Con bastante lógica barrial y poca netamente profesional, el juez del concurso de Vicentin tiró la pelota afuera, y con ganas. En lo formal, le dijo que no al Gobierno en su intento de confirmar, vía el proyecto de Omar Perotti, el nombramiento del interventor Gabriel Delgado. En su lugar, dejó intacta a la conducción actual de la familia Vicentin-Nardelli. En la práctica, el fallo es casi una excusa: el magistrado no rechaza el proyecto de fondo del gobernador de Santa Fe y Caballo de Troya de la Casa Rosada, de intervenir y sanear la compañía para rescatarla, sino que demora los plazos y divide la decisión. En el fondo, Fabián Lorenzini puso al salvataje de la compañía en un proceso paralelo y obligó a la gestión de Alberto Fernández a testear su nivel de tolerancia a una salida que no sea la expropiación.
Lorenzini vive, hace las compras y hasta tiene amistades y familiaridad en Avellaneda, la ciudad desde la que opera Vicentin. Hace menos de dos semanas, emitió un fallo confirmando a los Nardelli al frente de la compañía ante el anuncio de expropiación del Gobierno. Unos días después, viendo el rebote social y el conflicto político, desde Olivos encaró una vía sin expropiación y volvió al camino legal del concurso, que era el pedido de casi todos los actores. Las propias circunstancias del magistrado y el contexto le redactaron un escrito que no es un no pero tampoco un sí, y que deja la puerta abierta a un conflicto extenso.
Lorenzini, el juez del concurso.
El Gobierno llegó desarmado al choque y esa falta de fortaleza en el planteo inicial ahora le hace pagar costos. Un ejemplo: en el Congreso empezaron a hacer cuentas por si, ante esta negativa, hay que votar un proyecto de expropiación. Según fuentes parlamentarias que charlaron con Letra P, el Senado tendría un trámite express favorable, pero el resultado en Diputados, hasta para el más entusiasta, es incierto. En el mismo sentido, se vio obligado a ceder la iniciativa ante una empresa que no solo no valía la épica, sino que le plantó un conflicto social que no sólo fue del campo, sino que sumó a los tanques de Cambiemos proscriptos en las urnas.
Los Nardelli están investigados por desfalco, créditos récord prestados por el Banco Nación de Mauricio Macri y triangulaciones de granos para una presunta evasión impositiva. Así y todo, están dilatando su supervivencia, con ellos al frente de la compañía, y poniendo al Gobierno a jugar en su cancha. En el medio, también Perotti quedó entrampado y para apoyar esa vía amistosa, el albertismo no apeló el fallo anterior del juez. Este último, en tanto, estaría en proceso de apelación. De cualquier modo, hoy, para el Gobierno el caso es lose-lose más que win-win.
Ahora bien, ¿este fallo predice más malas noticias para el Gobierno? Detrás del plan Perotti están casi todos los actores del agro y la industria, algunos acreedores, que quieren la intervención sin expropiación. La lectura de esos sectores, hoy, es que el juez no dictó en contra y que hay altas chances de que “salga a favor” de las intenciones oficiales. Ante el río revuelto de operaciones, es coherente darle entidad a los que no están jugando a la política.
Los Nardelli extienden la agonía y obligan al Gobierno a mover
Hace unos días, Delgado dio un interesante reportaje con el portal Infobae. Allí, le hicieron una pregunta clave: ¿Qué pasaría si el juez fallaba en contra'. “Nosotros tenemos muchas opciones sobre la mesa (…) el Presidente no va a tomar ninguna decisión que divida a los argentinos”, respondió.
La coalición gobernante parece hoy alineada con una salida de Todos. Hasta el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo a Futurock que la expropiación quedó "en segundo plano". Hacia el final de esa entrevista, Delgado aclaró que la decisión última es de Fernández.
El escenario es hoy incierto, dilatado y un problema autoinfligido del Gobierno que la da más razones para perder que para ganar, aún con más aliados que detractores.
