El texto afirma que “en el segundo trimestre de 2018 se presentaron nuevas circunstancias en el contexto internacional” (pasaron cosas), por lo que establece modificaciones en el cobro del impuesto a las Ganancias, pone en suspenso algunos puntos acordados en 2017 y ratifica transferencias de subsidios a los presupuestos provinciales. El proyecto también abre la puerta a aumentar el gravamen sobre bienes personales y a crear nuevas tasas sobre el patrimonio, y anticipa que no aumentará el porcentaje de desgravación de Ganancias vía impuesto al cheque.
En cambio, el borrador no hace referencia al aumento de la tasa de ingresos brutos, que había sido unificada a la baja el año pasado, aspecto que fue objeto de reclamos de gobernadores en las últimas semanas, ni tampoco da marcha atrás sobre la eliminación del “fondo sojero”, medida que rige desde agosto y provocó daño en las finanzas de los municipios.
A continuación, los principales puntos del documento que circula por los despachos de los gobiernos provinciales:
-Los gobiernos de María Eugenia Vidal y el de Horacio Rodríguez Larreta deberán hacerse cargo de la regulación de Edenor y Edesur (hoy prácticamente sin subsidio) y de la tarifa social de Aysa (agua y cloacas). A su vez, como el resto de las provincias, Buenos Aires y la Ciudad tendrán que financiar y administrar los descuentos en electricidad para los hogares con menos ingresos.
-Los citados gobernantes del PRO asumirán también el mayor peso de la transferencia a las provincias de los subsidios para el transporte colectivo. “Fue una revancha del PJ para afectarlos a ambos”, dijo una voz de un Gobierno provincial a medio camino entre los “irracionales” y los “racionales”. “No sólo de los gobernadores peronistas, también de radicales, que tienen lo suyo”, agregó una fuente de otra provincia.
-Algunos gobernadores siguen cuestionando los fondos extra que recibió la provincia de Buenos Aires en el presupuesto de este año (que debería alcanzar 65.000 millones en 2019, más la actualización por inflación) producto del Consenso Fiscal 2017, giro que el gobierno de Vidal explica como apenas una compensación parcial por la licuación del Fondo del Conurbano y la subrepresentación del distrito en la coparticipación federal.
-En cualquier caso, el acuerdo del año pasado también se tradujo en compensaciones directas y financiación para el resto de los distritos, elemento que es explicado por fuentes provinciales y nacionales como una jugada que costó caro al gobierno de Mauricio Macri en términos de capacidad de negociación con los gobernadores en circunstancias como la actual.
-“Se contempla además presentar en el Congreso nacional un proyecto de ley por el que se aumente la alícuota del impuesto sobre los bienes personales”, reza el borrador. El proyecto, de por sí vago, no especifica si la modificación pesará sobre activos en el exterior (muchos de ellos blanqueados en 2016) o todos, pero de por sí, implica modificar el acuerdo alcanzado el año pasado. También suspende hasta 2021 la prohibición de crear nuevos impuestos sobre el patrimonio que había sido acordada en noviembre pasado.
-Las hojas estipulan la eliminación de exenciones del impuesto a las Ganancias que benefician a empleados públicos y funcionarios en algunas provincias y municipios. Además de ese beneficio general, ciertos distritos homologaron hace años el beneficio del que gozan los empleados judiciales a funcionarios e organismos de control y tribunales de cuentas, que el acuerdo también propone derogar. También deberían tributar los componentes exceptuados de viáticos, protocolo y compensaciones que forman parte del salario de empleados públicos y funcionarios provinciales.
-El fin de la exención del impuesto a las Ganancias también alcanzaría a las cooperativas y mutuales de crédito y seguros, algunas de las cuales, de hecho, son entidades lucrativas como cualquier entidad financiera y operan bajo una pantalla con nombre amigable.
-Pospone por un año los objetivos fijados en 2017 en cuanto al impuesto a los sellos sello sobre la compra-venta de bienes. El acuerdo de noviembre pasado establecía un techo de 0,75% para el gravamen, con el objetivo de su eliminación hacia 2022.
-Relaja para 2019 el objetivo de la ley de Responsabilidad Fiscal que prevé que el aumento del gasto público provincial no puede superar a la inflación para aquellos distritos que deban asumir nuevas obligaciones (transporte, tarifa social) o para aquéllas que hubieran ahorrado este año.
-El gobierno nacional transferirá mensualmente la doceava parte del déficit de las cajas previsionales no transferidas a la Nación.
RACIONALES, RACIONALIZADOS E IRRACIONALES. La expectativa del oficialismo es que al menos veinte provincias adhieran al documento, que en parte sería vinculante y requeriría la aprobación por las cámaras legislativas locales, y en otra funcionará como señal al Congreso para debatir los términos del Presupuesto 2019, a ser debatido desde esta semana.
Por lo pronto, la Casa Rosada ya logró el jueves pasado que el más oficialista de los gobernadores peronistas, el salteño Juan Manuel Urtubey, estampara su firma.
Le siguió el viernes otro “racionalizado” a la fuerza, el chaqueño Domingo Peppo, al mando de una de las provincias con sus cuentas más en rojo. El acting de la firma en un despacho del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sirvió también para que Peppo renovara el préstamo por 3.000 millones de pesos del denominado fondo fiduciario, que le sirve a Chaco para pagar los sueldos.
Un gobernador semioficialista y un opositor sin oxígeno saben a poco para mostrar adhesión a un consenso que es requerido por el FMI y traders internacionales ávidos de señales como quien ya olió sangre. La intención de la Casa Rosada no es una photo-op con los gobernadores, ocasión que ya se vio frustrada la semana pasada y, en un reintento, podría dejar expuestas ausencias (quizás media docena).
Se supone que en los próximos días, más mandatarios estamparán su firma en actos discretos. Si los ausentes se limitan a los “irracionales” de San Luis, La Pampa y Santa Cruz, el Gobierno estima que habrá dado un paso hacia el objetivo de déficit cero en 2019 y superávit primario de un punto del PBI en 2020.
Hay una zona intermedia de gobernadores que dejaron trascender en las últimas semanas una distancia con la Casa Rosada inédita desde la asunción de Macri. Por un lado, protestaron por la abrupta interrupción en agosto del “fondo sojero” dispuesto por Cristina Fernández de Kirchner en 2008, que establecía una coparticipación automática del 30 por ciento de las retenciones a la soja. La medida dejó a municipios con obras a medio terminar, que acaso eran las únicas que sus intendentes podían exhibir en este año recesivo.
Además, algunos gobernantes, incluso aliados de Macri, cuestionaron como carente de toda racionalidad y sensibilidad la amenaza de dar de baja la duplicidad de las asignaciones universales por hijo para provincias del Norte y la Patagonia, extremo que, en este contexto, podría resultar devastador para muchas familias.
De ese grupo, el chubutense Mario Arcioni, tan compelido como Peppo, se sacará una foto con Frigerio el miércoles.
