X

Matarás al abuelito

Dispuesto a inmolarse en el dogma del ajuste, el Gobierno trabaja en las sombras en un proyecto para profundizar el modelo. Suba de edad jubilatoria y nueva fórmula. El expertise del Obispo reciclado.
Por 25/08/2018 13:50

Es el ajuste mayor que a Mauricio Macri le encantaría dejar como herencia. El tema prohibido para mencionar en campaña y el que está sobre la mesa como tentación permanente, aunque no se pueda decir. Cuando la crisis se acelera, el financiamiento externo se agota y los recortes no alcanzan para el velatorio del gradualismo, vuelve a flamear la consigna inviable y tardía que el macrismo considera imprescindible: una reforma previsional más profunda, con suba de la edad jubilatoria y una nueva fórmula que achate todavía más la pirámide de ingresos para el ejército de pasivos y beneficiarios de la asignación universal.

En los últimos días, la cuestión dejó de ser tabú y comenzó a aparecer en boca de los altos mandos del gabinete. El primero fue Nicolás Dujovne, en “Animales Sueltos”, cuando afirmó que le piden al Gobierno que elimine las jubilaciones que dio el kirchnerismo, pero se excusó en los “límites políticos”. El segundo fue Marcos Peña, en Odisea Argentina, cuando consideró “sano” que se sepa que el causante del déficit fiscal es el sistema previsional y que hace falta financiarlo, aunque no está claro cómo. El jefe de Gabinete dijo que no está en los planes ajustar ahí y que hay consenso para mantener la cobertura, pero aportó números que sugieren lo contrario: “Tenemos que ver cómo lo cubrimos. De 100 pesos que tiene el Estado, 50 más o menos van al sistema previsional y de seguridad social, 35 a las provincias y 15 al gobierno nacional, al Tesoro. Es importante el equilibrio fiscal, porque si no lo acordamos estamos condenando a la sociedad a la deuda o a la inflación”.

 

 

En la Casa Rosada lo admiten, en línea con los planteos del Fondo. Consideran que hace falta otra reforma, mucho más audaz que la aprobada en diciembre pasado, en medio de un formidable operativo represivo. Pero, como le dijo un funcionario clave de Macri a Letra P, hoy no hay poder político suficiente y la cirugía mayor va a quedar para el próximo gobierno, que ya no se sabe cuál será.

El objetivo es desindexar las jubilaciones y asignaciones para evitar que acompañen el ritmo de la inflación y aumenten su peso en las partidas del Presupuesto. Se busca, en cambio, que queden rezagadas, como ya sucede con los sueldos de los estatales e incluso con los del sector privado. Una forma de licuación que no lleve a su extinción pero que transforme las jubilaciones en subsidios o, como prefiere presentarse, en una forma de ingreso universal para la tercera edad.

 

 

CAMBIEMOS. La historia del ajuste previsional acompaña a Cambiemos desde el momento mismo en que llegó al poder. La ley de Reparación Histórica, 27.260, que buscó resolver la avalancha de juicios de los jubilados contra el Estado, es leída hoy por casi todo el oficialismo como un paso en falso. Carlos Melconian figuró entre sus más encarnizados detractores y Mario Quintana fue señalado después -y cada vez más- como el cerebro populista que cebó al Presidente con una norma que generó un gasto desmedido. La reforma de diciembre, que marcó el inicio de los problemas para la alianza gobernante, fue borrar con el codo lo que se había escrito con la mano: una manera de dar marcha atrás con la generosidad inicial del macrismo, que tampoco resolvía el problema de manera definitiva ni garantizaba adhesiones durables ni -mucho menos- había sido reconocida por la oposición.

Con la ley de reparación, se creó también un “Consejo de Sustentabilidad”, que debía preparar en tres años un proyecto para un nuevo régimen. Postergado, el espacio existe y sumó en el último mes a un baqueano del sistema previsional: Santiago De Estrada, el abogado católico que acaba de renunciar a la Secretaría de Culto y fue funcionario en el área durante las dictaduras de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla y el gobierno de Carlos Menem, donde actuó como secretario de Seguridad Social y titular del PAMI.

 

 

La idea de una reforma que vaya a fondo se abordó, por ejemplo, en junio de 2017 en una conferencia sobre el tema en Buenos Aires, junto al Banco Mundial. En esa oportunidad, Emilio Basavilbaso y Jorge Triaca abordaron el tema a partir de un documento del organismo de crédito internacional titulado “Los años no vienen solos”. La cuestión era la misma que hoy: cómo hace un gobierno que tiene como primer mandamiento el ajuste para financiar un sistema previsional que no se cubre con los aportes de los trabajadores activos, en el marco de un proceso en el que crecen las expectativas de vida y el empleo no registrado -que resistió durante el kirchnerismo en el 34%- vuelve a subir y se consolida como una realidad permanente, a la que se suma ahora también el desempleo en el horizonte.

Aquella charla no resultó de lo más productiva. Los altos mandos del Gobierno entendieron que activar ese foco de tormenta, a meses de las elecciones, era demasiado riesgoso y ordenaron enseguida que era mejor no volver a mencionar el asunto en público. Después del triunfo de Macri a nivel nacional y Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, una versión de la reforma apurada y sin debate entró al Congreso en un diciembre caliente. La corrida al dólar, el auxilio del Fondo y el fin del gradualismo confirmaron que no alcanzó. Por eso, Dujovne y el oficialismo plantearon que el ajuste para 2019 era mayor de lo previsto, de 200.000 millones a 300.000 millones de pesos, a causa del impacto que tendrá la indexación de jubilaciones y asignaciones el año próximo.

 

 

MATAR AL ABUELITO. El “Consejo de Sustentabilidad Previsional” está trabajando en las sombras. En el Gobierno circula un blueprint que desarrollaron Basavilbaso y Dujovne, uno de los promotores de capturar recursos de donde sea y cuanto antes. Con la crisis de fondo, el cuadro es inquietante. El Gobierno intenta patear para adelante un tema que considera tan traumático en lo político como esencial para el ajuste. Una parte de la oposición que gobierna está afectada por la cuestión: los gobernadores que tienen cajas previsionales nunca transferidas a la Nación se iban a plegar a la reforma.

Según publicó El Cronista, la comisión que debe redactar el proyecto de ley no tiene todavía el aval de Triaca, que debe presidir ese cuerpo. El 18 de mayo pasado, una resolución convocó al Consejo y le dio 30 días a la Secretaría de Seguridad Social para convocar a los 25 miembros que iban a redactar el proyecto de ley. Ese plazo se cumplió a principios de julio. El temario incluye el financiamiento del sistema, la edad jubilatoria, la movilidad de las jubilaciones, los años de aportes, un nuevo régimen para los cuentapropistas, las contribuciones a realizar y -otra vez- cómo se calcula el haber inicial. Para lograr un consenso mínimo, deberían ser parte del debate gremios, empresarios, AFIP, ANSeS, administradores de las cajas previsionales provinciales, municipales y de profesionales y quizás legisladores y académicos.

El objetivo es tomar el modelo de países de Europa como Alemania y España, que aprobaron en los últimos años reformas ambiciosas en el sistema y que resuelven una situación apremiante con un modelo que la oposición considera pura ortodoxia, a la manera de las reformas neoliberales de los años noventa que en Argentina incluyeron el apogeo de las AFJP.

En el oficialismo, sostienen que se trata de otra realidad y otro modelo. El sistema de jubilación privada que acorraló al de reparto incluía un imposible: la transferencia de una parte de las cajas provinciales y la baja de aportes patronales que lo desfinanciaba. La reforma que se plantea ahora incluye términos que no parecen ir de la mano: cobertura, equidad y sustentabilidad financiera.

 

 

REFORMISMO URGENTE. Entre los especialistas que trabajaron el tema para el Gobierno también estaba Eduardo Levy Yeyati. El economista que ideó el plan Argentina 2030 sostenía que hacía falta una nueva fórmula que despegase a las jubilaciones del salario mínimo vital y móvil y las vinculase con una canasta de consumo de la tercera edad.

Para el fundador de la consultora Elypsis, la elevación gradual de la edad mínima jubilatoria debía ser complementada con un esquema de jubilaciones anticipadas y exenciones impositivas para la contratación de personas mayores con el propósito de garantizar la viabilidad futura del sistema.

Todo eso exigía, según decía en un trabajo que elaboró para Cippec en 2010, un análisis riguroso desde lo cuantitativo y un consenso social y político que eviten expectativas infundadas y costosas idas y vueltas. Lo contrario de lo que se hizo. Levy Yeyati se alejó del Gobierno, pero el tema flota en los despachos oficiales.

 

 

El plan inicial incluía modificaciones sustanciales que iban a generar un debate mayúsculo, incluso para un gobierno legitimado en las urnas y con ínfulas de refundación. Entre su declaración de propósitos, hablaba de mejorar la cobertura y la equidad, garantizar la sustentabilidad del sistema previsional y evitar “compromisos fiscales insostenibles” que llevan a retrasos e incumplimientos.

Para eso, se diseñaban cuatro pilares: la universalización de la cobertura con la creación de una asignación universal de la Tercera Edad que eliminaba las jubilaciones tal como se conocen hoy; el cambio en la movilidad para despegar a los haberes del salario mínimo vital y móvil; la reforma del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la suba de la edad mínima con jubilación anticipada y eliminación de aportes para trabajadores de la tercera edad.

Hoy el Gobierno alude en público al tema sólo para negar cambios, pero en privado admiten que es un objetivo prioritario y que sería una auxilio inestimable para una administración dispuesta a inmolarse en el ajuste y convencida de que el único camino posible es el sacrificio de las mayorías.

El problema que apremia al macrismo por supuesto lo excede. Demanda un esfuerzo mayor de consensos y un criterio de debate: quién tiene que financiar el sistema que se destacó como solidario en gran parte de su historia. Precisa cirujanos y no monos con navaja. Necesita una modificación gradual a lo largo de los años y puede caer en la desesperación de un gobierno tomado por la urgencia.