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Operativo Magario: la vicegobernadora fue espiada a tres bandas

Figura como víctima en las tres causas que se investigan en suelo bonaerense. El triángulo La Plata - Lomas de Zamora - Dolores. La pista de los boinablanca.

Por 15/07/2020 14:40

Las causas por espionaje ilegal siguen dando sorpresas. La declaración de un empleado de Migraciones en el marco de la causa que tramita en el fuero Federal de Dolores aportó un dato relevante: la vicegobernadora Verónica Magario también fue objetivo de una presunta banda paraestatal que -se sospecha- conformaron el fiscal federal Carlos Stornelli, el fiscal bonaerense Juan Ignacio Bidone y el mediático falso abogado Marcelo D’Alessio, según indicaron fuentes judiciales a Letra P.

El agente de la Prefectura Naval Argentina Leandro Pini fue indagado por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa en la que se investiga a una supuesta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión. De acuerdo a la investigación judicial, desde el usuario “flpini” fueron revisados entre el 2016 y 2018 los registros migratorios de la entonces intendenta de La Matanza y actual vicegobernadora bonaerense, Veronica Magario, entre otros dirigentes políticos y empresarios.

Este nuevo dato ubica a la titular del Senado provincial como la primera dirigente política víctima de espionaje en las tres causas que rodean al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, entre otros.

 

 

La base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones permite acceder al registro de entradas y salidas del país de cualquier ciudadano pero además contiene la última foto y el último domicilio registrado de quienes traspasan la frontera. Los investigadores consideran que es información sensible y que podría haber sido utilizada para espionaje ilegal.

CONEXIÓN DOLORES. En la causa se investiga una supuesta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión con fines políticos, mediáticos y judiciales y tuvo su origen en una denuncia del empresario Pedro Etchebest, que presuntamente fue extorsionado por D’Alessio, quien le reclamaba dinero a cambio de evitar que el fiscal Carlos Stornelli lo involucrara en la causa de los cuadernos.

Entre los procesados que figuran en este expediente se encuentran D’Alessio, los expolicías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y los fiscales Juan Ignacio Bidone, sindicado como proveedor de información de la banda, y Stornelli, acusado de valerse de información obtenida de forma manifiestamente ilegal.

 

 

En una resolución emitida días atrás, el juez Ramos Padilla consideró que la asociación delictiva que integraba D’Alessio no tenía “vínculos con el Estado” sino que era directamente una “organización criminal paraestatal”.

En ese sentido, sostuvo que la organización criminal tenía “vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia y participación de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, como con integrantes de los medios de prensa”.

CONEXIÓN LOMAS. Magario también figura como víctima de espionaje en la causa que es investigada por la fiscal federal Cecilia Incardona y el juez Juan Pablo Augé. En este expediente ya fueron indagados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión Macri.

El espionaje ilegal que se investiga en esta causa consistía en “llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”, según del expediente.

 

 

CONEXIÓN LA PLATA. En el fuero penal de la capital bonaerense tramita una causa en la que se investigan actividades que generan sospechas de espionaje ilegal sobre personas físicas y jurídicas durante la gestión Vidal.

En este expediente fueron procesados el extitular de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y su pareja, ambos exfuncionarios que reportaban directamente al entonces ministro de Seguridad, Cristina Ritondo.

La fiscal Cecilia Corfield obtuvo evidencia que acredita que mediante el uso de bases de almacenamiento de datos privadas se hicieron consultas patrimoniales sobre la Municipalidad de La Matanza cuando era administrada por Magario.

En este tablero del espionaje ilegal, la vicegobernadora aparece como uno de los objetivos apetecibles por todas las presuntas bandas de espías que, se sospecha, reportaban directamente a la Casa Rosada, a la Gobernación provincial o a una organización paraestatal con fines extorsivos. Todas las investigaciones apuntan a integrantes de Juntos por el Cambio. A los mencionados pueden sumarse las diputadas nacionales Elisa Carrió y Paula Olivetto, ambas investigadas en Dolores.

En tanto, fuentes legislativas adelantaron a este medio que en la comisión de control de los organismos de inteligencia del Congreso de la Nación aparecieron datos que también apuntan a encumbrados dirigentes de la Unión Cívica Radical que, se sospecha, solicitaron espionaje entre propios boinas blancas, cuyas identidades no trascendieron oficialmente debido a que son objeto de análisis.