El titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Néstor de Lázzari, volvió a alertar sobre el riesgo de que la justicia bonaerense tome el camino de la Justicia Federal, sobre la que trazó un lapidario diagnóstico días atrás. Lo hizo mediante un comunicado oficial en el que retoma sus dichos en el coloquio de apertura de la V Conferencia de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, realizado en Campana, donde denunció un cóctel explosivo de corrupción judicial: habló de “causas armadas”, “condenas mediáticas”, “espías”, “traficantes de escuchas telefónicas”, “abusos de arrepentidos” y “complicidades de algunos magistrados”.
En el comunicado enviado por la presidencia de la Suprema Corte bonaerense, el ministro explica que en el encuentro organizado por la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, entre otras cuestiones, alertó a los magistrados presentes en torno a lo que denominó “abuso del proceso penal”. Con esa finalidad, advirtió que "comenzaban a registrarse situaciones conflictivas en el ámbito provincial, a semejanza de lo que públicamente es conocido en la órbita federal", en donde se investiga “una trascendente causa ante el Juzgado Federal de Dolores” a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y del Tribunal de Casación Penal.
En ese coloquio entre magistrados, De Lázzari “no particularizó los casos registrados en sede provincial por la reserva que impone el estado de las respectivas actuaciones”, se aclara en el comunicado, y explica que, ante “expresiones que ligeramente califican su actitud”, deja constancia de “que, entre otras situaciones, estaba haciendo referencia al caso del fiscal de Mercedes” Juan Ignacio Bidone, quien se encuentra acusado de “brindar ilegalmente información a un procesado, lo que ha motivado su suspensión por la Suprema Corte y su juzgamiento en sede penal”.
En otro pasaje del comunicado oficial también se refirió a “la existencia de denuncias efectuadas por un magistrado del Departamento Judicial de Lomas de Zamora”, el juez de Garantías Gabriel Vitale, “las que inmediatamente de recibidas por el Presidente fueron puestas en conocimiento del destinatario natural de las mismas que es el Ministerio Público, mediante oficio dirigido a la Procuración General” que encabeza en vidalista Julio Marcelo Conte Grand.
“De igual modo, al caso de un Agente Fiscal al que se le atribuye el armado de una causa, con testigos falsos y la colaboración de abogados, cuyo juzgamiento por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados tiene fecha de debate oral para el próximo 26 de agosto”, se indica en el texto al que accedió este medio, en relación al caso de Oscar Acevedo, quien fue apartado del cargo.
Las declaraciones del jefe de la Corte provincial generaron varias lecturas políticas que, además, fueron amplificadas luego de un twitt de Cristina Fernández de Kirchner, quien puso en agenda nacional al tema.
Uno de los primeros funcionarios en opinar fue el juez de Casación bonaerense y titular de la Asociación de Magistrados de La Plata, Víctor Violini, quien en diálogo con Letra P apoyó los dichos del cortesano y los enmarcó dentro de la lucha por la independencia del Poder Judicial bonaerense.
EL COMUNICADO
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo Néstor de Lázzari, formuló consideraciones que se vinculan con sus recientes manifestaciones que han tomado estado público.
En primer lugar, explicó el contexto en que tuvieron lugar las mismas. Se trató de una reunión con más de cien jueces penales de la Provincia, el 28 de junio ppdo., en la que se debatieron cuestiones propias del fuero, análoga a las que el Presidente mantiene habitualmente con jueces civiles, laborales, de familia, jueces de paz, camaristas, etc., en donde se analiza la problemática respectiva.
En esa oportunidad, entre otras cuestiones, el expositor alertó a los magistrados presentes en torno a lo que denominó “abuso del proceso penal”. Con esa finalidad, advirtió que comenzaban a registrarse situaciones conflictivas en el ámbito provincial, a semejanza de lo que públicamente es conocido en la órbita federal, en donde se está sustanciando una trascendente causa ante el Juzgado Federal de Dolores, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y del Tribunal de Casación Penal.
No particularizó los casos registrados en sede provincial por la reserva que impone el estado de las respectivas actuaciones. No obstante, ante expresiones que ligeramente califican su actitud, deja constancia ahora que entre otras situaciones estaba haciendo referencia al caso del Fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado, lo que ha motivado su suspensión por la Suprema Corte y su juzgamiento en sede penal. De igual modo, a la existencia de denuncias efectuadas por un magistrado del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, las que inmediatamente de recibidas por el Presidente fueron puestas en conocimiento del destinatario natural de las mismas que es el Ministerio Público, mediante oficio dirigido a la Procuración General. De igual modo, al caso de un Agente Fiscal al que se le atribuye el armado de una causa, con testigos falsos y la colaboración de abogados, cuyo juzgamiento por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados tiene fecha de debate oral para el próximo 26 de agosto.
