El Gobierno suspendió temporariamente la exportación de maíz hasta el 1 de marzo de 2021 e indirectamente detonó una interna en el corazón del campo. Los productores de maíz junto a las entidades rurales de peso cuestionaron la medida y le cayeron, una vez más, al sector agroindustrial, quienes saldrían beneficiados con la situación. Se retoma la disputa y promete una reconfiguración futura.
La resolución no afecta al maíz que ya ha sido declarado para embarcarse en enero y febrero, sino que prohíbe nuevas operaciones durante ese período. El argumento es que debe asegurarse el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos, básicamente la industria que alimenta la producción de cerdos, pollos, huevos, leche y carnes de feedlot. Restan unas cuatro millones de toneladas que el Gobierno quiere guardar para el mercado interno y no exportarse.
Con esto en la mesa, el eje de la discusión es el precio del maíz. Al restringir las exportaciones se ampliará la oferta en el mercado interno y contendrá los precios a los que la industria le compre a los productores. Posiblemente, también a los productos que lleguen a los consumidores. Mientras que los precios a nivel internacional están en alza.
Es ahí cuando los productores y exportadores con granos se ven perjudicados al no poder comercializarlo al exterior. Pero las críticas de fondo se deben a las formas intempestivas de la medida intervencionista en un sector donde la rentabilidad está ajustada a la eficiencia. “El presidente nos reunió a todo el agro y dijo que iba a haber diálogo. Esto lesiona la confianza. Tenemos miedo de que sea la punta de un iceberg y se empiece a cerrar a otros productos”, sostuvo el presidente de la Sociedad Rural de Rosario, Tomás Layús.
Lo cierto es que la reacción no es sólo contra el ministerio de Agricultura que emitió la resolución, sino contra los beneficiados, es decir, la agroindustria. Quienes utilizan el maíz como insumo plantean que hay dificultades en la compra del cereal porque productores y acopiadores especulan para venderlo más caro. Para colmo, se filtró un audio del presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, donde carga contra la intransigencia de los productores.
La Asociación Argentina de Productores Autoconvocados, que ha mostrado una línea en común con la Sociedad Rural Argentina (SRA), le saltó con los tapones de punta al empresario: “Domenech, maíz hay pero hay que pagarlo lo que vale y no ir con papá Estado, como iba con Guillermo Moreno para que se lo consiga barato”. En el mismo comunicado auguran que puede suceder lo mismo con la industria del trigo y la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).
En tanto, volvieron a cargar contra la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) que son entidades casi gemelas desde lo institucional. Los cuestionamientos vienen de mediados de año cuando impulsaron junto a la cámara que conduce Domenech, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para mejorar exportaciones con valor agregado por sobre la de granos sin procesar.
De ese esquema quedó afuera la Sociedad Rural y adentro la Federación Agraria (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales (CRA), que ahora se juntaron para criticar el cierre del grifo al maíz. Ese conglomerado de 50 cámaras le disputa poder de lobby a la Mesa de enlace y ha ganado protagonismo en el 2020. Todo un cambalache que promete una reconfiguración rural.
Lo cierto es que los Productores Autoconvocados y la SRA advierten que la representación se encuentra "diluida" y que los encuentros entre el Gobierno y el Consejo "favorece enormemente a la industria". En los últimos días también cargaron contra la CIARA por entender que, luego del beneficio del diferencial de retenciones para productos con valor agregado, las empresas asociadas no transfirieron el beneficio a los productores que le venden los granos. Todo suma a la tensión.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Aceitera defendió al Consejo durante el fin de semana en Radio Colonia, en el programa Campo minado de Jorgelina Traut: “La decisión nos tomó por sorpresa. En las 25 reuniones que mantuvo durante el año el Consejo Agroindustrial con el Gobierno de este tema jamás se habló. Cuando se anunció yo estaba en el Ministerio y no me dijeron nada. El Consejo va a realizar gestiones a nivel gubernamental".
Carlos Schilling, presidente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, entidad nacida en Río Cuarto tras el conflicto del campo por la 125, reprochó en la misma entrevista: "Esperábamos un comunicado del Consejo, es importante dejar en claro que la medida nos perjudica".
Para colmo, este miércoles con la noticia de la restricción de exportaciones al rojo vivo, el Gobierno anunció un acuerdo con Idígoras, que, además de la Cámara Aceitera, preside el Centro de Exportadores de Cereales desde donde se exporta el maíz. Con el acuerdo se busca asegurar un precio accesible para el aceite de consumo familiar y, al mismo tiempo, compensar a los productores aceiteros que abastecen el mercado interno.