La demorada Policía Judicial bonaerense todavía no fue puesta en funciones plenas y ya sumó un nuevo escándalo, que apunta a la conducción política de esa tropa de élite pensada y diseñada para actuar en investigaciones complejas. En plena feria, en enero, cuando el Poder Judicial tiene a más del 80% de su personal de vacaciones, el Procurador General, Julio Marcelo Conte Grand, abrió una convocatoria para la inscripción de aspirantes a detectives judiciales y la mayoría de los interesados ni se enteró.
Según la documentación oficial a la que accedió Letra P, el 2 de enero la Procuración envió e-mails a los fiscales generales de cada departamento judicial bonaerense para que sean reenviados a los fiscales de instrucción, quienes debían comunicar a sus instructores judiciales (los que llevan adelante las investigaciones bajo la dirección del fiscal) que estaba abierto el registro de aspirantes.
Los pocos inscriptos fueron depurados en una selección de la que se desconocen los criterios utilizados y los finalistas serán convocados a una capacitación “en la provincia de La Pampa a cargo de instructores australianos”, confirmaron fuentes judiciales a este medio. Un dato que no es menor: los candidatos a detectives deberán cargar con el costo del viaje (pasajes o combustible y peajes, en caso de viajar en vehículo particular), estadía y capacitación.
Esta situación tomó por sorpresa a la mayoría de los instructores judiciales de la provincia de Buenos Aires, quienes no se enteraron de la convocatoria y analizan distintas estrategias, que van desde una presentación administrativa ante Conte Grand para que se llame a otra convocatoria hasta la judicialización del tema, según detallaron distintos atores consultados.
Este escándalo se conoce luego de que el jefe de los fiscales provinciales prometiera una Policía Judicial “mejor que el FBI; el Scotland Yard y la Sûreté (Policía Nacional) francesa”, tal como publicó este medio.
Por definición, la Policía Judicial es una “institución civil, técnico-científica, organizada jerárquicamente, que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales". En la estructura administrativa depende del Ministerio Público Fiscal.
En la actualidad, la fuerza está al mando del ex fiscal de investigaciones complejas de La Plata Esteban Lombardo, aunque ese cargo fue judicializado: la funcionaria judicial Lorena Di Rocco lo reclama para sí.
A finales de 2018, Conte Grand presentó un plan de trabajo que luego reconoció que no podría cumplir por falta de recursos económicos. Durante aquella presentación, el funcionario Francisco Pont Verges, titular de la secretaría de Política Criminal, sostuvo que la Policía funcionaría “cuanto antes". "No podemos esperar”, indicó, pero reconoció que no tenía presupuesto para un lanzamiento pleno.
Esta fuerza de investigación es una de las constantes promesas desde el regreso de la democracia. Inclusive, el primero de los intentos fue en 1972. Desde entonces, ninguna administración (peronista, radical ni PRO) logró su plena vigencia. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el objetivo de la gobernadora María Eugenia Vidal es anunciar la puesta en funciones a pleno de la fuerza especial de investigación judicial durante la campaña electoral.
