El intendente de Villa Gesell, el peronista Gustavo Barrera, presentó una demanda judicial contra el Gobierno nacional por el impacto fiscal negativo que representa en su municipio la quita, vía decreto “y de manera inconsulta”, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a ciertos productos alimenticios y la baja del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias, medidas dispuestas por el presidente Mauricio Macri tras la derrota en las PASO. El jefe comunal denuncia que esa eliminación afecta los recursos que su municipio recibe vía coparticipación.
La presentación de Barrera va en sintonía con la postura de un grupo de gobernadores que resiste las medidas aplicadas por la administración central en medio de la crisis. La semana pasada, representantes legales de 13 mandatarios presentaron recursos ante la Corte Suprema para que queden sin efecto los decretos que determinaron la eliminación del IVA en alimentos, la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, la rebaja de aportes y el congelamiento del precio de los combustibles. Los recursos fueron impulsados por gobernadores peronistas y otros opositores al Gobierno nacional.
En esa línea, este martes por la mañana Barrera presentó una demanda judicial contra el gobierno que encabeza Macri. En diálogo con Letra P, indicó que las medidas anunciadas por el Presidente significan “una quita de seis millones de pesos que les corresponden a los geselinos por ley”. La queja surgió porque parte de la recaudación por esos tributos nacionales son coparticipable a las provincias y a los municipios.
“Es mi obligación defender los derechos que nos corresponden por la coparticipación”, dijo el intendente. Y apuntó contra el presidente Macri, quien “modificó por decreto y de manera inconsulta” los impuestos.
Además, Barrera cuestionó que la gobernadora María Eugenia Vidal no se haya sumado a la presentación hecha por sus pares. “Es lamentable que Vidal no se haya puesto al frente del reclamo judicial que iniciaron los gobernadores de todo el país. Su actitud demuestra desinterés por las necesidades de los bonaerenses”, criticó.
Consultado, el jefe comunal no descartó que su amparo sea acompañado por otros representantes municipales. “Varios ya me han preguntado y podría haber nuevas denuncias”, indicó, camino a la presentación de una carta a la gobernadora en la que los intendentes del peronismo le exigirán que se declare la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires.
En la acción de amparo presentada, el intendente pide que “se declare la inconstitucionalidad de los decretos 561/19 (B.O. 15/8/2019) y 567/19 (B.O. 16/08/19) y la nulidad absoluta de todos los actos administrativos que se hubieren dictado en consecuencia de aquellos” y que hasta la “sentencia definitiva” se ordene “la inmediata suspensión de los efectos de los citados reglamentos, y/o de cualquier otro instrumento similar que durante el transcurso del proceso, directa y/o indirectamente, prolongue, reemplace o altere, de manera negativa, los recursos que en concepto de coparticipación de Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado le corresponde percibir a nuestra representada”.
Además, reclama que “se condene al Estado Nacional a restituir todas las sumas que deje de percibir desde el dictado de las normas inconstitucionales e inválidas aquí impugnada más sus intereses” por derivación de las “medidas implementadas en los decretos impugnados, en tanto aparejan una reducción en la recaudación de impuestos coparticipables que redunda en la disminución de la masa coparticipable”.
