En febrero de 2020, hace casi un año, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, recibió a los altos ejecutivos de un grupo empresario nacional. Los canales de noticias mostraban un anuncio del Banco Nación destinado a las economías regionales. Ante los ceos, Basterra blanqueó su enojo y, quizás, su resignación. "Yo vine acá por las economías regionales y me entero de esto por televisión", dijo. Son de esos gestos que quedan impregnados en los hombres y las mujeres de negocios. Quienes participaron de aquel encuentro terminaron tocando directamente el despacho del Presidente para resolver sus cuestiones.
Cuatro meses después, Basterra volvió a enterarse por TV de otro anuncio que impactaba sobre su cartera: el intento de expropiación de Vicentin. El presidente Alberto Fernández, el ministro de Desargrollo Productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti capitanearon la iniciativa, que luego quedó trunca. El ministro de Agricultura no fue convocado.
Los dos episodios pintan el lugar de Basterra dentro del Gobierno. No forma parte del anillo cercano al Presidente, pero tampoco es hombre de la vicepresidenta Cristina Kirchner. No tuvo injerencia en los planes que la campaña del Frente de Todos pensó para el sector agropecuario. Cuentan en la agroindustria que el exdiputado por Formosa llegó al gabinete de la mano de su jefe político, el gobernador Gildo Insfrán, y ocupó los casilleros de la estructura con funcionarios acercados por el exministro Julián Domínguez y el empresario Roberto Urquía, principal aportante a la campaña de Alberto Fernández y dueño de AGD.
Los ministros de Fernández se quejan en privado y no tanto de la inacción del titular de Agricultura. El cierre de la exportación de maíz, el miércoles 30, fue una decisión de Basterra. La compartió con muy pocos, entre ellos, Ariel Martínez, hombre de su confianza. Sorprendió a toda la cadena agroindustrial, que discute con el Gobierno los proyectos para incentivar exportaciones -y diluir la representación de la Mesa de Enlace-. El Ministerio de Desarrollo Productivo recibía constantes quejas de los productores de aves -sobre todo- y otros animales por la suba del precio del maíz y pedía que la cartera agraria interviniera. Sobre todo, porque busca cerrar, con frigoríficos, una ampliación de Precios Cuidados a 12 cortes de carne y para eso necesita garantizar cierta estabilidad en el precio del alimento del ganado.
Con el diario del lunes, lo de Basterra pareció una sobrerreacción que, lejos de empoderarlo, volvió a ponerlo en el epicentro del temblor. Primero, porque la voz política fue la del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. "No vamos a movernos un centímetro de seguir defendiendo a los más pobres", dijo, en un mensaje que luego replicó el Presidente y que en la agroindustria se interpretó como una manera de marcarle la cancha al titular de Agricultura.
Luego, porque mandó mensajes públicos -hacia adentro y hacia afuera- a través de interlocutores privados. El 6 de enero, tras una reunión con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Agricultores Federados Argentinos (AFA), que integran Coninagro y Federación Agraria pero no son la M Mesa de Enlace, una gacetilla oficial citaba declaraciones de los ejecutivos. "Hemos traído cierta tranquilidad al ministro en cuanto al abastecimiento de maíz. Ojalá que logremos revertir esta medida que se tomó y que el paro no haga falta", dijo Gonzalo Del Pino, de AFA. "Hoy estamos con la suspensión del registro de exportación de maíz, que entendemos que se va a resolver", agregó Mario Rubino, de ACA, según se cita en la gacetilla del ministerio.
Por último, sentó en la mesa del acuerdo con la cadena del maíz a funcionarios de Desarrollo Productivo y Economía, que aparecieron como los garantes técnicos y políticos del entendimiento.
El mismo día del cierre de las exportaciones de maíz, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC) acordó con el Gobierno un mecanismo de subsidios cruzados dentro del sector privado para disociar el precio interno del aceite de girasol de los valores internacionales. La industria, a través de un fideicomiso, compensará a los productores. "El Gobierno evalúa extender las medidas del maíz al girasol", indicó Ciara ese día, al justificar la iniciativa. Desde entonces, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) buscó acercar al Gobierno una solución similar para que la industria local recibiera maíz a precios desenganchados de los internacionales. Al haber más agentes en la cadena del maíz, el mecanismo sería más complejo, detallaron negociadores del sector privado.
El anuncio del martes -la reapertura de la exportación de maíz sin topes y con monitoreo para que no se desabastezca el mercado interno- va en la misma línea que propusieron los ejecutivos del Consejo Agroindustrial: una especie de autorregulación del sector privado que garantice producto a la industria a precios más accesibles y, a la vez, permita exportar el excedente -unas 8,5 millones de toneladas de las diez millones disponibles- al precio pleno menos retenciones (12%). En el medio, pasó una semana en la que tres entidades de la Mesa de Enlace convocaron a un paro y la cuarta -Coninagro- manifestaba su preocupación por la falta de interlocutores que ofrecía el Gobierno. Coninagro es, de las cuatro, la entidad que mejor llegada tiene a Basterra. El secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, fue gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la entidad cooperativa más influyente.
"El análisis amerita hacer una primera escisión sobre con quién uno dialoga y con quién llega a los acuerdos. La Mesa de Enlace en ningún momento estuvo proclive al diálogo. Y ni siquiera tuvo consenso interno para definir una medida (de fuerza)", dijo Basterra este miércoles, en su primera tanda de declaraciones radiales desde que explotó el conflicto.
La dispersión de los negociadores permite todo tipo de lecturas: los productores autoconvocados, Confederaciones Rurales (CRA), la Sociedad Rural (SRA) y Federación Agraria (FAA) podrán decir también que, con el cese de comercialización y la amenaza de escalar el conflicto, obligaron al Gobierno a retroceder y reabrir, sin cupo, la exportación de maíz. Provocó un conflicto que no será gratuito: los productores -un actor político opositor, pero también un actor económico relevante- mostraron los dientes y advirtieron que resistirán cualquier medida que recorte sus ingresos, en momentos en que los commodities vuelan y un gobierno urgido por recaudar puede verse tentado a subir retenciones.
