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El Gobierno se reunió con funcionarios provinciales. Se evaluó la posibilidad de adelantar la devolución de recursos previsionales como compensación al fondo sojero. Las provincias apuntan al DNU.

Dentro de tres semanas vence el plazo para que el Ejecutivo presente ante el Congreso el Presupuesto del año próximo, pero la negociación entre la Casa Rosada y las provincias continúa sin un desenlace concreto, a partir de la anulación por decreto del Fondo Federal Solidario (FoFeSo), conocido como "fondo sojero", que adelantó para este año un ajuste previsto para 2019. Esa caja, creada en 2009, financiaba con dinero proveniente de las retenciones a la soja el desarrollo de obras de infraestructura municipales.

La amputación realizada con el DNU 756/2018, durante la semana pasada, empeoró el intercambio con la Nación y podría derivar en una serie de demandas judiciales ante la Corte Suprema para exigir la restitución de esos fondos. La pelea ensombreció el objetivo de máxima de Cambiemos: aplicar un ajuste total del 1,3% del PBI para 2019. La controversia se reanudó este jueves en la Casa de Salta, durante la reunión que mantuvieron los funcionarios de las 19 provincias que no gobierna Cambiemos con el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena, y los dos encargados de la Secretaría Provincias del Ministerio del Interior: Alejandro Caldarelli y su segundo Paulino Caballero.

El nuevo tironeo de la corta frazada presupuestaria para 2019 aportó una foto política compleja, mucho más cargada de los desacuerdos que la Casa Rosada se muestra dispuesta a ventilar. Las provincias pidieron equilibrar el tijeretazo con una suspensión en la aplicación del Consenso Fiscal, con el fin de frenar la disminución progresiva de los impuestos locales, como los Ingresos Brutos. En su lugar los negociadores federales se negaron, pero a la vez abrieron la puerta para salir del último atolladero.

 

 

Fuentes oficiales confiaron que podrían acordar una “compensación” para mitigar la anulación del fondo sojero para este año, con el aumento de “un punto” en la devolución que realiza la Anses, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Se trata de la restitución a las provincias del 15% de la Coparticipación federal que la Nación les retenía desde 1992 para financiar el sistema jubilatorio y que la Corte Suprema declaró inconstitucional dos días después del ballotage del 22 de noviembre de 2015.

El fallo benefició inicialmente a las provincias querellantes: Córdoba, Santa Fe y San Luis, pero luego originó un acuerdo con los demás distritos para ordenar una restitución progresiva de tres puntos por año y otros seis puntos mediante un préstamo de la Anses. En las administraciones provinciales sostienen que se trató de una propuesta de la Nación, mientras que en la Casa Rosada aseguran que fue al contrario. A pesar de esa divergencia, este medio pudo saber que la alquimia en marcha incluiría “un punto” adicional al 6%, más giros de fondos en efectivo y un bono compensador que permitiría restituir una cifra cercana a los 8.000 o 9.000 millones de pesos: la cifra que las provincias perdieron a partir de la eliminación anticipada del FoFeSo para este año.

Sin embargo, luego de negarse a tocar el Consenso Fiscal, el Ejecutivo buscó refrendarlo con las fotos que se sacaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey y de Chaco, Domingo Peppo, para firmar "la compensación de deuda" que tenían ambas provincias "con el Tesoro Nacional a cambio del bono del Consenso Fiscal". 

 

 

POSIBLE TORMENTA JUDICIAL. Mientras los ministros provinciales negociaban en la Casa de Salta con Caldarelli, Pena y Caballero, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) los fiscales de Estado de 17 provincias se reunieron para “intercambiar información e ideas” ante la anulación del fondo sojero. La reunión comenzó a las 11 y terminó a las 13.30. Los presentes mantuvieron línea directa con los funcionarios locales que estaban debatiendo con la Nación. Según le confirmó a Letra P uno de los fiscales que participaron del encuentro, tanto Tucumán como Santa Cruz anunciaron que tienen definida su postura e impugnarán el DNU que firmó Macri la semana pasada, mediante la presentación de un amparo o una acción de inconstitucionalidad. El resto estudia argumentos jurídicos y espera "instrucciones de los gobernadores", que exploran la compensación del Ejecutivo. 

Los fiscales consideran que sobran argumentos jurídicos para impugnar ese decreto, porque el fondo sojero fue incorporado al Consenso Fiscal y por lo tanto pasó a ser un “derecho intrafederal o federalismo de concertación”, confió a Letra P una alta fuente judicial. También porque la Constitución Nacional veda el dictado de decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, penal o de régimen de partidos políticos. Dos razones que dentro de la Casa Rosada prefieren eludir, aunque si no hay una salida política para la amputación del fondo sojero, el diseño del presupuesto podría quedar cruzado por una nueva tormenta de amparos ante la Corte, el tribunal que entiende en controversias entre la Nación y las provincias.

En ese contexto de posible escalada judicial, los ministros provinciales negociaban con los representantes de Interior y Hacienda, bajo el monitoreo de los intendentes de todo el país, que el miércoles llevaron sus quejas a la reunión conjunta que organizaron las comisiones de Obras Públicas y Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, que presiden Juan José Bahillo y Eduardo "Bali" Bucca, respectivamente. 

En ese encuentro, del que participaron unos 50 jefes comunales de distintas provincias, los diputados de todo el espectro del peronismo plantearon las posibles respuestas parlamentarias a la decisión nacional: sancionar una ley que derogue el decreto o bien derogar el DNU de Macri mediante el rechazo en la Bicameral de Trámite Legislativo y la posterior ratificación en ambas Cámaras del Congreso, donde la oposición - unida- tiene mayoría.

 

 

UNIDOS POR EL FOFESO. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, fue quien planteó que, a su juicio, el mejor camino sería anular el DNU en el Congreso. "Si hacemos una ley, la pueden vetar. Si rechazamos el DNU en la Bicameral y en ambas Cámaras, se cae", dijo.

En diálogo con Letra P, el presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, coincidió en el diagnóstico y aportó señales respecto a una posible unificación de la estrategia del peronismo al respecto. "Lo más concreto es rechazar el DNU en la Bicameral y luego en el recinto", anticipó.

En paralelo, tanto Kosiner como el diputado del Frente para la Victoria y ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, presentaron proyectos de resolución para derogar el decreto. Pero el camino de una ley se presenta a priori como más complejo no solo por la posibilidad del veto, sino porque por su naturaleza el proyecto deberá pasar por la Comisión de Presupuesto, que domina Cambiemos, por lo que a la oposición le resultaría casi imposible conseguir dictamen. 

 

 

LA EVALUACIÓN DE CAMBIEMOS. Luego del round de los tres funcionarios nacionales con los encargados financieros provinciales, hubo una segunda cita con los ministros de Hacienda de los gobernadores de Cambiemos, que responden al porteño Horacio Rodríguez Larreta, a la bonaerense María Eugenia Vidal, al mendocino Alfredo Cornejo, al jujeño Gerardo Morales y al correntino Gustavo Valdés. Luego de ambos encuentros la lectura oficial no se condice con las críticas distritales que, en algunos casos, ya anticipan controversias judiciales.

 

 

“Todavía nos falta un camino por recorrer, pero somos optimistas: ya tenemos acuerdos sobre el 80% de los 100.000 millones que las provincias deberán ajustar el año que viene”, confió a Letra P uno de los participantes de la reunión, en referencia al primer pantallazo sobre la obra gruesa del recorte. De los 300.000 millones para ajustar en 2019, la Nación abrió la negociación con una oferta: hacerse cargo de 200.000 millones, y negociar el reparto de los 100.000 restantes con las 24 provincias, aunque en el medio, anuló el fondo sojero por DNU.

Tras la reunión de este jueves, los negociadores del Gobierno arrojaron un poroteo inicial. “Ya quitamos 26.000 millones con la anulación del fondo sojero y además recortamos 45.000 millones en subsidios al transporte público. Con eso ya tenemos 71.000 millones de ajuste, es decir, el 70% del total”, detalló con optimismo una alta fuente de Hacienda. “Sólo restan recortar 20.000 millones de pesos”, resumió la fuente, como si se tratara de una cifra menor.

En rigor, a esa cuenta le faltan 10.000 millones de pesos de ajuste, una cifra que dentro de la cartera de Interior adjudicaron a “aumentos en la recaudación y licuación del gasto por la inflación”. Las argumentaciones al respecto, por ahora no fueron convincentes debido a la ausencia de cifras concretas sobre la composición de esos 10.000 millones de pesos que dentro de la Casa Rosada ya cuentan dentro del bolsillo.

Debajo de esas expresiones de optimismo palaciego, los funcionarios de Nación le negaron a las provincias la posibilidad de echar mano a sus impuestos locales, aunque también descartaron la posibilidad de recortarles el 5% de la coparticipación federal del IVA. Otra propuesta que hicieron las provincias, y que terminó obturada por decisión de Hacienda, fue la utilización de los Aportes del Tesoro Nacional, compuesta por más de 40.000 millones de pesos pertenecientes a los estados provinciales, pero de los cuales puede disponer la Nación en situaciones de emergencia.

El próximo round está previsto para el martes de la semana que viene, en una localidad a definir, aunque la letra chica de la negociación, más allá del optimismo oficial, sigue varada en un conflicto por obras públicas que podría llegar a la Corte o estallar dentro del mismo recinto donde el oficialismo apuesta a sancionar el presupuesto 2019.

Se tensa la negociación por el Presupuesto y exploran usar fondos de la Anses

El Gobierno se reunió con funcionarios provinciales. Se evaluó la posibilidad de adelantar la devolución de recursos previsionales como compensación al fondo sojero. Las provincias apuntan al DNU.

Dentro de tres semanas vence el plazo para que el Ejecutivo presente ante el Congreso el Presupuesto del año próximo, pero la negociación entre la Casa Rosada y las provincias continúa sin un desenlace concreto, a partir de la anulación por decreto del Fondo Federal Solidario (FoFeSo), conocido como "fondo sojero", que adelantó para este año un ajuste previsto para 2019. Esa caja, creada en 2009, financiaba con dinero proveniente de las retenciones a la soja el desarrollo de obras de infraestructura municipales.

La amputación realizada con el DNU 756/2018, durante la semana pasada, empeoró el intercambio con la Nación y podría derivar en una serie de demandas judiciales ante la Corte Suprema para exigir la restitución de esos fondos. La pelea ensombreció el objetivo de máxima de Cambiemos: aplicar un ajuste total del 1,3% del PBI para 2019. La controversia se reanudó este jueves en la Casa de Salta, durante la reunión que mantuvieron los funcionarios de las 19 provincias que no gobierna Cambiemos con el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena, y los dos encargados de la Secretaría Provincias del Ministerio del Interior: Alejandro Caldarelli y su segundo Paulino Caballero.

El nuevo tironeo de la corta frazada presupuestaria para 2019 aportó una foto política compleja, mucho más cargada de los desacuerdos que la Casa Rosada se muestra dispuesta a ventilar. Las provincias pidieron equilibrar el tijeretazo con una suspensión en la aplicación del Consenso Fiscal, con el fin de frenar la disminución progresiva de los impuestos locales, como los Ingresos Brutos. En su lugar los negociadores federales se negaron, pero a la vez abrieron la puerta para salir del último atolladero.

 

 

Fuentes oficiales confiaron que podrían acordar una “compensación” para mitigar la anulación del fondo sojero para este año, con el aumento de “un punto” en la devolución que realiza la Anses, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Se trata de la restitución a las provincias del 15% de la Coparticipación federal que la Nación les retenía desde 1992 para financiar el sistema jubilatorio y que la Corte Suprema declaró inconstitucional dos días después del ballotage del 22 de noviembre de 2015.

El fallo benefició inicialmente a las provincias querellantes: Córdoba, Santa Fe y San Luis, pero luego originó un acuerdo con los demás distritos para ordenar una restitución progresiva de tres puntos por año y otros seis puntos mediante un préstamo de la Anses. En las administraciones provinciales sostienen que se trató de una propuesta de la Nación, mientras que en la Casa Rosada aseguran que fue al contrario. A pesar de esa divergencia, este medio pudo saber que la alquimia en marcha incluiría “un punto” adicional al 6%, más giros de fondos en efectivo y un bono compensador que permitiría restituir una cifra cercana a los 8.000 o 9.000 millones de pesos: la cifra que las provincias perdieron a partir de la eliminación anticipada del FoFeSo para este año.

Sin embargo, luego de negarse a tocar el Consenso Fiscal, el Ejecutivo buscó refrendarlo con las fotos que se sacaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey y de Chaco, Domingo Peppo, para firmar "la compensación de deuda" que tenían ambas provincias "con el Tesoro Nacional a cambio del bono del Consenso Fiscal". 

 

 

POSIBLE TORMENTA JUDICIAL. Mientras los ministros provinciales negociaban en la Casa de Salta con Caldarelli, Pena y Caballero, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) los fiscales de Estado de 17 provincias se reunieron para “intercambiar información e ideas” ante la anulación del fondo sojero. La reunión comenzó a las 11 y terminó a las 13.30. Los presentes mantuvieron línea directa con los funcionarios locales que estaban debatiendo con la Nación. Según le confirmó a Letra P uno de los fiscales que participaron del encuentro, tanto Tucumán como Santa Cruz anunciaron que tienen definida su postura e impugnarán el DNU que firmó Macri la semana pasada, mediante la presentación de un amparo o una acción de inconstitucionalidad. El resto estudia argumentos jurídicos y espera "instrucciones de los gobernadores", que exploran la compensación del Ejecutivo. 

Los fiscales consideran que sobran argumentos jurídicos para impugnar ese decreto, porque el fondo sojero fue incorporado al Consenso Fiscal y por lo tanto pasó a ser un “derecho intrafederal o federalismo de concertación”, confió a Letra P una alta fuente judicial. También porque la Constitución Nacional veda el dictado de decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, penal o de régimen de partidos políticos. Dos razones que dentro de la Casa Rosada prefieren eludir, aunque si no hay una salida política para la amputación del fondo sojero, el diseño del presupuesto podría quedar cruzado por una nueva tormenta de amparos ante la Corte, el tribunal que entiende en controversias entre la Nación y las provincias.

En ese contexto de posible escalada judicial, los ministros provinciales negociaban con los representantes de Interior y Hacienda, bajo el monitoreo de los intendentes de todo el país, que el miércoles llevaron sus quejas a la reunión conjunta que organizaron las comisiones de Obras Públicas y Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, que presiden Juan José Bahillo y Eduardo "Bali" Bucca, respectivamente. 

En ese encuentro, del que participaron unos 50 jefes comunales de distintas provincias, los diputados de todo el espectro del peronismo plantearon las posibles respuestas parlamentarias a la decisión nacional: sancionar una ley que derogue el decreto o bien derogar el DNU de Macri mediante el rechazo en la Bicameral de Trámite Legislativo y la posterior ratificación en ambas Cámaras del Congreso, donde la oposición - unida- tiene mayoría.

 

 

UNIDOS POR EL FOFESO. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, fue quien planteó que, a su juicio, el mejor camino sería anular el DNU en el Congreso. "Si hacemos una ley, la pueden vetar. Si rechazamos el DNU en la Bicameral y en ambas Cámaras, se cae", dijo.

En diálogo con Letra P, el presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, coincidió en el diagnóstico y aportó señales respecto a una posible unificación de la estrategia del peronismo al respecto. "Lo más concreto es rechazar el DNU en la Bicameral y luego en el recinto", anticipó.

En paralelo, tanto Kosiner como el diputado del Frente para la Victoria y ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, presentaron proyectos de resolución para derogar el decreto. Pero el camino de una ley se presenta a priori como más complejo no solo por la posibilidad del veto, sino porque por su naturaleza el proyecto deberá pasar por la Comisión de Presupuesto, que domina Cambiemos, por lo que a la oposición le resultaría casi imposible conseguir dictamen. 

 

 

LA EVALUACIÓN DE CAMBIEMOS. Luego del round de los tres funcionarios nacionales con los encargados financieros provinciales, hubo una segunda cita con los ministros de Hacienda de los gobernadores de Cambiemos, que responden al porteño Horacio Rodríguez Larreta, a la bonaerense María Eugenia Vidal, al mendocino Alfredo Cornejo, al jujeño Gerardo Morales y al correntino Gustavo Valdés. Luego de ambos encuentros la lectura oficial no se condice con las críticas distritales que, en algunos casos, ya anticipan controversias judiciales.

 

 

“Todavía nos falta un camino por recorrer, pero somos optimistas: ya tenemos acuerdos sobre el 80% de los 100.000 millones que las provincias deberán ajustar el año que viene”, confió a Letra P uno de los participantes de la reunión, en referencia al primer pantallazo sobre la obra gruesa del recorte. De los 300.000 millones para ajustar en 2019, la Nación abrió la negociación con una oferta: hacerse cargo de 200.000 millones, y negociar el reparto de los 100.000 restantes con las 24 provincias, aunque en el medio, anuló el fondo sojero por DNU.

Tras la reunión de este jueves, los negociadores del Gobierno arrojaron un poroteo inicial. “Ya quitamos 26.000 millones con la anulación del fondo sojero y además recortamos 45.000 millones en subsidios al transporte público. Con eso ya tenemos 71.000 millones de ajuste, es decir, el 70% del total”, detalló con optimismo una alta fuente de Hacienda. “Sólo restan recortar 20.000 millones de pesos”, resumió la fuente, como si se tratara de una cifra menor.

En rigor, a esa cuenta le faltan 10.000 millones de pesos de ajuste, una cifra que dentro de la cartera de Interior adjudicaron a “aumentos en la recaudación y licuación del gasto por la inflación”. Las argumentaciones al respecto, por ahora no fueron convincentes debido a la ausencia de cifras concretas sobre la composición de esos 10.000 millones de pesos que dentro de la Casa Rosada ya cuentan dentro del bolsillo.

Debajo de esas expresiones de optimismo palaciego, los funcionarios de Nación le negaron a las provincias la posibilidad de echar mano a sus impuestos locales, aunque también descartaron la posibilidad de recortarles el 5% de la coparticipación federal del IVA. Otra propuesta que hicieron las provincias, y que terminó obturada por decisión de Hacienda, fue la utilización de los Aportes del Tesoro Nacional, compuesta por más de 40.000 millones de pesos pertenecientes a los estados provinciales, pero de los cuales puede disponer la Nación en situaciones de emergencia.

El próximo round está previsto para el martes de la semana que viene, en una localidad a definir, aunque la letra chica de la negociación, más allá del optimismo oficial, sigue varada en un conflicto por obras públicas que podría llegar a la Corte o estallar dentro del mismo recinto donde el oficialismo apuesta a sancionar el presupuesto 2019.