La noticia pura y dura indica que la Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió, por mayoría, hacer lugar al pedido del procurador general, Julio Conte Grand, y suspendió por 90 días al fiscal general del departamento judicial de Lomas de Zamora, Enrique Bernardo Ferrari. Sin embargo, detrás de esta resolución existe una puja de intereses que tiene su génesis en el presunto espionaje ilegal que habría permitido o facilitado el jefe de los fiscales provinciales a algunos de sus subordinados con quienes mantenía línea directa.
En una batalla judicial a tres bandas (en los fueros federales de Lomas de Zamora, Dolores y en el fuero penal de La Plata), el fiscal Ferrari había denunciado a Conte Grand por el presunto armado de causas que luego iban a ser utilizadas con fines de persecución gremial o política, tal como Letra P publicó en diversos artículos. La denuncia fue presentada el lunes 22 de junio pasado en el juzgado Federal de Lomas de Zamora. Allí está radicada una de las causas de espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno Mauricio Macri.
La suspensión temporal del fiscal fue dispuesta a través de una resolución que contó con el voto conjunto de los ministros Daniel Soria, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres, con la adhesión –por su voto– del ministro Luis Genoud; en tanto el ministro Eduardo de Lázzari votó en disidencia.
No es la primera vez que el juez De Lázzari se expresa en sentido contrario al resto de sus pares. El 13 de julio de 2019 denunció un cóctel explosivo de corrupción judicial en la provincia de Buenos Aires. Tal como Letra P informó en ese momento, el entonces titular de la Corte expuso ante jueces del fuero Penal: “Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”. Así se subió a una pelea que parecía ajena a la toga bonaerense, la judicialización de la política que todos los días genera nuevos capítulos desde el edificio de Comodoro Py.
Ningún ministro de la Corte salió en público a confirmar ni desmentir esa versión. Sí lo avalaron jueces provinciales y representantes de colegios de abogados. También recibió apoyo desde el fuero Federal.
Esta nueva decisión de la Corte muestra, en este caso particular, una mayoría automática alineada con el procurador vidalista Conte Grand. La incógnita a despejar es si se trata de un nuevo esquema de poder en las entrañas del poder Judicial provincial, una partida que es seguida de cerca por la gobernación provincial, donde quieren desplazar a Conte Grand sin contar, a la fecha, con los votos necesarios en el Senado bonaerense para hacerlo.
Conte Grand fue uno de los funcionarios de máxima confianza de la exgobernadora María Eugenia Vidal quien, detrás de escena, maneja las voluntades de los legisladores opositores en la cámara alta.
El caso será analizado en la Secretaria de Enjuiciamiento de Magistrados que depende del Senado provincial en cabeza de la vicegobernadora Verónica Magario, quien aparece como víctima de espionaje ilegal en el triángulo La Plata-Dolores-Lomas de Zamora.
LA RESOLUCIÓN. Según precisó la Corte, se otorgó "una licencia por 90 días" a Ferrari y se instó al procurador general para que "adopte las medidas necesarias para restablecer el correcto funcionamiento de la fiscalía general del departamento judicial Lomas de Zamora, debiendo convocar a los funcionarios más calificados del Ministerio Público, aunque se desempeñen en otros departamentos judiciales".
También encomendó a la Subsecretaría de Control de Gestión para que junto a la Procuración General realice un relevamiento de la fiscalía general, dando intervención, cuando ello resulte pertinente, a la Subsecretaría de Control Disciplinario.
Asimismo dispuso el monitoreo de las restantes actuaciones penales y disciplinarias en trámite, en las que se investigue el desempeño de funcionarios de la fiscalía, encomendando a las Subsecretarías de Control Disciplinario y de Control de Gestión la elaboración y periódica remisión al tribunal de reportes sobre su estado y grado de avance.
