José Martins, el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, fue el impulsor de la reunión en la que el Gobierno se metió de lleno en el esclarecimiento de la rotura de silobolsas y en la que se vislumbró el fondo político del asunto: una contienda ideológico-política en la que un sector manifestó que, ocurra lo que ocurra, en los campos se están armando grupos de autodefensa para defender la propiedad privada.
Luego de una serie de hechos aislados pero con sospechos de sistematización, habló con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y le explicó que era conveniente armar una charla virtual sobre la cuestión. El funcionario ya había expresado en redes sociales su solidaridad, pero Martins olió efervescencia en el interior del país y Buenos Aires y pidió algo más grande. Con apoyo de otros empresarios vinculados a la agro industria y a los exportadores de granos, logró una mesa envidiable: la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, Basterra y el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta; Daniel Costamagna, ministro de la Producción de Santa Fe; Juan José Bahilo, ministro de Producción de Entre Ríos; Sergio Busso, el encargado de Agricultura de Córdoba, y Javier Rodríguez, titular de Desarrollo Agrario de Buenos Aires.
La ministra Frederic armó un plan federal para investigar.
Del lado empresario, dirigentes de la Mesa de Enlace, acopiadores, productores, molineros y agroexportadores. Una convocatoria virtual, vía Zoom, con los que mueven los hilos. El diálogo inició amistoso, pero se puso denso. El que encendió la mecha fue Fernando Rivara, presidente de la Asociación de Acopiadores. A pesar de que viene de una historia familiar de peronismo bonaerense, aseguró que “en las roturas hay militantes que mandan algunos dirigentes”. Lo frenó Basterra. “No tenés que mirar tanto las redes sociales, esto no es político”, le dijo. Pero atrás, redobló la apuesta de diagnóstico agrario el titular de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes. “Tenemos que contener esto como sea, porque hay gente que se está armando y esto va a terminar mal”. Algunos de los que se reservan el nombre mencionaron que hay productores que “ya compraron escopetas”. El entrerriano Bahilo se plantó y explicó que estaban ahí “para ver quién rompe los silos, no para ver quiénes se arman”.
Gélida, Frederic miró desde afuera hasta este punto: “Lo que tenemos acá es claramente un vandalismo contra la propiedad privada y voy a llevar este tema al consejo de seguridad. Lo que nosotros queremos, como gobierno, es ayudar. Y esto no es ideológico”. Sorprendió a todos, que la creían más ultra y anticampo. Se le pegó Rodríguez, ministro de Axel Kicillof: “Nosotros tenemos algunos casos, pero son aislados”, dijo y recibió críticas de ruralistas que le mencionaron que Buenos Aires era uno de los focos.
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La escena completa ofrece escenarios inexplorados en los últimos años de gobiernos peronistas. La posición de Frederic refleja que la administración de Alberto Fernández está dispuesta a avanzar en un vínculo diferente con el campo. El silo, una bolsa que es útil para acopiar granos, es, con bastante evidencia a favor, vista por el sector más ultra de la alianza como el símbolo de la especulación granaria. Hoy, la mayor parte de lo que está guardado es a la espera de una devaluación mayor que permita una ganancia extra. Por eso, el avance hacia una situación de colaboración no es menor en este contexto. Frederic, incluso, adelantó que habría un plan federal de monitoreo de campos y ya armó protocolos de seguridad y patrullaje con las provincias más afectadas.
Si a esta ayuda y armado se le aplica el diagnóstico de qué nivel de vandalismo se discute, se ve aún mejor la posición del Gobierno de ayudar y acercar posiciones con un sector siempre en conflicto: hay 21 millones de toneladas de grano en silobolsas y las roturas suponen menos de 5.000. Si bien no se busca justificar el vandalismo, el 90% de ese grano es recuperable. “No se están quemando los campos ni mucho menos”, aclaró un dirigente en la mesa de funcionarios antes mencionada.
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¿Dónde se funda el ruido cuando hay tantos que buscan un acuerdo? En los que buscan el desacuerdo. “La autodefensa está en marcha y es más importante que la ley”, agitó, por teléfono, un dirigente de la Agrupación Campo y Ciudad, los ultras alineados con Cambiemos que buscan asentarse en la Sociedad Rural (SRA).
El bunker PRO del campo, con Luis Miguel Etchevehere al frente, persigue una épica similar a Vicentin en el caso de los silos. El exministro sube videos en sus redes y cuela sospechas políticas. Ese grupo ya aclaró que “hay que impedir que se traten los proyectos de ley”. En la misma línea se expresó el diputado del PRO bonaerense Luciano Bugallo en una entrevista con este portal.
En cuanto a las normas, el Gobierno salió al ruedo con un proyecto de Sergio Massa para penar el vandalismo. Se hizo luego de muchas consultas con los agroaliados del Frente de Todos, que recomendaron salir de la figura de “estrago”. Más allá de las especulaciones sobre el proyecto, el Gobierno pone ahora la pelota del lado de Cambiemos y se mete en un tema que le era ajeno y le daba urticaria. De algún modo, se pone solidario con el campo y obliga a Cambiemos a pensar una posición parlamentaria y política que le quedaba bastante cómoda.