EL PULSO | ENERGIA

Interna sin cuarentena, queja misionera y números en rojo

Mientras el avance de la pandemia del coronavirus ya ha alterado por completo la vida y las costumbres de toda la población, hay algo puertas adentro de la administración de Alberto Fernández que parece no haber registrado la gravedad del momento y sigue escalando como si nada fuera. Se trata de la marcada pelea interna que existe en el área de Secretaría de Energía entre el titular del área, Sergio Lanziani; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y los referentes del Instituto Patria que han comenzado a desembarcar en puestos clave.

 

Tras haber estado frenados casi dos semanas en el escritorio de Kulfas, los nuevos interventores del ENRE, Federico Basualdo, y del Enargas, Federico Bernal, lograron que se oficializaran sus nombramientos por medio de los decretos 277 y 278.

 

Tras haber estado frenados casi dos semanas en el escritorio de Kulfas, los nuevos interventores del ENRE y del Enargas lograron que se oficializaran sus nombramientos.

Tanto Basualdo, quien ya había sido vocal del ENRE en 2013-2014, como Bernal, exasesor del Ministerio de Planificación de Julio De Vido y actual director del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), soportaron en los últimos días un sostenido ataque de los principales diarios no oficialistas y de algunos sitios energéticos. Los cuestionamientos apuntaron basicamente al hecho de que están identificados con el kirchnerismo y la vicepresidenta Cristina Kirchner

 

Los colaboradores más cercanos a los flamantes interventores sospechan que detrás de esos embates estarían el ministro Kulfas y el gerente general de Cammesa, Esteban Kiper, quienes manejaban otros nombres para pilotear las intervenciones de los entes.

 

A esa dupla KK (Kulfas-Kiper), el Instituto Patria también le endilga haber motorizado la operación mediática que buscó dejar mal parados al nuevo presidente de la estatal IEASA, Andrés Cirnigliaro (extitular de empresa de Servicios Públicos de Santa Cruz) y al director de Legales, Juan Manuel Abud (exgerente general de Cammesa).

 

En el caso de Abud, los dardos estuvieron dirigidos a plantear un supuesto conflicto interno con sus pares de La Cámpora e hipotéticas denuncias de empresas eléctricas por su gestión en Cammesa que nunca se hicieron públicas ni llegaron a los tribunales.

 

Los nuevos timoneles de IEASA creen que esos cuestionamientos también fueron fogoneados por los gerentes macristas que permanecen en la empresa y no quieren ceder sus lugares. Entre los señalados aparecen el actual gerente del área legal, Carlos Gollán, y la gerenta de Nuevos Negocios, Gala Barbieri.

 

Gollán fue apoderado de Odebrecht y desembarcó en IEASA por pedido del ex presidente Mauricio Macri luego de haber salido en defensa del extitular de la AFI Gustavo Arribas en la denuncia por el cobro de coimas del grupo brasileño.

 

Barbieri, en tanto, aterrizó en IEASA a principios de 2019 proveniente de la Jefatura de Gabinete conducida por Marcos Peña para impulsar “proyectos estratégicos” y supervisar las ventas de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada que terminaron en manos del grupo Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, YPF y Central Puerto, que tiene entres sus principales accionistas a Nicolás Caputo, el socio y  “amigo del alma” de Macri.

 

RECHAZO MISIONERO. Cuestionado dentro del gabinete nacional y por las empresas energéticas que observan que no tiene poder de decisión para resolver los temas que afectan al sector, Lanziani recibió una nueva estocada política proveniente de su terruño.
Tras haber roto las relaciones con sus ex padrinos políticos de Misiones (los exgobernadores Carlos Rovira y Maurice Closs) a pocos días de haber asumido como secretario de Energía, ahora Lanziani fue blanco de un cuestionamiento explícito lanzado por los tres partidos políticos de la provincia que integran el Frente Renovador de la Concordia.
Por medio de una nota entregada directamente a Alberto Fernández, las autoridades de Concertación Forja, el Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE) y el Partido de la Concordia Social le advirtieron al Presidente que Lanziani no representa los intereses de Misiones y que su inacción está perjudicando varios proyectos energéticos de la provincia y la región del NEA.

 

SUBSECRETARÍA EN JUEGO. En tanto, en los pasillos de Energía trascendió que Lanziani estaría impulsando para la Subsecretaría de Energías Renovables, Hidroelectricidad y Eficiencia Energética a María Luján Crespo, una abogada especializada en recursos hidrocarburíferos que durante el gobierno macrista se desempeñó como secretaría ejecutiva del Consejo Federal de Energía (CFE).

 

Esa designación estaría ligada a la aparición en escena de un destacado ex ministro de Carlos Menem que le habría prometido a Lanziani financiación externa de las empresas que representa para llevar adelante dos proyectos energéticos (uno renovable y otro hidroeléctrico) en la provincia de Misiones.

 

El problema para Lanziani es que esa subsecretaría en juego era la que estaba reservada para la abogada Andrea Polizzoto, que tiene llegada directa a la Casa Rosada y cuenta con el apoyo del gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, y del diputado nacional y titular del PJ José Luis Gioja.

 

Por ahora, esta pugna también habría entrado en “cuarentena” al igual que otras cuestiones energéticas relevantes que están en el aire y esperan una solución de fondo que baje del ámbito presidencial.

 

 

CAMMESA EN ROJO. La última reunión de directorio de Cammesa confirmó lo que casi todos los actores del mercado eléctrico venían previendo: el sector enfrenta un panorama altamente preocupante, con una mora creciente en los pagos que obligará al Estado a aumentar los giros de subsidios para que el sistema siga funcionando.
Los datos y números en rojo que encendieron las alarmas son los siguientes:
- Las distribuidoras eléctricas de todo el país cancelaron solo el 52% del total de las facturas por la energía que recibieron del sistema nacional. De los 29.196 millones de pesos que tenían que pagar el 10 de marzo por las transacciones de enero, abonaron solo 15.265 millones de pesos,
- La deuda acumulada por todas las distribuidoras sobrepasa los 50.000 millones de pesos y representa el equivalente a casi dos meses de facturación.
- Edenor transfirió solo 2.810 millones de pesos del total de 5.266 millones que debía cancelar por la última transacción mensual facturada.
- En el caso de Edesur, la situación resulta más crítica: apenas pagó el 36% (1.577 millones de pesos) del total de 4.308 millones de pesos que le facturó Cammesa por el último período mensual.
De esta manera y cuando aún no ha transcurrido el primer trimestre del año, las dos distribuidoras eléctricas más grandes del país que abastecen la región metropolitana ya acumulan una deuda que supera los 5.100 millones de pesos. Lo paradójico de esta situación es que, mientras no cumplen con sus pagos totales a Cammesa, tanto Edenor -controlada por el grupo Pampa, de Mindlin-,como Edesur -del holding italiano ENEL- han salido a pedirles a los usuarios que no dejen de abonar las facturas para “mantener el nivel de recaudación que permita seguir teniendo una normal prestación del servicio”.
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