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Evitan trasladar al candidato demandas hechas a Vidal durante años. Entienden que el cambio de signo político traerá soluciones. Guiño, mientras esperan definiciones sobre el Gabinete.
Por 12/09/2019 18:30

Un acuerdo tácito atraviesa el comité de campaña del Frente de Todos en Buenos Aires y los jefes comunales del peronismo. En post de proteger los resultados alcanzados en las PASO y evitar poner piedras en el camino hacia la asunción de Axel Kicillof al frente de la administración provincial, los intendentes del PJ freezaron el paquete de reclamos que a lo largo de los últimos años le vienen haciendo a la gobernadora María Eugenia Vidal. Abrazan la idea que el arribo de soluciones está atado al cambio de modelo económico.

En una barrida de consultas hecha por Letra P, los jefes comunales enrolados en el Frente de Todos evitaron dar cuenta de las demandas o inquietudes que, eventualmente, podrían trasladarle al futuro gobernador. “Él conoce cada caso y ha hecho un diagnóstico del estado de la provincia y los municipios”, se limitó a responder un jefe comunal del interior y pateó el repaso de esas cuestiones para después de las elecciones.

“Todavía no se ganó nada. De suceder, lo primero que hay que hacer es reactivar la matriz productiva”, señaló otro mandatario, en línea con el coucheo que este miércoles recibió del candidato provincial durante el encuentro con el Consejo del Partido Justicialista, en el que el ex ministro trazó un duro balance de la situación económica del país para explicar la victoria arrolladora del Frente de Todos y cómo un cambio de política ayudaría a saltar la crisis. Durante esa reunión, el candidato instó a la tropa justicialista a continuar con la campaña al ritmo de la pre PASO y evitar el sentimiento triunfalista.

 

 

A tono con ese mensaje y aferrándose a los 17 puntos de ventaja que los ubica en la conducción provincial desde el próximo 10 de diciembre, los intendentes anestesiaron los reclamos que, en su rol de protagonistas opositores, levantaron contra la gestión vidalista, hoy en retirada. Nada puede interponerse entre el triunfo de las PASO y la ronda electoral de octubre. La mesura, la cautela y el acompañamiento deben primar en este momento político.

Además, más allá de algún reclamo puntual, entienden que cualquier inquietud quedará subsanada con el cambio de modelo económico y de política pública que, eventualmente, vendrían a aplicar los Fernández a nivel nacional y Kicillof en el ámbito provincial. Sostienen que sus candidatos han escuchado sus reclamos y responderán con acciones a las necesidades planteadas a lo largo de los últimos cuatro años. Esa idea, de todos modos, no desarticula los listados de pedidos que comenzarán a circular un día después de la elección.

EXIGENCIAS. A principio de mayo, un día después del Día del Trabajador, un grupo de intendentes viajó a La Plata a entregarle una carta a la gobernadora Vidal, en la que le solicitaban una audiencia y le exigían que destinara más fondos a los municipios ante la crisis económica.

“Hemos sido recortados en el ingreso de fondos, en diferentes aspectos como lo que fue el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que se sacó; el Fondo de Seguridad; modificaciones en la redistribución del Fondo Educativo; el Fondo de Coparticipación. Muchos municipios tenemos muchas más responsabilidades”, indicaron en aquel momento.

 

 

Más allá de los reclamos previos, la antesala a ese petitorio comenzó a principios de 2018. Tras el receso estival, en el medio de cruces internos entre distintos sectores del peronismo bonaerense, un importante grupo de jefes comunales se puso al frente del pedido de revisión de algunas leyes motorizadas por la gestión Cambiemos, como el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal que obligó a los municipios a adherir a la normativa para recibir asistencia financiera.

En aquel momento, varios jefes comunales –entre otros la matancera Verónica Magario, compañera de fórmula de Kicillof- denunciaron sometimiento hacia el gobierno central y un grupo propuso una agenda de temas como condición a la adhesión a esa ley.

El listado incluía que se restituyera el Fondo de Seguridad y el Fondo de Infraestructura Municipal -programa creado en 2015 y aplicado en los presupuestos 2016 y 2017, pero desestimado en el proyecto de 2018- que descentralizaba recursos de forma directa a las 135 comunas a través del sistema de coparticipación municipal.

Además, también se planteaba modificar la ley 10.559 elevando el monto coparticipable de 16,14 a 19, atendiendo a los nuevos roles asignados al municipio, y participar en los parámetros de modificación del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

En septiembre del año pasado, además, los intendentes peronistas bonaerenses participaron de una presentación judicial con otros mandatarios de distintas provincial con la intención de que el Gobierno nacional dé marcha atrás a la decisión de eliminar el Fondo Federal Solidario. El conocido como “fondo sojero” transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. Creado en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se distribuía con los coeficientes de la Ley de Coparticipación.

“La eliminación arbitraria y abrupta del Fondo Federal Solidario por parte del gobierno nacional representa un recorte de más de 570 millones de pesos que afectan directamente a miles de familias en una provincia que atraviesa gravísimos problemas en materia de educación, salud y seguridad”, sostuvieron en un comunicado del PJ bonaerense los intendentes.

 

 

Tras el reclamo y para mitigar el impacto del recorte, el Gobierno creó un programa para compensar la pérdida y atender la situación de los distritos que se encontraban ejecutando obras con financiamiento del Fondo Federal Solidario -conocido como Fondo Sojero-, sin prever en su presupuesto vigente las partidas necesarias para afrontar los gastos que las mismas conllevan.

Hace algunas semanas, en simultáneo al pedido de que se declare la emergencia alimentaria, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, señaló a Letra P que había hecho una presentación judicial en contra del Gobierno nacional por el impacto fiscal negativo que representaba en su municipio la quita, vía decreto “y de manera inconsulta”, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a ciertos productos alimenticios y la baja del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias, medidas dispuestas por el presidente Mauricio Macri tras la derrota en las PASO. El jefe comunal denunció que esa eliminación afectaba los recursos que su municipio recibe vía coparticipación.

En sus últimas intervenciones, Kicillof y el candidato presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, no sólo han hecho hincapié en la crítica situación económica que atraviesa el país sino en las dificultades que atravesarán sus eventuales gobiernos como coletazo del escenario actual. El discurso no sólo traza un diagnóstico sino un mapa de acciones inmediatas tendientes a atender lo urgente.

Con este cuadro de situación, la posibilidad de avanzar en una agenda de demanda conjunta no sólo será dificultosa, sino también inoportuna.