigan apareciendo nuevas organizaciones que se proclaman como originarias, como sucede en la Patagonia que pretenden poseer tierras”, lanzó y fue más allá: “No hay que seguir dando excusas a la organización RAM para que prosiga con su accionar terrorista".
Así como Mayans había escuchado con atención la propuesta de cambios que hizo Zimmerman, le contestó rápido a Martínez. "¡No tiene nada que ver!", lo cruzó el formoseño. El representante por Córdoba volvió a la carga. “Cómo que no tiene nada que ver. Con esta ley, la RAM dirá que no puede ser desalojada de todos los terrenos que ha tomado en los últimos tiempos. Qué no va a tener nada que ver. Lea el artículo 2, donde los jueces no van a poder actuar con respecto a las acciones que vienen haciendo los terroristas”, insistió. "Nadie quiso censar bien y eso es imputable a la desidia estatal", dijo en referencia al INAI, cuya titular, Magdalena Odarda, observaba la sesión desde uno de los balcones.
"El mismo Senado de la Nación que recién homenajeó al presidente (Néstor) Kirchner ahora se pone de rodillas ante la RAM", acusó Martínez con dureza. "El Senado vota normas que favorecen a los que siembran el terror en la Patagonia", remarcó antes de confirmar su voto negativo.
"Se nota que el senador se entera por algunos medios", -le contestó el chubutense Alfredo Luenzo (FdT). "No solo habla desde el desconocimiento, y lo podemos invitar a que nos visite a la comarca andina, con Orlando Carriqueo que es el líder del Parlamento Mapuche Tehelche que ha repudiado todos los hechos de violencia, pero es más grave emplear las palabra terrorismo y subversivo en este recinto, porque son conceptos muy caros para la historia argentina. Y se vuelven a reeditar en una necesidad que tiene la derecha de encontrar un enemigo interno, como ya lo encontró el gobierno anterior”, con los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. "Ésa es la derecha cuando habla de terrorismo, es la que quiere instalar el concepto de que con el terrorismo no se negocia, y las consecuencias son que se terminan con vidas como las que hemos mencionado", atajó Luenzo.
"El problema no pasa por las comunidades, que están organizadas, sino en una minoría sobre la que debería actuar la Justicia. Esta ley no tiene nada que ver con esos grupos minúsculos, yo sí conozco a esas comunidades porque vivo ahí", insistió el senador patagónico.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado le pidió al oficialismo que acote el plazo para el relevamiento y se mostró de acuerdo con Martínez. "Si no lo hacen por convencimiento, háganlo por los votos que van a perder en la Patagonia, porque voy a decir que ustedes están permitiendo que se produzcan tomas y se eviten desalojos y que la justicia no pueda actuar", dijo la senadora macrista.
