El tribunal cerró una causa de más de dos décadas. Dijo que no se demostraron daños concretos. Fortaleció el control de las provincias sobre los recursos.
YPF refuerza su presencia e inversión en Vaca Muerta
La Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda colectiva impulsada por una ONG contra empresas que operaban en Vaca Muerta y cerró una causa que llevaba más de dos décadas en trámite. El fallo alivió la presión judicial sobre las petroleras, al concluir que nunca se acreditó un daño ambiental interjurisdiccional concreto.
La decisión impactó sobre una discusión que excedió el plano ambiental y se metió de lleno en la economía política de la energía. Para el tribunal, la estrategia de la ONG demandante se apoyó en planteos generales, sin precisar hechos, lugares ni afectaciones verificables que justificaran avanzar en una nueva etapa procesal.
El expediente había sido promovido por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa) contra YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Total Austral, CAPEX, PCR, Vista Oil & Gas y otras operadoras de la cuenca neuquina. También participaron el Estado nacional y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.
En el fallo, los jueces remarcaron que la actora incurrió en “vaguedad e imprecisión” y no logró demostrar un perjuicio ambiental específico de carácter interjurisdiccional. Además, señalaron que la prueba presentada no buscó corroborar hechos concretos, sino avanzar sobre hipótesis que no habían sido debidamente acreditadas durante la causa.
La resolución también representó un mensaje hacia el modo en que la Justicia abordó litigios ambientales de gran escala. La Corte dejó en claro que no suplió falencias de las partes ni reemplazó la carga probatoria de quien impulsó la denuncia, una señal relevante sobre previsibilidad procesal para sectores estratégicos.
Otro punto central del fallo fue la defensa del federalismo en el control de los recursos naturales. El tribunal sostuvo que la cuestión debía respetar el marco constitucional que otorgó a las provincias un papel central en materia de fiscalización ambiental e hidrocarburífera.
Ese razonamiento tuvo peso político y económico. En un enclave esencial para el desarrollo energético argentino como Vaca Muerta, la decisión despejó un foco de incertidumbre para compañías que sostenían inversiones de largo plazo en exploración, producción e infraestructura.
La Corte también subrayó que Assupa podía haber requerido información ambiental previa a organismos nacionales y provinciales antes de avanzar con la demanda. Según los jueces, una organización que se presentaba como defensora del ambiente debía contar con elementos concretos que respaldaran una acusación de esa magnitud.
Detrás de esa definición apareció otra lectura: la protección del derecho de defensa, la propiedad privada y la libre empresa como pilares para un esquema de estabilidad normativa. En la industria energética, esos factores suelen leerse como señales vinculadas al riesgo país, la confianza regulatoria y la atracción de capitales.
Tras más de 20 años de trámite, el máximo tribunal cerró una causa que combinó ambiente, federalismo y actividad hidrocarburífera. Para las petroleras, significó el fin de un litigio que mantenía abierta una zona de incertidumbre judicial. Para la política energética, dejó una señal sobre reglas de juego y límites procesales en disputas de alto impacto.