Tres temas sobre la mesa, que se negocian juntos y en un solo paquete: el Presupuesto 2021, la ley para blindar los activos del Fondo de Garantía de la Anses y la reforma judicial. Así se planta el Gobierno en las conversaciones con las provincias y la oposición para discutir los proyectos centrales que deberá tratar el Congreso antes de fin de año, que incluyen la reorganización judicial que aprobará este jueves el Senado y el reparto federal de fondos.
Las conversaciones ya están en marcha. La semana pasada, a pedido de las provincias, la Casa Rosada anunció la refinanciación de las millonarias deudas que 21 jurisdicciones tienen con la Anses. Acto seguido, envió al Congreso el proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS) de la Anses, que establece que no se usarán los recursos de esas acciones para pagar la ley de reparación histórica y habilita la reprogramación de esas deudas distritales.
En las gobernaciones tienen especial interés en que el proyecto se apruebe y eso descomprima las finanzas locales, de cara a las elecciones 2021. En el mismo sentido se inscribe el acompañamiento al Presupuesto 2021, que el Gobierno debe enviar al Congreso antes del 15 de septiembre. El proyecto reflejará las ya famosas 60 medidas que Alberto Fernández anunciará en las próximas semanas.
Como publicó Letra P, la intención del Presidente es hacer el anuncio junto a las dos gobernadoras y los 22 gobernadores. El mensaje que busca dar la Casa Rosada es que el plan es el resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y las provincias. El efecto inmediato debería ser, entienden en el Gobierno, el apoyo de las representaciones provinciales en el Congreso, una vez que el Presupuesto se ponga en discusión.
Más allá del orden en que los temas lleguen al recinto, los debates correrán "en paralelo". La reforma judicial será uno de ellos. En el Gobierno nadie espera que los gobernadores de Juntos por el Cambio den un apoyo explícito al proyecto que la mesa nacional del espacio ya rechazó, pero confían en que habrá "gestos" de buena voluntad, tanto de representantes provinciales como del sector más "dialoguista" de la alianza opositora, que permitirán que la ley se sancione. Las declaraciones del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que se mostró a favor del debate, fueron bien recibidas en la Casa Rosada.
En el Frente de Todos ya avisan que el tratamiento de la reforma judicial en la Cámara baja no será exprés, sino que se debatirá en comisiones con la participación de expositores, a favor y en contra. En Balcarce 50 no descartan que, incluso, pueda sufrir modificaciones a pedir de la oposición, que declinó de intervenir en el Senado, y luego vuelva a la Cámara alta para su sanción.
El comportamiento de los tres gobernadores radicales y del macrista Horacio Rodríguez Larreta será crucial. El jefe de Gobierno porteño no quiere romper los puentes con la Casa Rosada. Desde que se declaró la cuarentena, aceitó su vínculo cotidiano con el Presidente. Se escriben asiduamente, todos los lunes previos al anuncio de extensión de la cuarentena mantienen una conversación telefónica y luego se encuentran en la semana, una rutina de buena vecindad que quiere mantener hasta, al menos, las elecciones de 2021.
En ese marco, la presentación del proyecto de reforma judicial se convirtió en una bomba de tiempo para Larreta. A coro, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Elisa Carrió tildaron al proyecto del oficialismo como un plan de impunidad diseñado por y para la vicepresidenta. Cuando se profundizó el debate público, los asesores más íntimos de Rodríguez Larreta le sugirieron retrasar lo más posible una definición. Cristina Fernández de Kirchner le bajó el precio este martes al texto, al describirlo más como una reorganización de fueros que como una reforma. Pudo haber sido un intento de quitarle dramatismo.
La marcha del 17A, en la que entre la multiplicidad de consignas se destacó un rechazo a la reforma judicial, aceleró el posicionamiento público del jefe de Gobierno. Cercado internamente por sus socios de JxC y en el ojo de su propio electorado, que en plena pandemia hizo una marcha en el distrito que gobierna desde 2015, Rodríguez Larreta se metió en el barro, pero a su estilo: blanqueó que no acompaña la reforma, pero que está dispuesto a negociar en otro contexto. Así lo aclaró en la ráfaga de tuits en la que hizo público su rechazo al decir “no” sin decir “de ninguna manera”, como profesan Macri y Bullrich.
Ese mensaje soterrado es la luz al final de túnel que ve el Gobierno para destrabar la reforma con una negociación más amplia. La clave está en el apartado que establece que el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad es con recursos, un artículo que repite lo que dicta la Constitución, pero que no tiene especificaciones.
Para llegar a un entendimiento con Rodríguez Larreta, el Gobierno apelará a la negociación del Presupuesto 2021, que contemple los fondos para ejecutar la transferencia y también un acuerdo por el recorte de la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno trabajará para ese escenario: quiere que ambas cifras queden estampadas en el ejercicio fiscal del año próximo.
Desde marzo, Fernández y Rodríguez Larreta negocian el recorte de la masa de recursos coparticipables que recibe el distrito más rico del país y se incrementó de manera considerable durante la gestión de Macri. La Ciudad recibe el 3,5% de la coparticipación federal y el plan del oficialismo era llevarlo al 1,4% y transferir el dinero para cubrir los salarios de los policías transferidos. Por la pandemia, la negociación quedó en stand by y ahora será parte del combo que estudian en Olivos para destrabar la reforma judicial.
En su visita a la Quinta presidencial, el senador Martín Lousteau fue a pedir tiempo, un gesto de buena voluntad en línea con la señal de Rodríguez Larreta, que sabía de antemano del cónclave del senador con Fernández. Las conversaciones de la Casa Rosada con representantes de JxC también fluyen. El Presidente mantiene línea abierta con el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.
