Guerra gaucha

La Caja de Pandora del ruralismo 2021

En 2008 había un campo unido. Ahora, halcones que inflaman y palomas que quieren negociar. El escenario pone a prueba la muñeca del Gobierno.

El cierre de exportaciones de maíz hasta marzo provocó el rechazo generalizado de la cadena agroindustrial. Desde la producción primaria hasta los potenciales beneficiarios de la medida, como la Cámara de la Industria y el Comercio de la Carne (CICCRA) y la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) manifestaron su oposición a la decisión del Gobierno. También ese amplio entente que es el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el interlocutor que eligió el Gobierno para discutir con el agro. Pero detrás de esa reacción unívoca hay distintas posiciones. Si el conflicto de las retenciones móviles de 2008 (el parámetro para medir cualquier guerra gaucha de los últimos 12 años) creció y se mantuvo gracias a una dirigencia rural unificada en la Mesa de Enlace, existen ahora "halcones" y "palomas" en la representación agropecuaria.

 

La Mesa de Enlace llamó el martes a un cese de comercialización por 72 horas, a partir del próximo lunes 11. Adhieren a la medida la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria (FAA), pero los cooperativistas de Coninagro no lo hicieron. "No es momento para un paro; sí para señalar que las medidas tomadas por el Gobierno, intervencionistas y reguladoras del mercado, no son las adecuadas. El sector cooperativo las rechaza por completo. Queremos a través del diálogo buscar alternativas", dijo Carlos Iannizzotto, titular de esa organización. El dirigente cruzó llamados el martes por la noche con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Echazarreta, y con su jefe, el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

 

En la Casa Rosada definen a la Mesa de Enlace como un actor político de la oposición, antes que como una representación gremial empresaria. Las cuatro entidades, en tanto, se mueven presionadas por unas bases que descreen de cada paso que da el Gobierno y que hablan y protestan por sí mismas en las organizaciones de autoconvocados, más horizontales y explosivas. En Pergamino, uno de los enclaves más fuertes, preparaban una nueva manifestación, a un año de un gran tractorazo con el que se opusieron a la suba de retenciones que definió el presidente Alberto Fernández a menos de un mes de iniciar su mandato. Lo mismo sucederá en Córdoba.

 

Por eso, el Ejecutivo le dio pista al novedoso Consejo Agroindustrial, que agrupa a 55 entidades de toda la cadena, desde la producción primaria hasta la exportación. La única que quedó afuera, por decisión propia, fue la Sociedad Rural. Las otras tres asociaciones se diluyeron en una supraentidad en la que los grandes agroexportadores llevan la voz cantante. Por eso, como contó Letra P, creció, desde el cierre de las exportaciones de maíz, la presión dentro de Federación Agraria y CRA para abandonar el CAA. "Hay mucho tironeo dentro de la entidad para que salgamos; están viendo que sacan medidas para la agroindustria y ninguna para el sector primario", dijo Carlos Achetoni, presidente de FAA.

 

Negociaciones

El CAA contiene a las distintas cadenas sectoriales, incluida Maizar, entidad que representa a los distintos eslabones de la cadena del maíz, desde la producción primaria hasta el engorde de animales y la exportación. El Consejo y Maizar encabezaban este miércoles por la tarde una reunión en la que el sector buscaba definir una propuesta para llevarle al Gobierno, para que reabra las exportaciones de maíz y se establezca algún diferencial para la comercialización interna. Vale repetirlo: Maizar representaría a la producción primaria en este entente y no la Mesa de Enlace. Coninagro y la FAA estaban al tanto de las gestiones, pero no participaban del encuentro.

 

El antecedente con el que cuentan Maizar y el CAA es el acuerdo que firmó la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) para el aceite de girasol. La entidad empresaria administrará un fideicomiso que compensará a los productores por la diferencia entre los precios internos y los internacionales. Fuentes al tanto de esas gestiones explicaron a Letra P que, en el caso del maíz, la propuesta sería distinta. "El tema del maíz es mucho más complejo. Hay miles de compradores distintos: avícolas, porcinos, feedlots, con productos distintos en regiones distintas. Es más efectivo trabajar sobre compras con cobertura financiera y financiamiento que con un subsidio intra-agro", indicaron.

 

El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y portavoz del Consejo Agroindustrial, José Martins, confirmó que buscarán acercar una propuesta. "Estamos en contacto con varios ministros para revertir esta medida, que no soluciona el problema", dijo. El presidente de Maizar, Alberto Morelli, agregó: "Tratamos de avanzar para revertir esta medida desde el punto de vista privado", dijo. "Esta medida cayó mal, porque los productores sienten que se vuelve a políticas que fueron muy perjudiciales y por una sumatoria de cosas: el impuesto a la riqueza, la ley de manejo de fuego, que cayó pésimo, y el desánimo por las condiciones climáticas", agregó.

 

La pelota en Balcarce 50

El surgimiento del Consejo Agroindustrial le dio al Gobierno una posibilidad para cambiar el interlocutor con el combativo sector agropecuario. En los próximos días se verá hasta dónde el Ejecutivo toma esa chance. "Hay, en los dos lados, sectores que quieren que esto escale y otros que queremos un país normal. Dependerá de cuánto quiera el Gobierno que esto escale", confió una fuente del sector privado que busca desactivar el escenario de conflicto. 

 

En declaraciones a radio Con Vos, Alberto Fernández abrió una puerta a la negociación: "Por principio de solidaridad les estoy planteando que garanticen al argentino lo que consume y que le cobren lo que corresponde. El resto, que exporten todo lo que quieran al precio que se les dé las ganas”, dijo. El martes, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había sido más terminante: "El Gobierno no se va a mover un centímetro", advirtió.

 

El que no habló por el momento es Basterra, el ministro que firmó la resolución que cerró la exportación de maíz. Tanto en el sector privado como en el Gobierno entendieron las declaraciones de Katopodis como una forma de marcar la cancha hacia adentro. Juzgan que el titular de Agricultura no sale a defender la posición oficial. Quizás porque entiende, como otro asesor del Gobierno, que la medida no garantiza maíz barato para la producción de carne y desalienta la siembra del cereal para la próxima campaña.

 

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