La causa cursa en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y avanza tras nuevas acusaciones sobre fondos, propiedades y desarrollos sin terminar.
Lisandro Aloi, Juan Pablo Issel y Rodrigo Rossetto bajo investigación judicial por presuntas maniobras fraudulentas en el mercado inmobiliario.
La Justicia incorporó una nueva denuncia contra Rodrigo Rossetto, Lisandro Aloi y Javier Zlatkis por presuntas irregularidades vinculadas con Ara Homes SRL y emprendimientos inmobiliarios en Costa Rica. La causa quedó radicada en la Ciudad de Buenos Aires y apunta a supuestas maniobras relacionadas con desarrollos en Tamarindo.
La presentación judicial ingresó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, con intervención de la Fiscalía 31. Según el expediente, los acusados habrían administrado propiedades sin rendiciones de cuentas documentadas, pese a reclamos formales realizados por propietarios e inversores.
La acusación se sumó a una investigación previa sobre los emprendimientos Air Tesoro S.A. y Air Homes Dos S.A., promocionados en Costa Rica como proyectos de alta rentabilidad. Los damnificados sostuvieron que realizaron aportes económicos bajo promesas de participación societaria, adjudicación de tierras y entrega de acciones.
De acuerdo con la querella, las iniciativas fueron difundidas mediante material comercial, renders y proyecciones financieras. Sin embargo, los inversores afirmaron que las obras no avanzaron según lo prometido y denunciaron la ausencia de documentación suficiente para reconstruir el destino de los recursos aportados.
Integrantes del grupo denunciante viajaron a Tamarindo para verificar el estado de los terrenos. Según la presentación judicial, encontraron predios sin infraestructura ni construcciones en marcha. También señalaron que no recibieron las acciones comprometidas tras más de cuatro años de reclamos.
El expediente incorporó cifras millonarias bajo análisis judicial. Los denunciantes mencionaron una hipoteca de U$S 485 mil presuntamente tomada sin aviso previo a los inversores, además de presuntos envíos de dinero desde la Argentina hacia Costa Rica por alrededor de U$S 400 mil.
La causa también incluyó supuestos aportes ficticios por más de dos millones de dólares y retiros cercanos a U$S 300 mil. Según los denunciantes, no existió documentación respaldatoria que permitiera verificar el destino final de esos recursos.
Otro de los puntos señalados en la investigación apunta a una presunta coacción sobre una de las damnificadas. De acuerdo con el escrito, se habría condicionado la entrega de acciones a la firma de documentos que implicaban renunciar a futuros reclamos civiles, comerciales o penales.
La denuncia sostiene además que algunas propiedades continuaron bajo explotación aun después de haberse solicitado el cese de administración. Según el expediente, determinadas unidades habrían sido alquiladas mediante el uso de copias de llaves y sin autorización de sus propietarios.
También se denunció el supuesto uso irregular de espacios comunes de un edificio para oficinas vinculadas a Ara Homes SRL. Los denunciantes afirmaron que esa situación quedó registrada en un acta notarial y formaría parte de un esquema de aprovechamiento indebido de bienes ajenos.
Otro aspecto que amplifica el impacto institucional del caso fue la aparición pública de Lisandro Aloi como representante en la Argentina de AIA International, red vinculada al American Institute of Architects. En ese perfil también figura relacionado con SANOARA y AIR - Real Estate and Architecture.
Los involucrados difundieron un comunicado en el que rechazaron las acusaciones sobre los hechos investigados en Costa Rica. Mientras tanto, la Justicia avanza con medidas destinadas a preservar documentación y soportes digitales vinculados con las sociedades mencionadas en el expediente.