La figura del procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Marcelo Julio Conte Grand, volvió a escena en medio de la pandemia cuando resolvió instar a defendores a que pidan el beneficio de la prisión domiciliaria a personas detenidas que forman parte del grupo de riesgo para el contagio del coronavirus. Esa resolución -en la que Conte Grand no especificó las condenas por qué tipo de delitos podían entrar en esas revisiones y benefició a detenidos por delitos graves, que luego terminó echándola para atrás- obligó a Axel Kicillof a meterse en un terreno que prefiere evitar: el funcionamiento de la justicia bonaerense. Sin los votos en el Senado para remover al jefe de los fiscales que fuera secretario de Legal y Técnica del gobierno de María Eugenia Vidal, el gobernador piensa en un nuevo perfil para hacerse cargo de la Procuración. Al menos, en el mediano plazo.
Distintas fuentes del Ejecutivo consultadas por Letra P coinciden en que la figura de Conte Grand no es parte de la agenda urgente de Kicillof, aunque está “preocupado” por cómo se movió el procurador en las últimas semanas. En conferencia de prensa junto al ministro de Justicia, Julio Alak, el mandatario recordó que Conte Grand había sido funcionario del gobierno anterior. Su ministra de Gobierno, Teresa García, fue más vehemente y, en una entrevista con Letra P, dijo que el actual jefe de fiscales y defensores “no puede ser procurador porque no es objetivo”. Consultado por estas declaraciones, Kicillof esquivó la polémica y se limitó a decir que su tarea como integrante del Poder Ejecutivo es garantizar las condiciones de detención de las personas.
¿Quién debe ser procurador o procuadora, entonces, ante una eventual salida del vidalista? En el gobierno coinciden que, quien se haga cargo, “deberá estar vinculado y tener conocimiento en derecho procesal penal, en la versación jurídica y un probado conocimiento penitenciario”. Pero no solo eso. Ponen como ejemplo a la exprocuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó, que abordaba la tarea del Ministerio Público desde distintas aristas. De hecho, cuando Gils Carbó defendió su postulación ante el Senado de la Nación, una de las impugnaciones que se le hicieron fue que no tenía antecedentes en derecho penal. La entonces postulante fue contundente: “La función del Ministerio Público es defender el interés general de la sociedad, a menos que pensemos que esta finalidad se realice exclusivamente a través de la coacción, del derecho penal, lo que nos llevaría a reflexionar sobre ese sesgo y el impacto que podría producir sobre los ciudadanos en su interacción con el Estado”. Luego, su pliego fue aprobado por mayoría y con solo tres votos en contra.
Otro punto a resolver es la autonomía de la defensa pública provincial. Es decir, que fiscales y defensores no estén bajo la misma órbita respondiendo a las órdenes del procurador, como ocurre actualmente pese a que hay una ley aprobada en 2012 que promueve la división entre defensores y fiscales con un Ministerio Público Fiscal por un lado y un Ministerio Público de la Defensa por el otro.
En la Gobernación sostienen que Conte Grand tiene solidez académica, pero una probada robustez militante. El hecho de ser parte del PRO es crucial para el Ejecutivo, aunque Kicillof no lo dirá en público.
En el Ejecutivo sostienen que Conte Grand tiene solidez académica, pero una probada robustez militante. El hecho de ser parte del PRO es crucial para el Ejecutivo. Kicillof no lo dirá en público. La marca de la militancia es un escollo para quien quiera en un futuro estar al frente de la Procuración y en el gobierno bonaerense lo saben.
También la visibilidad es un filtro difícil de pasar, ya sea desde una mirada de centro, izquierda o derecha. Por eso descartan perfiles como el de los fiscales federales Federico Delgado, Carlos Storenelli o Guillermo Marijuan.
“Hay muchas compañeras, por ejemplo, que podrían ocupar ese cargo, pero el hecho de tener una activa participación militante ya las corre de una eventual postulación”, confió a Letra P un funcionario bonaerense. Por eso, no propondrán a alguien con las características de Conte Grand.
Pero también saben que un eventual reemplazo del actual procurador deberá ser en acuerdo con Juntos por el Cambio y- si los resultados electorales acompañan- dentro de al menos dos años. El procurador se elige con acuerdo del Senado bonaerense, donde el peronismo tiene 20 legisladores, mientras que la oposición controla ese cuerpo legislativo con 26 bancas propias.
LA OTRA POLICÍA. Como demanda hacia ese posible candidato o candidata, en el gobierno buscan que se le dé plena vigencia la Policía Judicial. Por falta de recursos, ese cuerpo, creado en en 1972, aunque modificado totalmente con una nueva ley en 2012 y desde el 16 de enero de 2018 con un nuevo cuerpo normativo, nunca se activó del todo. Conte Grand simuló un arranque de la Policía Judicial con una convocatoria “fantasma”. Fue el 2 de enero de 2019, cuando el Procurador abrió una convocatoria para la inscripción de aspirantes a detectives judiciales y la mayoría de los interesados ni se enteró.
Luego, como contó Letra P, el jefe de los fiscales designó “provisoriamente” a los “detectives judiciales” para todo el territorio provincial que deberán actuar en casos complejos o de gravedad institucional. En la actualidad, la fuerza está al mando de Esteban Lombardo, exfiscal de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata. La Policía Judicial es un viejo anhelo en la provincia de Buenos Aires.
PRESENTE Y FUTURO. “El trabajo del procurador es complejo, no es algo que se pueda aprender en la marcha”, le explica a Letra P una fuente interesada en el entramado judicial y político bonaerense que forma parte del entorno del gobernador. Agrega: “Desde antes de la asunción sabíamos que iba a ser un tema la figura de Conte Grand. (Pero) Hoy por hoy no está en la agenda urgente del gobernador”.
Por eso, el Ejecutivo esperará y aclara que no hará lo mismo que Cambiemos hizo con Gils Carbó o, en terreno provincial, con la anterior procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo. Sin embargo, aunque solo la ministra García exponga de manera pública su posición sobre Conte Grand, la mirada es, a priori, compartida por el resto del gabinete interesado en el laberinto judicial bonaerense que Kicillof y los suyos están conociendo. A excepción, por supuesto, del ministro Alak.
